Resumen Latinoamericano 21 de julio de 2021.
La sociedad guatemalteca vive una tragedia que ya se ha convertido en cotidiana: la desaparición de niños y adolescentes. En 2020 se registraron más de 4.000 casos y a comienzos del presente año se contabilizan nueve desapariciones de niños por día en el país.
Las zonas rurales y de escasos recursos económicos son las que se ven más afectadas, aunque es algo que ocurre en todas las esferas sociales.
En 2020 se registraron más de 4.000 desapariciones de menores de edad en Guatemala, un país que sigue luchando por acabar con esta lacra. Muchos consideran que detrás se esconden fenómenos socioeconómicos, el aumento de la delincuencia y la falta de un verdadero control por parte de las autoridades de la defensa de la niñez.
Las desapariciones forzadas, que en muchas ocasiones están acompañadas de torturas, violaciones y asesinatos, son un mal que datan de la época de la guerra civil guatemalteca y que, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, aún siguen siendo un estigma para el país.
Esta problemática azota mayoritariamente a las zonas de bajos recursos y áreas rurales en un país marcado por la falta de protección a los niños y adolescentes en un marco de corrupción y de contrabando, al que se suma la pobreza en la que se ven inmersos muchos niños y niñas y el auge de las maras.
Pilar Ramírez, directora del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), explica cómo se ha llegado a la situación actual. Relata que se trata de «un fenómeno que ha existido siempre» pero que se visibilizó más durante la guerra interna. Con la masacre de muchas comunidades muchos niños quedaron sin cuidado parental y «fueron sustraídos y llevados a otros países con un proceso irregular de adopción».
«Era toda una red de crimen organizado que se dedicaba al tráfico de personas en la modalidad de adopción irregular. Estaban involucrados inclusive jueces»
Tras la guerra las desapariciones de niños se vinculan precisamente al surgimiento de ese «mercado de adopciones irregulares», cuenta Ramírez. Se produce un cambio en la legislación guatemalteca que permite que los notarios realicen procesos de adopción y no se judicialicen «para que todo el proceso fuera más fácil».
«Entonces empezó una fábrica de corrupción», relata la directora del ICMEC, en la que se buscaba a mujeres jóvenes e indefensas y se las engañaba para quitarles a sus niños y realizar un trámite de adopción. «Lamentablemente esto se volvió un círculo de corrupción masiva, donde los notarios tenían relación con casas hogares, con gente que trabajaba en el registro civil, con doctores, con el Ministerio de Salud, comadronas…», explica Ramírez.
«Era toda una red de crimen organizado que se dedicaba al tráfico de personas en la modalidad de adopción irregular. Estaban involucrados inclusive jueces», resume.
En ese momento, cuando se hace visible el ‘boom’ de la desaparición de niños vinculado al mercado de las adopciones, Guatemala era «el segundo lugar, después de China, en exportación de niños a los EE.UU.», ilustra Ramírez. Fue en ese momento cuando se creó la ley Alba-Keneth con la finalidad de dar respuesta a esta situación.
Celia García es abogada de la Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth: «No podemos darnos el lujo como sistema de alerta de disminuir la importancia de un fenómeno de desaparición», afirma sobre la respuesta que se da a cualquier denuncia, que pone en marcha unos engranajes para identificar si la desaparición ha sido provocada por un delito o no.
«Las desapariciones se dan por problemas familiares, por robos, por trata de personas y por reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas»
Ana Lucía Peláez, defensora de las Personas Víctimas de Trata de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, se queja de que el sistema «no tiene el personal capacitado, no tiene los recursos disponibles para resguardar la integridad de los niños y niñas y adolescentes».
Así, este 2021 ya se recogen cifras escalofriantes para un país de 16 millones de habitantes, con un promedio de nueve niños, niñas y adolescentes desaparecidos cada día.
Peláez apunta que aunque las desapariciones mayoritariamente «ha sido un negocio», en la actualidad se dan por muchos motivos: «por problemas familiares, por robos, por trata de personas y por reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas». Si bien es cierto que por esta última modalidad no hay ningún caso judicializado, detalla.
Por su parte, Ramírez señala la importancia del engranaje de todas las piezas del sistema porque desde su organización se ha constatado que «las primeras tres horas son fundamentales para recobrar al niño». «Si no se hace nada en las primeras tres horas, posiblemente no vamos a recuperar al niño, sino que lo vamos a encontrar fallecido», sostiene.
Fuente: RT
