Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021.
En el departamento de Nariño, en el marco del paro nacional, se han denunciado agresiones a civiles por el simple hecho de ejercer su legítimo derecho a la protesta. Ataques a brigadas de derechos humanos y acciones represivas mediadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, hacen parte de las denuncias.
Cabe mencionar que Nariño es uno de los departamentos «asistidos militarmente» según el decreto 575 de 2021, a través del cual el gobierno Duque buscaba afrontar la grave crisis de indignación social expresada en un paro que ya lleva más de un mes.
El gobernador del departamento, John Rojas Cabrera, hace unos días se refirió al respecto y aseguró que priorizará la vía del diálogo para alcanzar acuerdos y evitar de esta forma, tener que aplicar la asistencia o el acompañamiento militar en las ciudades y municipios nariñenses.
Juzgado de Pasto ordenó a ESMAD entregar listas de comandantes y armas antes una protesta
El Juzgado octavo de Pasto ordenó, tras una tutela, que se de a conocer el nombre de comandantes, listado de armas, elementos y dispositivos no letales y sus respectivos seriales de identificación, antes de salir a las calles a repeler protestas.
En la tarde de ayer se conoció que en Pasto, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) tendrá que dejar constancia de quiénes comandan a los efectivos que van a salir a las calles a repeler las protestas y qué armas y elementos llevan, esto para tener la mayor transparencia posible en medio de los procedimientos.
Los uniformados deberán suministrar está información, según el fallo de tutela, ante la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y el Procurador Regional.
La decisión del Juzgado octavo da con el fin de que, a partir de acciones legales, se ordene al ESMAD que cumpla con los protocolos establecidos para accionar con el objetivo de reducir una acción de protesta y priorice la vida de los y las ciudadanas que están manifestándose en las calles.
«En todo caso, se debe aplicar el enfoque diferencial y el enfoque pro-mujer en todas las acciones realizadas por la fuerza pública, recordando que el uso de la fuerza es el último recurso físico y que este se debe evitar al máximo y que no se puede usar armas de fuego para el manejo de protestas».
Señala también el fallo.
A la espera de que se acate el fallo, es claro que la decisión del Juzgado octavo de Pasto busca poner un alto a las cifras de brutalidad policial que a diario aumentan.
Según la ONG Temblores, del 28 de abril al 31 de mayo, han registrado en su plataforma 3.789 denuncias de casos de violencia policial en el país.
Fuente: Contagio Radio
