Resumen Latinoamericano, 18 de julio de 2021.
Familias campesinas y pequeños productores viven en un estado de amenaza y apriete constante, sin protección de ningún tipo, según denunció el movimiento “Santiagueños en Defensa de la Tierra”.
Ante la inacción de jueces y fiscales y en algunos casos la complicidad de organizaciones como el Mocase, que se supone deberían protegerlos, trabajadores de la tierra vienen sufriendo sistemáticamente la destrucción de cercos y corrales, quema de viviendas y pérdidas de cosechas y animales. También fueron víctimas de golpizas, ataques con machetes, palos, látigos y armas de fuego.
Así lo denunció el movimiento Santiagueños en Defensa de la Tierra, una organización creada para contrarrestar el violento accionar de un sector del Mocase.
En la tarde de ayer la que sufrió un feroz ataque fue Esther Maldonado, de Quebrachito, Departamento Aguirre, que cuando salió a limpiar el terreno de su casa se vio sorprendida por un grupo del Mocase Vía Campesina armados con escopetas, carabinas, revólveres y todo tipo de armas blancas.
En ese momento y sin mediar palabra comenzaron los disparos, por lo que Esther y quienes estaban ayudándola comenzaron a correr hasta que ella sintió un impacto de bala en el pie, y fue alcanzada por los atacantes que le dieron un palazo en la cabeza y ya en el suelo siguieron golpeándola hasta dejarla inconsciente. Veinte minutos después Esther recobró el conocimiento y pudo atravesar el monte en busca de ayuda.
Ante este nuevo hecho de violencia, el movimiento “Santiagueños en Defensa de la Tierra” lanzó un comunicado en sus redes sociales:
La administración de la justicia, es uno de los elementos con que cuenta el estado para resguardar la seguridad de sus habitantes y sus bienes, e impedir los abusos de poder que afecten al bien común.
En cuanto a sus funcionarios públicos, les cabe la responsabilidad de actuar de manera ejemplar, observando y haciendo observar el cumplimiento de la ley. Pero en una democracia de bajísima intensidad y escasa representatividad como la nuestra, donde además el gobierno se apodera del estado, lo que se promueve es el opuesto al bienestar general establecido en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional.
Con características demográficas que nada tienen que ver con el Gran Buenos Aires, Gran Córdoba o Gran Rosario, Santiago del Estero viene “reconfigurando” las modalidades del delito establecido en el Código Penal (art. 181). Aquí, las usurpaciones no están directamente relacionadas al déficit habitacional, sino más bien, con el avance inescrupuloso de actores relacionados al poder local.
Esta es la situación que venimos atravesando cientos de familias campesinas y productoras de los Departamentos Aguirre, Salavina, Mitre, Quebrachos, Ojo de Agua y Robles.
En nuestra provincia, es el estado quien ha venido tejiendo un marco de “legitimidades” para el avance de las usurpaciones por despojo que viene cometiendo la principal organización de su aparato electoral: el Mocase Vía Campesina.
A su vez, las particularidades de la relación entre el poder político y el poder judicial en Santiago del Estero, han instalado una especie de “naturalización” del delito en el inconsciente colectivo, impactando negativamente en las víctimas que, sumado a las amenazas constantes, abandonan su lucha por la tierra.
A esta tragedia, que atenta directamente sobre el modo de vida rural de hombres y mujeres autónomos e independientes de gobiernos y administradores de pobreza, se le suma el absurdo de las usurpaciones cometidas por el mismo estado.
En el Paraje Janta, ubicado a nueve kilómetros de la Ruta 34, altura km 706, la propiedad de la familia Figueroa ha sido usurpada por la representante local del estado provincial, Comisionado de Villa Hipólita Beatriz Nicolosi. Allí, una vez más e infringiendo todos los procedimientos del Programa de viviendas sociales, el municipio “se hizo presente”.
Diez son las hectáreas que representan la vida y la historia de tres generaciones de sacrificio por alcanzar la tierra propia. Tres generaciones que parieron sus hijos en obrajes. De Mateo Figueroa fue Alejandro, de allí Don Juan Gil y luego Juan Antero. Los Figueroa fueron hacheros, zafreros y campesinos duros; hombres y mujeres que abrieron parajes machete en mano y supieron construir comunidad. Ellos nacieron en tierra de los patrones y Janta fue su primera tierra; su primera dignidad. Y en Janta descansan sus cenizas, y las de sus antes. En el “Patio de la Vita”. Ese era el nombre del boliche de paso obligado de sulkys y jardineras. Campeonatos de truco, taba y fútbol hasta el anochecer. Y los bailes de los sábados en la “Pista 7 árboles”. Su pozo de agua dulce de 16 mts. ha contribuido a apagar varios incendios, incluso el del último diciembre, producto de la inoperancia estatal y que costó la vida de árboles añejos, monte y biodiversidad; incluso, poniendo en riesgo la vida de los Janteños.
Tal como viene sucediendo, los usurpadores (“punteros”) tienen ya su propia tierra, pero suelen ser “tentados” para ejercer una apropiación ilegal y violenta en pos de la acumulación de propiedades.
Cientos de casos de familias con títulos perfectos e impuestos al día, reciben como respuesta de la justicia un rotundo silencio. A lo sumo, el consejo que reciben las víctimas por parte de los empleados judiciales es “Ud no tenía que haber salido, sin dejar un casero”. El fortísimo valor simbólico que contiene esta frase, es el profundo desprecio por la ley y por el derecho a la propiedad privada.
Y así, durmiendo expedientes, se apuesta al desgaste de las víctimas que, sumado a las distancias, los tiempos y los costos de viajar a la ciudad, terminan abandonando la lucha por recuperar lo que por derecho les pertenece.
Esta es la justicia en Santiago del Estero. Justicia que responde a la decisión política de quitarle a la figura de usurpación, su condición de delito. El estado actúa siempre, ya sea por acción o por omisión. Aquí no solo violando derechos consagrados, sino destruyendo el bienestar general y con ello, la paz social.
