Por Giorgio Trucchi. Resumen Latinoamericano, 6 de junio de 2021.
Una crisis coyuntural y un solo objetivo: enterrar cualquier proyecto político de izquierda.
El pasado 1 de mayo se instaló en El Salvador la nueva Asamblea Legislativa, controlada por más de los dos tercios del oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados de derecha Gana y Pcn. Tras asumir el cargo, la nueva mayoría destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, reemplazándolos con personas de total confianza del presidente Nayib Bukele.
La pronta condena de Estados Unidos y la crisis que se ha venido generando no deben hacernos creer que Estados Unidos y Bukele no son dos caras de la misma moneda.
Los primeros en reaccionar fueron los demócratas estadounidenses. Para el senador Albio Siles se trató de “un abuso de poder” y de “un acto ilegal de venganza y un gran paso hacia el autoritarismo”. La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken expresaron su preocupación por el estado de la democracia salvadoreña. Lo mismo hicieron la Comisión interamericana de derechos humanos y el Relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados.
Acostumbrado a percibirse como el “niño mimado” de Trump en Centroamérica y haciendo hincapié en el amplio respaldo que la ciudadanía le otorgó en las elecciones de 2019 y en las de febrero pasado, es muy probable que Bukele se sintió de alguna manera defraudado y reaccionó, como suele hacer, desde su cuenta de twitter: “nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”.
Durante todo el mes de mayo, la tensión fue creciendo. Según varios analistas, desde que asumió el mandato en 2019, Bukele adoptó la estrategia de “crear enemigos” para mostrarse ante sus electores como un presidente fuerte, resolutivo y eficiente.
“Bukele quiere reafirmar un concepto muy sencillo, y al tiempo, muy peligroso: la autoridad es el poder y el poder es la fuerza bruta. Una actitud que se enmarca en una estrategia del presidente para presentarse como algo diferente, positivo, moderno, que le permita al país dejar atrás el pasado”, dijo Carlos Molina, docente de Filosofía de la Universidad Centroamericana (UCA), después del ‘golpe’ parlamentario[1].
Para Molina, el verdadero objetivo de Bukele no es sólo apoderarse de las instituciones para ocultar la corrupción desenfrenada en su gobierno, sino disputarles el poder económico a las élites tradicionales, y el capital simbólico a los constructores de sentido en el país, como por ejemplo las universidades.
Para lograrlo, él y su grupo parecen estar dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso enfrentarse a su principal aliado internacional.
Aniquilar la izquierda
Visto de esa manera, el “conflicto” entre Estados Unidos y Bukele asume connotaciones muy diferentes a las que los medios han venido señalando durante las últimas semanas.
“El principal objetivo de Estados Unidos en El Salvador es aniquilar, de una vez por todas, al Frente Farabundo Martí (Fmln) y a cualquier opción de izquierda. No pudieron hacerlo durante la guerra y tampoco lo lograron con el apoyo a los disciplinados gobiernos de Arena (extrema derecha). Finalmente le apostaron todo a Bukele y casi lo logran”, dice César Villalona, economista y analista político.
El temor del gobierno de Biden en este momento es que su principal aliado en El Salvador pierda de vista ese objetivo, y se enfoque más en protegerse de las acusaciones por corrupción y en disputar el poder a los sectores de la oligarquía tradicional que aún lo adversan.
“Bukele necesita tomar el control de las instituciones, en especial de la fiscalía y de la corte de cuentas. Para hacerlo no le queda otra que usar métodos que lo vuelven ‘impresentable’ ante la política y la opinión pública estadounidense. Esto le genera un problema a Biden porque necesita guardar la apariencia democrática”, advierte Villalona.
Sin embargo, asaltar las instituciones en medio de una grave crisis económica y con un endeudamiento galopante que volverá papel mojado las promesas electorales, llevará casi inevitablemente Bukele a una progresiva pérdida de consensos y a una nueva aceleración del fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. “Todos son escenarios que preocupan enormemente al gobierno estadounidense”, añade el analista político.
Un país dependiente de EEUU
Se estima que entre 2.5 y 3 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, una cantidad enorme si se considera que la población de El Salvador es de 6.5 millones de habitantes, en un territorio de tan sólo 21 mil kilómetros cuadrados. El año pasado, las remesas familiares alcanzaron casi los U$ 6 mil millones, lo que equivale a más del 20% del PIB, a casi el 90% del gasto público y al 97% de las exportaciones (2019). Además, Estados Unidos es receptor del 45% de las exportaciones salvadoreñas.
Contrariamente a lo que escriben los principales medios de comunicación nacionales e internacionales –explica Villalona– Estados Unidos no es enemigo de Bukele, ni el presidente salvadoreño quiere romper con ellos. “Lo que hay no es un problema de fondo, ni estratégico, sino una contradicción en cuanto a cómo manejar los tiempos y cómo hacer las cosas para alcanzar el objetivo común”.
A pesar de ello, los protagonistas de esta ‘contienda’ siguen mostrando los músculos.
La semana pasada, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), conocida en América Latina por su labor conspirativa contra gobiernos no alineados a las políticas de Washington y por su financiamiento sistemáticos a organizaciones, movimientos y partidos de oposición, decidió retirar el apoyo de asistencia financiera a la Corte suprema de justicia, la Fiscalía general, la Policía nacional civil y al Instituto de acceso a la información pública. Dichos fondos serán entregados a “grupos de la sociedad civil” para promover “la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos”.
La lucha contra la corrupción parece haberse convertido en el nuevo hito del gobierno de Biden en Centroamérica. Sin embargo, Estados Unidos mantiene un ‘doble rasero’ al imponer medidas retorsivas, que sólo aplican para personas, funcionarios y países no alineados a sus políticas y objetivos. En este momento, El Salvador es un claro ejemplo de ello y ayuda en la interpretación de lo que realmente está sucediendo.
Con o sin Bukele
No debe sorprender, entonces, que Estados Unidos estén forcejeando para que Bukele vuelva al redil. En los días pasados, la congresista demócrata de California, Norma Torres, publicó en sus redes sociales un listado de funcionarios y ex funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras que estarían involucrados en actos de corrupción y narcotráfico. Entre ellos figuran estrechos colaboradores de Bukele, como su jefa de gabinete Carolina Recinos, el exministro de justicia y seguridad Rogelio Rivas y el expresidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallegos.
Ya en el pasado, el presidente salvadoreño se había enfrentado a Torres. En aquella ocasión, la congresista había atacado a los mandatarios de esos tres países centroamericanos por las caravanas de migrantes de octubre de 2020 e inicios de 2021.
“Visité la frontera sur para hablar con migrantes que huían de sus países para tener la oportunidad de vivir otro día. Muchos están escapando de narco-gobiernos liderados por Nayib Bukele, Juan Orlando Hernández y Alejandro Giammattei”, tuiteó. Bukele respondió instando a todos los latinoamericanos del distrito 35 de California a no volver a votar por la congresista.
Días después, Torres denunció públicamente que teme por su vida y la de su familia, debido al acoso que estaría recibiendo de simpatizantes del presidente salvadoreño. Su colega Siles y otros congresistas tacharon el llamado de Bukele de “amenaza a la seguridad nacional”, obviando hipócritamente que Estados Unidos acostumbra inmiscuirse en asuntos electorales de los países latinoamericanos, promocionando y financiando candidatos afines y demonizando a los que considera peligrosos para sus intereses.
¿Y China?
Siempre para los medios mainstream, Bukele habría reaccionado ante tanta presión buscando nuevos aliados internacionales. Para Villalona se trata de otra tergiversación de los hechos.
El acercamiento con China comenzó durante el gobierno de Mauricio Funes y continuó con Sánchez Cerén. La apertura comercial llevó al gigante asiático a convertirse en el séptimo país de destino por montos de exportación. Asimismo, Sánchez Cerén firmó 14 protocolos de cooperación y aseguró transferencias no reembolsables (donaciones) por un valor de U$ 150 millones. “No hay ningún acercamiento, ni afinidad ideológica entre Bukele y China. Simplemente está aprovechando el acuerdo firmado por Sánchez Cerén y lo presenta como que fuera algo novedoso y alternativo a la cooperación estadounidense”, aclara el economista.
“Si las contradicciones no se resuelven, Estados Unidos tiene todas las herramientas y los mecanismos para quitarlo y poner al vicepresidente (Félix Ulloa). Lo que seguramente no harán nunca es desestabilizarlo para que se fortalezca un nuevo proyecto alternativo de izquierda. El objetivo sigue siendo el mismo, con o sin Bukele ”, concluye Villalona.
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