Por Mariana Carabajal, Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021.
Este jueves se cumplen seis años de la primera marcha de Ni Una Menos, donde la calle nos encontró juntas en un grito de hartazgo frente a la naturalización de las violencias machistas y la dramática sucesión de femicidios. Desde entonces, el tema dejó de ser marginal o menor para la mayoría de los medios, y los gobiernos tuvieron que empezar a dar respuestas. Sin embargo, la cantidad de femicidios se mantiene estable. La última estadística del registro de la Corte Suprema, difundida el fin de semana, contabilizó 251 femicidios directos durante el 2020, un número que sigue siendo muy alto, y más o menos el mismo que en los últimos años: un femicidio cada 35 horas. En 2019 se cometieron 252, en 2018, 255; en 2017, 251; y en 2016, 254, de acuerdo al mismo registro. Seis de cada diez femicidios son perpetrados históricamente por la pareja o ex pareja de la víctima, en el ámbito doméstico.
Los datos oficiales muestran también que no hubo un aumento de estos crímenes durante la pandemia, como se temía ante al incremento estrepitoso de consultas al 144, en los primeros meses de encierro sanitario. Pero llamativamente el pico se dio en abril (con 27 hechos), el mes del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, un dato para analizar porque no suele ser en años anteriores el mes donde se concentren más casos.
El problema grave es que no se consigue que se reduzca la cantidad de femicidios, a pesar de las políticas públicas que se van implementando. Otra vez surge la pregunta: ¿No se puede o no se quiere prevenir los femicidios?
Jujuy es la provincia que tiene la mayor tasa de femicidios, con 2,68 casos cada 100 mil mujeres, dos veces y media la tasa promedio nacional que es de 1,09. En 2020 tuvo 11 femicidios. Le siguen Tucumán, Chaco, Salta y Misiones. No es casual que sean todas provincias del norte, donde la idiosincrasia es más conservadora y la injerencia de la Iglesia Católica, que se traduce en opresión hacia las mujeres, potente.
Al 31 de enero, Jujuy no tenía en uso ni una sola tobillera o dispositivo dual “activa”, a pesar de que el Gobierno de Gerardo Morales había recibido 55 de parte del Ministerio de Justicia, de acuerdo con datos oficiales. Es decir, ningún denunciado por hechos relacionados con la violencia de género tenía colocado ese dispositivo para controlar que no se acercara a la denunciante. ¿En ningún caso se necesitaba? Organizaciones de mujeres de Jujuy reclaman que sea destituido el magistrado Pablo Pullen Llermanos por haber tomado decisiones sin perspectiva de género como juez Especializado de Violencia de Género, entre ellas, ordenar en una causa de lesiones agravadas por violencia de género, la libertad de Carlos Gutiérrez, a pesar de la oposición fiscal y el informe de riesgo. Lo había denunciado su pareja Marina Patagua en 2018 y 2020: dos meses después, en febrero de este año, el hombre asesinó a la mujer. El mismo juez también dispuso la libertad de Daniel Gutiérrez, en diciembre de 2020, a pesar de haber sido condenado seis meses antes a cuatro años y seis meses de prisión por encubrir el femicidio de Gladys Condori, en 2017. Y negó en enero la detención a Oscar Raúl Farfan, quien en forma reiterada violó una orden de restricción indicada en una causa de abuso sexual respecto de su víctima. El pedido de jury tiene más acusaciones de “mal desempeño” contra Pullen Llermanos.
Jujuy es una pequeña muestra.
La violencia de género un problema estructural complejo: responde a la discriminación histórica de las mujeres y otras identidades feminizadas en la sociedad. Es evidente que se requiere de un mayor esfuerzo de quienes pueden intervenir, con abordajes integrales, con mayor presupuesto para las áreas involucradas en los municipios, con el fortalecimiento de las redes territoriales donde referentas barriales puedan detectar tempranamente los casos y acompañen a las víctimas: apenas el 14 por ciento de las víctimas de femicidio de 2020 habían hechos denuncias, de acuerdo con los datos de la Corte Suprema publicados el último fin de semana, y de ellas, solo el 5 por ciento contaba con medidas de protección. Es decir, la mayoría no llega a pedir ayuda. Y las que lo hacen, reciben respuestas deficientes de la Justicia.
Un dato muy significativo es que entre el primer hecho de violencia y la primera denuncia que hace una mujer contra la pareja o ex pareja hay un promedio de tiempo de 5 años y medio en los que aguantan el maltrato, de acuerdo a un estudio de las denuncias recibidas en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema entre 2018 y 2020.
Es urgente la implementación en todo el país de patrocinios jurídicos gratuitos, una de las grandes deudas: se pedía ya en el petitorio de la primera marcha de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, se aprobó una ley que creó un programa federal de patrocinio jurídico en diciembre de ese año, el macrismo la empezó a implementar con demoras y deficiencias, y todavía está solo en 13 provincias y con apenas 21 abogades, según informó la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
El tema, claro, no interpela solo al Gobierno nacional: son las provincias las que deben dar, sobre todo, las respuestas inmediatas. Son imprescindibles capacitaciones masivas para operadores de las justicias locales para que entiendan el fenómeno y actúen con perspectiva de género. El rechazo a la implementación de la Ley Micaela de parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue un pésimo gesto. Es importante la articulación de medidas y respuestas entre los poderes, con ayudas inmediatas a víctimas, y políticas de largo aliento como la profundización de la educación sexual integral, entre otras acciones.
El Gobierno tiene un Plan Nacional que se viene implementando pero en algunos de sus ejes los avances son lentos. Las campañas en los medios de sensibilización sobre el tema son esporádicas. Hasta el mes de mayo, el Programa Acompañar, uno de los ejes más importantes del plan que consiste en una ayuda económica a víctimas de violencia de género equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses, llegaba a 6084 personas en situación de violencia por motivos de género, con unas 12 mil mujeres en trámite para ingresar, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
Hay otras formas de violencias de género definidas en la Ley 26.485 que tienen menos visibilidad y a las que no les hemos prestado atención como la violencia económica, cuya manifestación más frecuente es el incumplimiento de la cuota alimentaria de parte del progenitor no conviviente. Es momento de que también entre en la agenda de las políticas públicas: las familias monomarentales –donde hay una jefa de hogar con hijxs a cargo– son las que más se han empobrecido durante la pandemia y las mujeres hacen malabares entre trabajos precarizados y una sobrecarga extrema de tareas de cuidado y domésticas, en estos tiempos de escolaridad de manera remota, sin estar contempladas específicamente en las ayudas económicas ofrecidas por el Gobierno.
En estos seis años los avances en la agenda de género han sido enormes. Los feminismos permearon en los barrios, en los clubes, en los sindicatos, en los medios, en la política. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en Nación y en dos provincias, son consecuencia del activismo feminista. La sanción de la Ley de IVE es otra gran conquista. Pero las deudas con las mujeres y las disidencias, sobre todo aquellas de sectores más vulnerables, siguen siendo grandes. ¿Será posible soñar con un futuro cercano que no duela tanto?
No hay #niunamenos sin Tehuel
84 días sin Tehuel de la Torre. Su familia sigue esperando indicios para saber dónde está, qué pasó con él. En el marco de este 3 junio, en distintos puntos del país, seguimos visibilizando y exigiendo la aparición con vida del joven.
¿Te imaginás salir de tu casa, con la ilusión de hacerte una moneda en un laburo, y no volver? ¿Te imaginás ser la hermana de un pibe que salió por un laburo y no volvió? La violencia cis-sexista arremete contra las identidades y existencias trans, y sus diversas expresiones atraviesan las historias de vida de muches compañeres. Este 3 de junio, a 6 años del primer grito Ni Una Menos, ampliamos los contornos de las demandas desde los lentes transfeministas.
“Tehuel es una persona que le gusta trabajar, pero mucho trabajo no conseguía” ‑dice Verónica, hermana del joven desaparecido, en diálogo con La tinta- “Es buen padre, buen hermano, es una muy buena persona. Es un chico muy sensible, se lleva bien con todo el mundo, es muy compañero y familiero”.
Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo, cuando se dirigía desde su casa de la localidad de San Vicente a la de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires, para ver a Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido trabajo de mozo en un evento. Desde ese día, no volvieron a verlo. “Estamos siempre esperando alguna noticia para saber el paradero de Tehuel. Esperamos que los detenidos hablen, queremos saber dónde está mi hermano, qué le pasó”, dice Verónica.
Por la causa, están detenidos Ramos y Oscar Alfredo Montes, un vecino de este. Ambos estuvieron junto a Tehuel el último día que fue visto y sus declaraciones no coinciden con las pruebas encontradas. La fiscal Karina Guyot los imputó por “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”. En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires recompensará por entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos a quien aporte información sobre el paradero del joven.
El 27 de mayo, se realizó por segunda vez un rastrillaje en la Laguna Tacurú en Alejandro Korn, del partido de San Vicente, cercano a la casa de Ramos. El procedimiento arrojó resultados negativos. “Por un lado, fue buena la noticia porque estaban buscando un cuerpo, pero, al mismo tiempo, es mala porque tampoco se encuentra a Tehuel”, explica Verónica, convencida de que hay gente que “seguro que vio cosas y tienen miedo a declarar. Si tienen alguna información, queremos que la digan, es muy importante para encontrar a mi hermano. Que hablen porque, si los delincuentes llegan a salir, van a volver a hacerlo con otra persona y va a ser un calvario para otro chico u otra chica”.
Desde su desaparición, grupos activistas de diferentes puntos del país se movilizan y accionan por la aparición con vida de Tehuel, levantando fuertemente la consigna “Las vidas trans también importan”. En Córdoba, la Asamblea de Autoconvocades por la aparición con vida de Tehuel viene realizando una serie de acciones callejeras y de visibilización. Al cumplirse los dos meses de la desaparición, realizaron un acampe frente a Tribunales I, denunciando al Poder Judicial en todas sus jurisdicciones “como uno de los principales responsables de la violencia sistemática hacia nuestras identidades trans, travestis y no binaries. Su lenta e inútil respuesta ante la desaparición de Tehuel es evidencia de que para ellos, como para los demás poderes que componen el Estado, nuestras vidas siguen sin importar”, afirman desde la Asamblea.
Durante las jornadas de manifestación en Córdoba, que incluyeron radio abierta, talleres artísticos, conversatorios y culminaron el martes 11 de mayo con una marcha, les activistes fueron rodeades por un exagerado despliegue de la Policía de Córdoba, recibiendo amedrentamiento constante por parte del personal policial a cargo, quienes “todo el tiempo nos violentaron, amenazaron y no respetaron nuestras identidades, faltando a la Ley de Identidad de Género N° 26.743”, afirman. Denunciaron también haber sido filmades con cámaras y teléfonos celulares de los oficiales durante los tres días de actividades, “lo que nos deja completamente expuestes y desprotegides ante la persecución política”. Además, señalaron que hubo escaso acompañamiento desde distintos sectores de la sociedad. “Ya sabemos que lo que no se nombra, no existe, y es desde allí que nos paramos para decir que las vidas trans también importamos, también existimos, gestamos, criamos y abortamos. Es necesario y urgente que pensemos en un transfeminismo interseccional que pueda realmente contener y albergar nuestras vidas”, expresaron en un comunicado.
Entendiendo que Tehuel no es la primera persona trans desaparecida en democracia, “sí es el primer caso de un varón trans que logra alcance a nivel nacional. Para buscar a Tehuel, es necesario conocer que, aún al día de hoy, la deserción escolar, la precarización laboral, el no acceso al sistema de salud, entre otras, nos atraviesa”, señalaron.
Desde el espacio federal Autoconvocadxs por Tehuel, organizaron para el 6 de junio próximo, a las 20 horas, la 2° Edición Artivismo virtual por Tehuel, una transmisión en vivo por el canal de YouTube: “Autoconvocadxs Por Tehuel Artivismo Virtual”, con artistas que se suman al reclamo por la aparición con vida del joven. El viernes 11 de junio, al cumplirse tres meses de la desaparición, realizarán una jornada nacional en todas las plazas del país y una concentración de antorchas en Plaza de Mayo, responsabilizando al Estado y los gobiernos, y exigiendo que hablen Montes y Ramos.
“Pedimos que no se olviden porque, cada día que pasa, la gente se va olvidando de un chico trans que no aparece y, así como hoy nos pasó a nosotros, ¿cuántas personas hay desaparecidas? Esto no debería pasar. Pedimos que nos acompañen, es muy importante para que se siga buscando”, concluye Verónica.
Y vos: ¿qué vas a hacer para que este tiempo sea un poco más justo y amable para las vidas trans? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto?
¿Dónde mierda está Tehuel?
Fuente: La tinta