El carácter neofranquista del Estado español cada vez es más acusado. La pandemia no ha servido más que para acelerar una tendencia ya antigua, pero cada vez más evidente y extendida entre las fuerzas políticas del Régimen español. Y como muestra, la nueva modificación legislativa que se traen entre manos el gobierno PSOE-UP.
Ahora el ejecutivo prepara una modificación de la Ley de Seguridad Nacional española que implica que toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes cuando se declare en el Estado español un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades según 
informa El País.
La ultraderecha se frota las manos ante un nuevo paso el la deriva autoritaria española
Antes estas modificaciones la ultraderecha debe estar frotándose las manos. Una disposición legislativa de este calibre, en manos de un hipotético gobierno español formado por PP y Vox, sería un instrumento ideal para aplicar su agenda. Como otras muchas, estas leyes estatales que impulsa y aprueba la izquierda del Régimen español serán rentabilizadas y aprovechadas al máximo por la derecha del Régimen. Por ejemplo, al corresponder la declaración de una situación como “de interés para la Seguridad Nacional” (estado de crisis) mediante real decreto, en exclusiva al presidente del Gobierno español y no al Congreso, aunque las Cortes deben ser informadas de las medidas adoptadas. Incluso el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo. Todo un “caramelito” para seguir profundizando en la deriva autoritaria del régimen político estatal.
Requisa de bienes con indemnización, requisa de horas de trabajo gratuita
En el supuesto de que en el Estado español se declarase un estado de crisis (una “situación de interés para la Seguridad Nacional” según la redacción de la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa o intervención temporal de todo tipo de bienes o a la suspensión de actividades.
El carácter burgués de los ponentes queda claro cuando la propuesta recoge que quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados pero quienes sean obligados a realizar una prestación personal, no. Los legisladores españoles continúan muy pendientes de preservar los intereses de la clase poseedora (la burguesía). Los intereses de los que trabajan, quedan para otro momento
Aunque el anteproyecto no lo especifica, se supone que las prestaciones personales y la requisa de material estarán relacionados con el tipo de crisis de que se trate, ya sea de carácter sanitario, medioambiental, económico, financiero, etcétera.
Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.
