Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021
La incorporación de Juan Pari Choquecota en el equipo técnico de plan de gobierno de Pedro Castillo es un valioso aporte y una clara señal de que la lucha contra la corrupción irá en serio.
El ingeniero y economista tacneño Juan Pari Choquecota, de orígen aymara, es una de esas especies raras de honestidad y honorabilidad que deja huella cuando pasa por la política.
Pari presidió la Comisión Lava Jato que investigó la corrupción perpetrada por las empresas brasileñas en el Perú, y enfrentó a las fuerzas oscuras del mal que hicieron todo lo posible por bloquear su labor.
Mauricio Mulder (Apra) y Karina Beteta (Fuerza Popular), miembros de la comisión, elaboraron informes paralelos a fin de evitar que el informe Pari se debata en una sesión plenaria del Congreso.
Juan Pari envió su investigación al Ministerio Público con su firma en solitario el 12 de julio de 2016.
Una trayectoria ejemplar
De manera resuelta y sin temor Juan Pari Choquecota denunció la complicidad de los congresistas de diversas bancadas que evadieron cumplir su rol de control político y se dedicaron más bien a blindar todas las concesiones que obtuvo la constructora Odebrecht en Perú.
“En la trama de corrupción de Odebrecht hubo quienes permitían las concesiones tramposas y otros que las encubrían y blindaban de cualquier tipo de investigación», dijo Pari a la Agencia Andina (1).
Refirió que durante el periodo 2006 – 2011 y 2011 – 2016, informes de distintos grupos de trabajo, en especial de la Comisión de Fiscalización, concluyeron que todos los actos de Odebrecht y las concesiones que se le otorgaron eran correctas y no tenían irregularidades.
Mencionó, por ejemplo, en el caso de la carretera Interoceánica, un informe de la Comisión de Fiscalización del 2006, presidida entonces por el congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra), que concluyó que las observaciones de la Contraloría no tenían mayor importancia.
Citó también el informe de la Comisión Serna, que investigó los presuntos
actos de corrupción en el gobierno de Alejandro Toledo y en el cual se evidenciaron serios indicios de corrupción en relación a la Interoceánica, razón por la cual se recomendó denunciar penal y constitucionalmente a funcionarios encargados de suscribir la concesión y la adenda.
Sin embargo, por un acuerdo del Consejo Directivo, durante la presidencia en el Congreso de Luis Alva Castro, se acordó archivar el informe, lo cual imposibilitó su debate en el pleno del Congreso.
“Lo mismo ocurrió con un informe de setiembre de 2008, que fue presentado por Juan Carlos Eguren (Unidad Nacional), Aurelio Pastor (Apra) y Juvenal Silva (Partido Nacionalista), congresistas de partidos diferentes que en sus conclusiones blindaban todo el proceso de la Interoceánica”, recordó.
Pari sostuvo que durante su labor como presidente de la Comisión Lava Jato percibió también el interés “claro y concertado” de bloquear el funcionamiento de este grupo de trabajo.
La comisión presidida por Pari se instaló en noviembre de 2015 y concluyó su trabajo en junio del 2016. El informe de 650 páginas se aprobó solo con la firma del propio presidente y si bien fue incluido en la agenda del Pleno, nunca llegó a debatirse.
Las alarmas vinieron de afuera
Una de las lamentaciones expresadas por Juan Pari en un conversatorio organizado por la Fundación Friedrich Ebert fue que «las alarmas de la corrupción sonaron desde afuera”.
“Los peruanos hubiésemos querido que las alarmas sonaran en nuestro país. Que nuestros sistemas de control funcionaran en nuestro país (…) Pero, no fue así», dijo.
Juan Pari es autor del libro Estado Corrupto: Los mega proyectos del caso Lava Jato en Perú en el que comparte sus apreciaciones sobre los mecanismos de captura y el poder político de las empresas corruptas.
En aquella ocasión Pari criticó duramente a los partidos políticos por que no tienen compromisos con la población, carecen de estructura orgánica y no cuentan con gente comprometida.
«Tenemos un sistema político donde vale para que los partidos políticos tengan legalidad y adherencia. No el compromiso político del país», afirmó.
De llegar Pedro Castillo al gobierno Juan Pari tendrá la oportunidad de jugar a favor del país y hacer realidad la lucha contra la corrupción.
Estrategia por la equidad y justicia fiscal
Un análisis reciente realizado por el portal Sudaca da luces sobre el ‘Plan Pari’ que se aplicaría en el gobierno de Pedro Castillo para reestructurar la Sunat y cobrar más a las grandes empresas.
El portal Sudaca (1) –que accedió a un documento interno– destaca que la estrategia económica propuesta por Juan Pari enfatiza la justicia tributaria para superar la desigualdad en el cobro a pequeños y grandes contribuyentes.
Entre las medidas está la creación de impuestos a las sobreganancias, la reforma de la administración tributaria lo que conllevaría la “reestructuración” de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Entre sus objetivos está empezar a cobrar millonarias deudas tributarias que grandes empresas aún mantienen en litigio, detalla Sudaca.
Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), de septiembre de 2020, impidió que S/9.256 millones en deudas tributarias impugnadas por 158 grandes empresas del país prescriban.
Entre las que se habrían visto beneficiadas estaban, por ejemplo, Buenaventura, Antapaccay, Telefónica, Latam Airlines, Supermercados Peruanos, Unacem, Odebrecht, Southern o Interbank.
Nuevos impuestos a los más ricos
El análisis que hace el informe de Perú Libre es que “este gobierno [el de Francisco Sagasti] reconoce que la presión tributaria peruana (16.9% para el 2019) está por debajo de los estándares de América Latina (23.2%) y de la OCDE (34.3%). Se recauda aquí menos que el promedio de América Latina”.
El diagnóstico apunta su artillería contra los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a quienes tilda de defender “los intereses de los más ricos”.
Según el documento, en el informe de proyección económica llamado Marco Macroeconómico Multianual (2021−2024) elaborado por el MEF “no hay ningún cambio y ningún tributo aplicable a los estratos de mayores ingresos del país”.
“Los funcionarios del MEF, en vez de hacer lo posible para que cada uno pague en función a la riqueza, proponen aumentar los impuestos municipales y los dirigidos a profesionales y pequeños empresarios formales”. Esta situación, añade el documento, “promueve la informalidad, la elusión y la evasión [de impuestos]”.
El documento interno de Perú Libre advierte que otro de los problemas identificados es que las grandes empresas cada vez pagan menos impuestos y son los trabajadores quienes tienden a contribuir más a la recaudación tributaria.
También desmitifica el supuesto aporte tributario del sector minero. La minería no es la que aporta más.
«Son los impuestos recaudados a los servicios, a la industria no primaria y al comercio los que aportan en su conjunto el 81% frente al aporte del 7% de la minería en el año 2020”, dice el informe respaldado por datos de la Sunat.
El informe, en esa línea, propone “la eliminación de las devoluciones a sectores económicos que no generan industria ni tecnología” y la “transformación” de la estructura tributaria “hacia otra que enfatice los impuestos directos (Renta), bajo el principio de equidad y justicia fiscal”.
Notas:
FUENTE: SERVINDI
