Por Alejandro Palmas, Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2021
A 11 años del asesinato de Sergio y Nino, ningún responsable material o político pisó la cárcel. El caso de Rafa Nahuel va por el mismo camino. La violencia institucional goza de impunidad en Río Negro y Argentina.
El 25 de enero de 2018, Débora marchó junto a la movilización que exigía justicia a 2 meses del asesinato por la espalda de Rafita Nahuel. Llegando a la “Mitre”, Débora canalizó su pedido de justicia pintando la cara de Rafa en los canteros que recién se estrenaban en la arteria turística de la ciudad. Por ese hecho, fue denunciada por la Municipalidad, se la imputó y la defensa promovida por la APDH de Bariloche logró solicitar una suspensión de juicio a prueba.
Realizando tareas comunitarias en la escuela 154 del barrio Frutillar, Débora pudo cerrar su causa la pasada semana.
A una condena similar podrán acceder quienes dispararon casi 130 balas de plomo contra miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu que terminaron con la vida de Rafa de 22 años y dos miembros de la comunidad heridos de balas.
El procesamiento de los cinco Albatros ocurrido en el día de ayer a instancias del Juez Federal Gustavo Zapata fue sin prisión preventiva. Es decir que todos los imputados gozarán del beneficio de la libertad, tal como hasta ahora. Y además, la caratula por la que fue procesado Sergio Cavia, “homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa” y el resto como “partícipes necesarios”, arrojan condenas bajas y podrían ser de ejecución condicional.
El 17 de junio de 2010, luego del asesinato de Diego Bonnefoi, de 15 años, durante la madrugada a manos del cabo Sergio Colombil de la Policía de Río Negro, devino una pueblada que fue duramente reprimida y terminó con la vida de Sergio Cárdenas de 29 años y Nino Carrasco de 16.
La lucha incansable de familiares y organizaciones de derechos humanos lograron llegar a un juicio histórico que sentó en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa y a tres policías: Víctor Cufré (ex secretario de Seguridad), Jorge Villanova (titular de la Jefatura policial); Argentino Hermosa, (titular de la Regional III) y a los agentes Pil, Epuñan y Sobarzo.
El 4 de diciembre del mismo año, la Cámara Criminal subrogante falló condenándolos a cuatro años de prisión efectiva por ser los responsables políticos y operativos de la masacre del alto.
Pasaron casi 3 años y la condena se encuentra firme, sin embargo, ninguno de los culpables está privado de su libertad.
Así son las asimetrías del poder. Profundamente injustas. Los delitos contra la propiedad en Argentina son severamente castigados, no así los delitos contra la vida. Más si la vida es de origen pobre y plebeya. Si el crimen lo cometen las fuerzas de seguridad, tendrán todos los recursos del Estado a su favor para que la justicia se enrede en sus propios laberintos de recursos y apelaciones, pruebas fraguadas, cambios de jueces, traspasos de una cámara a otra, subrogancias, cambio de carátulas y miles de etcéteras que devendrán en la falta de castigo a los culpables.
Hoy, Carmen, Karina, Gabriela, Cristina, Ricardo y Juan, entre otros y otras, sentirán la mesa vacía. El cuarto que quedó congelado con los recuerdos del pibe que no llegó a ser adulto. Los hermanitos que no tuvieron papá que los espere a la salida de la escuela. La infinita tristeza que sube por el pecho cuando las fechas llaman a los recuerdos.
Para que no tengamos que pintar más caras que recuerden a nuestros muertos en paredes y canteros.
Basta de impunidad.
Justicia.
Fuente: La tinta