Por José Seoane, Viviana García y Patricio Vértiz
En 2003, la movilización de la comunidad de Esquel consiguió frenar el proyecto megaminero promovido por Meridian Gold y, tras el plebiscito, obtuvo la sanción de la Ley 5.001 que prohibió la minería a cielo abierto con el uso de cianuro en la provincia. La experiencia de Esquel ciertamente sirvió de ejemplo, en ese tiempo, para otras resistencias a los avances megamineros que se desplegaron por la región cordillerana del país y que en los años siguientes conquistaron similares legislaciones que prohibieron la minería contaminante en otros distritos.
Hoy, frente a una nueva ofensiva megaminera estimulada por el incremento del precio de los metales en el mercado mundial, los vecinos y organizaciones populares de Esquel y de toda la provincia de Chubut llevan adelante un largo proceso de movilización y conflicto contra los intentos de sancionar una legislación de zonificación minera que, violando el espíritu de la ley 5.001, habilite la explotación minera en ciertas regiones de la provincia. Una reflexión sobre el largo proceso de articulación y movilización provincial que, desde la experiencia de Esquel, se extiende a toda la provincia, nos propone la entrevista a Julián Raso, integrante de la Asamblea No a la mina, que forma parte de este cuaderno. Además, en dicha entrevista se examinan la situación actual y los desafíos que se plantean para estos movimientos; cuestiones que aborda asimismo la contribución de Carlos Sepúlveda, secretario general del sindicato provincial de la salud SISAP, que también puede consultarse a continuación. En este caso, el autor indaga particularmente sobre las resistencias a estos proyectos extractivos en el contexto de crisis económica e institucional en el que se encuentra sumida la provincia y sobre el papel de los trabajadores de la salud y de otros sindicatos en este proceso. Ello desmiente, una vez más por si fuera necesario, la falaz escisión entre las demandas sociales y sindicales, por una parte, y las ambientales, por la otra.
A continuación, integrantes de la Asamblea El Algarrobo de la localidad catamarqueña de Andalgalá y la abogada de dicha asamblea presentan un análisis de la historia de lucha de dicha comunidad contra la megaminería, sobre las características y consecuencias que traería aparejados el proyecto minero Agua Rica y sobre el conflicto desplegado recientemente contra la reactivación de este proyecto y que concluyó tristemente con la detención de varios de los asambleístas. Finalmente, el cuaderno concluye con una contribución preparada por los integrantes de la Asamblea Agüita para San Juan que señalan la magnitud de la crisis hídrica que vive la provincia y la gravedad y contradicción que plantea, en este contexto, la promoción del nuevo proyecto megaminero José María, para concluir en los desafíos que afrontan las comunidades y movimientos socioambientales.
Pero, la serie de estas contribuciones comienza por el indispensable artículo de la investigadora Patricia Collado que examina, recolectando una serie de importantes testimonios de los mismos protagonistas, los antecedentes y características de la gran movilización popular acontecida a fines de 2019 en Mendoza contra los intentos de derogar y reemplazar la Ley provincial N° 7.722 que, sancionada dos décadas atrás, prohibió el uso de sustancia tóxicas en la minería. La gesta del “mendozazo”, o nuevo mendozazo como precisa la autora, acontecido en los comienzos de la presidencia de Alberto Fernández, consiguió detener dicha tentativa y, como lo reseñan el resto de las contribuciones de este cuaderno, influenció sobre el ciclo de las luchas anti-megamineras que le siguieron, de manera similar como las de Esquel de inicios del 2000 sobre el ciclo de luchas de esa década.
En este sentido, en su diversidad de experiencias y perspectivas, las contribuciones reunidas en esta publicación abordan tanto las particularidades que asume la actual ofensiva megaminera –con nuevos o la reactivación de viejos proyectos- así como las características de los procesos de acción colectiva y los desafíos planteados a los movimientos sociales. Como lo fue bajo la ofensiva megaminera y el ciclo de luchas de la década de los 2000 –en otro periodo de altos precios de estos bienes‑, la situación actual aparece signada por la cooptación corporativa de ciertos poderes estatales y la restricción de las libertades y derechos democráticos –tanto con el uso de la represión como con la manipulación de las instituciones legislativas y judiciales. Por otra parte, esta ofensiva se distingue también por los intentos de derogar o reformular las conquistas legislativas que fueron resultado del ciclo de luchas anterior. Y, ciertamente, como aparece reflejado en las contribuciones seleccionadas, por nuevas experiencias de organización de los sujetos y poblaciones afectadas; aunque la defensa del agua se renueva como bandera de estos movimientos en territorios con escasas fuentes o crisis hídrica y frente a la sobreutilización y cotaminación de ese recurso que plantea la megaminería.
Estos efectos socioambientales, propios de este tipo de explotación minera, pueden constatarse, por ejemplo, en el informe presentado a principios de febrero de este año por la Mesa de Coordinación Técnica sobre Zonificación Minera del CCT CONICET-CENPAT. En este sentido, frente a la propuesta de habilitar la megaminería en los departamentos donde se encuentran las principales reservas comprobadas de agua subterránea de la provincia del Chubut (los acuíferos de Gastre y Sacanana), el informe alerta que dicha actividad introduce un nuevo factor de riesgo sobre ese recurso en un contexto ya signado por la desertificación y el cambio climático, así como precisa una serie de preocupaciones de índole cientíco-técnica que motivan plantear el retiro del proyecto de su tratamiento en la Legislatura Provincial.
El rechazo social a estos proyectos megamineros interroga también sobre la viabilidad de otras opciones productivas y sobre las alternativas a estos modelos presentados usualmente bajo la narrativa del desarrollo. Sobre ello Patricia Collado nos recuerda que estas luchas trascienden “el ‘contra de’ para proponer ‘la defensa de’ una forma de desarrollo de la comunidad que no empeñe…la forma de vivir que los caracteriza”. En esa misma dirección apuntan otras contribuciones. Sobre ello, ciertamente, la profundidad de la crisis económica e institucional en Chubut que acarreándose desde hace varios años afecta al conjunto de la población y, en particular, a los trabajadores del sector público, enfatiza este debate sobre los modelos de desarrollo. Como examinan los textos, dicha crisis es argumentada por el gobierno provincial para avanzar rápidamente con el proyecto minero, pero, como también refieren, esta pretendida “diversificación” de la economía provincial solo viene a profundizar el mismo modelo que es responsable de la crisis, que no se trata de intercambiar salarios por megaminería sino de vivir con dignidad y defender la vida. Notas al debate sobre las alternativas al extractivismo y a este “mal desarrollo” que retomaremos en próximos cuadernos.
En esta ocasión, esperando que las contribuciones reunidas aporten al debate sobre todas estas cuestiones, desde el Colectivo “Crisis socioambiental y despojo” del Instituto Tricontinental de Investigación Social no queremos dejar de agradecer especialmente a todos los que han colaborado en la preparación de los artículos y a los que hicieron posible su publicación.