Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2021.
Ayer escuchamos a Rodrigo Jara, ex agente de inteligencia de la policía bonaerense, contar, como si fuese un hecho pintoresco o un apartado más de un currículum, cómo se infiltraba en los piquetes y movilizaciones populares en 2006 para, según él, «elevar informes a La Plata, a la superintendencia».
Por aquel entonces, el gobernador era Felipe Solá, uno de los principales responsables políticos de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002 en la movilización al Puente Pueyrredón. En los días previos a aquella jornada, fueron infiltradas las organizaciones que participarían. En 2006 también, el 18 de septiembre, era desaparecido por segunda vez Jorge Julio López, después de declarar en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz.
No solo resulta repudiable la impunidad del relato, sino que constituye un hecho gravísimo el reconocimiento de una práctica que, además de ser ilegal, se perpetuó en hechos posteriores reconocidos y denunciados, como el Proyecto X, la infiltración del policía federal Américo Alejandro Balbuena en la Agencia Walsh, la red de espionaje durante el gobierno de Macri, Bullrich y compañía, o el ciberespionaje que continúa al día de hoy. Esos y muchos otros ejemplos ratifican que la represión es política de estado, y utiliza estos mecanismos para perseguir a quienes luchamos por nuestros derechos.
Compartimos la nota editorial de Alejandro Bercovich en su programa de radio Pasaron Cosas, donde hace un detallado repaso sobre algunos de los hechos que hemos denunciado a lo largo de estos años:
Fuente: Correpi
