Por Marisa Kohan, Resumen Latinoamericano, 20 de julio de 2021.
Los derechos sexuales y reproductivos son los menos conocidos de los derechos humanos, pero forman parte indivisible de éstos. Prácticas innecesarias o no consentidas durante el embarazo y el parto están consideradas violencias institucionales.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el órgano que agrupa y representa a todos los Colegios de Médicos de España, 
emitió el pasado 12 de julio un comunicado en el que «rechaza y considera muy desafortunado el concepto de ‘violencia obstétrica‘ para describir las prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país». En el escrito muestra su «preocupación por la creación de innecesarias alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza médico paciente».
El escrito olvida mencionar que nuestro país fue condenado por primera vez por el comité antidiscriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés) en febrero de 2020 a indemnizar a una mujer que sufrió este tipo de violencia. Una decisión histórica que tal vez haya sorprendido por igual a muchos médicos y a muchas mujeres, que nunca habían reconocido en estas prácticas una violación de sus derechos humanos.
El comité de la ONU reconoció que la decena de tactos vaginales, la inducción con oxitoxina (una hormona que se utiliza para acelerar las contracciones del parto) o la episiotomía (una incisión que muchas veces se realiza en el tejido entre la vagina y el ano), entre otros procedimiento «innecesarios» a los que fue sometida sin su consentimiento, fueron una violencia obstétrica.
La nota del estamento médico fue una reacción al anuncio del Ministerio de Igualdad de incluir el reconocimiento de esta violencia en la futura reforma de la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y de abrir un amplio debate sobre este tema. Pero, ¿qué es esta violencia y por qué debe ser regulada en una ley? Si bien el comunicado del órgano de la representación de los médicos encuadran este tema en la relación médico-paciente, los organismo internacionales y las expertas en violencia hacia las mujeres la definen como una violencia institucional.
«La violencia obstétrica es una forma de violencia de género que no se basa solo en una negligencia médica, va mucho más allá del error», explica la abogada Francisca Fernández, que ha denunciado ante Naciones Unidas cuatro casos de esta violencia en hospitales españoles.
Una violación sistemática y generalizada
En 2019, un informe de la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres calificaba la violencia obstétrica como violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de parto y asistencia al embarazo y hacía un llamamiento a los Estados a combatirla. Esta violencia se describe como un conjunto de prácticas basadas en estereotipos y prejuicios que se dan en el embarazo y en el parto y que tienen impacto en la salud física y psíquica de las mujeres. Tal como las describe la relatora, son prácticas extendidas, normalizadas y arraigadas en los sistemas de salud, que en muchos casos no se perciben como violencias, pero que lastran el disfrute de esos derechos de las mujeres.
Violencia obstétrica es, por ejemplo, que se realice una cesárea cuando no es estrictamente necesaria, una episiotomía por rutina o un parto instrumental cuando no es imprescindible. Pero también que obliguen a la mujer a dar a luz sola, cuando no es necesario; que le falten al respeto; que no se informe a la mujer adecuadamente de las intervenciones y protocolos que se van a realizar; que le realicen una maniobra de Kristeller (que una enfermera empuje con el antebrazo el fondo uterino para que salga el bebé) o que le digan cosas como que está pujando mal y que va a matar a su bebé, entre otras. En muchos casos estas actuaciones dejan consecuencias físicas y psicológicas prolongadas en las mujeres. Un conjunto de actuaciones impensables en otros procedimientos médicos en donde el consentimiento informado del paciente es un derecho reconocido y aceptado.
Falta de estadísticas
A pesar de ser una violencia ampliamente extendida, no existen datos estadísticos consistentes sobre su alcance. Tal como afirma Esther Vivas, periodista y socióloga especializada en análisis político y social sobre maternidad, «muchas de estas intervenciones se dan de forma innecesaria y habitual». Según datos del ministerio de Sanidad un 25% del total de nacimientos en nuestro país se realiza por cesárea, cuando la cifra justificable según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es entre un diez y un 15%. Según la misma fuente en el año 2000 en el 90% de los partos se realizaba una episiotomía por rutina, lo que suponía que nueve de cada diez mujeres eran sistemáticamente rajadas en el parto, habitualmente sin su conocimiento ni consentimiento. Si bien este porcentaje bajó a un 45% en los últimos años, esta cifra está aún muy lejos de las cifras justificables por la OMS, que se sitúan en el entorno del 15%.
Vivas afirma que «no se suele tener en cuenta la dimensión emocional del embarazo y el parto, la psicológica. Por eso muchas mujeres que dicen haberse sentido maltratadas durante el parto son regañadas por la familia que le dice que dejen de quejarse porque todo ha salido bien. Porque sólo se valora la dimensión física del alumbramiento». Pero las consecuencias pueden ser una depresión post parto y muchas mujeres describen ese momento como una violación, con la posibilidad de sufrir estrés post traumático, como las víctimas de una violencia sexual.
Organizaciones como El Parto es Nuestro llevan más de una década luchando por un parto respetuoso, en el que la intervención médica sea la mínima necesaria. «Tenemos una concepción errónea de lo que es un parto normal«, afirma Virginia Murialdo, doctora en sociología y antropología y vicepresidenta de esta asociación. «El parto por defecto no debe ser asistido, debe ser acompañado, interviniendo sólo en las circunstancias en las que sea necesario». Lo importante, explica esta experta, es respetar los tiempos fisiológicos que necesita el cuerpo para desencadenar el parto espontáneamente y llevarlo al final. Las expertas ponen el énfasis en la necesidad de que las mujeres sean autónomas y puedan tomar decisiones clave sobre su salud sexual y reproductiva, así como tener el derecho a consentir o no determinadas prácticas.
Se trata de una violencia invisibilizada no porque ocurra en pocas ocasiones, sino por el contrario, porque se ha instaurado la idea de que el parto es así. Por eso diversas expertas abogan por hablar sobre la violencia obstétrica y darla a conocer. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son los menos conocidos y respetados en el mundo, pero son parte indivisible de los derechos humanos. Por ello, tal como afirma el Alto Comisionado de Naciones Unidas en esta materia, «los Estados tienen la obligación de respetarlos y hacerlos cumplir«.
En diversos países de América del Sur existen ya leyes que específicamente reconocen la violencia obstétrica como parte de las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, e incluso algunas contemplan medidas punitivas por su incumplimiento. El Ministerio de Igualdad se encuentra en la actualidad en un período de consulta amplia a la sociedad para incluir esta violencia específica sobre las mujeres en la reforma que llevará a cabo de la ley 2/2010 de derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Tal como relató Vivas en un ciclo de debates sobre la revisión de esta ley, las mujeres tiene poca conciencia de cuáles son sus derechos reproductivos y por tanto de la existencia de esta violencia «porque nos han dicho que parir es esto y si nos quejamos nos echan en cara que somos unas quejicas, aunque hayas sufrido un parto traumático. En los últimos tiempos ha habido ciertos avances hacia un parto respetado, pero sigue siendo una temática invisible».
