Resumen Latinoamericano, 14 de junio de 2021.
Unas 100 familias de la organización Jóvenes Unidos Sin Tierras denunciaron el haber sido tiroteados desde un helicóptero por la Policía Nacional en Tembiaporá, al noreste de Caaguazú el 9⁄6 pasado.
Fue durante una intervención policial dispuesta por Lisa Baeza, fiscala de Caaguazú, que envió una partida de 250 agentes para hacer efectiva ordenes de captura, identificar y detener a algunos de los líderes de una ocupación campesina en parte de una finca de 1700 hectáreas popularmente conocida como “Zavala Cue”.
De acuerdo a la versión policial, la comitiva fue recibida por disparos desde el monte, por lo que los jefes del operativo dispusieron que se lanzaran gases lacrimógenos desde el helicóptero para dispersar al grupo de campesinos que allí se ocultaba.
“El procedimiento es ilegal y muy riesgoso, realizaron disparos desde un helicóptero poniendo en peligro la vida de niños y mujeres que están allí apostados”, dijo Jorge Dos Santos, abogado de los campesinos.
La Empresa Cerealera Campo 9 de capitales menonitas se atribuye la propiedad del campo que al parecer tendría doble titulación en los registros públicos, por lo que los campesinos entienden que deberían ser destinadas a la reforma agraria y distribuidas a los sin tierra.
“La Policía se fue con una orden fiscal para identificar a algunos líderes que tienen orden de captura. La información que tengo es que hubo disparos de arma de fuego y como consecuencia la Policía utilizó el helicóptero y desde arriba comenzó a realizar disparos con balines de goma, pero no tenemos veracidad si son balines de goma o balas de fuego, es una situación delicada”, expuso Dos Santos a la radio Ñanduti.
Añadió que a raíz del hecho, varios campesinos están detenidos dentro de la propiedad de 1.700 hectáreas. “Deberían ser llevados a la Policía y no estar en un establecimiento particular y hay denuncias de torturas y fotos que exhiben rastros de que fueron baleados y no con balines de goma”, manifestó.
“No tienen orden de desalojo, ordenaron la identificación a las personas que están a la vera de la ruta, pero a veces con este tipo de documentos se realizan desalojos violentos”, recordó el letrado.
Al señalarle que la policía dijo que tiene pruebas de que hay gente armada en la ocupación, el abogado indicó: “Que se decomise, que se haga un trabajo como corresponde y que no se desate una violencia que no sabemos a dónde puede ir a parar”.
Ya en diálogo con el periodista Catalino Ayala, uno de los representantes de los jóvenes manifestó que en el terreno conviven dos grupos. El de Jóvenes Unidos y el de Osvaldo Filartiga que reclama unas 730 hectáreas con 130 familias que habrían sido los que tuvieron el encontronazo con la policía.