Resumen Latinoamericano, 25 de agosto de 2021.
El 30 de diciembre de 2004, el boliche “República de Cromañón”, ubicado en el barrio porteño de Once, se incendió durante un recital de la banda Callejeros. Esa noche fallecieron 194 personas y más de mil resultaron heridas. Un año y tres meses más tarde, el 30 de marzo de 2006, hubo otro fatídico incendio: el del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, donde falleció una mujer embarazada y cuatro menores de edad. Ambos hechos tienen distintos puntos en común: fueron masacres que pudieron haberse evitado.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes de ambos hechos esperan que la Legislatura porteña trate dos proyectos de expropiación de los edificios donde sucedieron las masacres. De esta forma, podrían convertirse en espacios de memoria, y dejarían de estar en manos de los mismos dueños de siempre.
Silvia Bignami, miembro del Movimiento Cromañón y madre de una de las víctimas, explicó en diálogo con Notas que la recuperación de los edificios es, por un lado, “reparatorio hacia familiares y sobrevivientes” y, por el otro, un hecho de bien “para la Ciudad y para el país”. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, añadió.
Uno de los dos proyectos, el vinculado a la masacre de Cromañón, plantea la expropiación del boliche cuyo dueño es Rafael Levy, el mismo que al momento del incendio, y quien fue condenado a cuatro años y medio de cárcel tras haber sido considerado como responsable de “haber provocado, con acciones u omisiones, la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1400”.
Para Silvia, “Levy es una persona peligrosa para el barrio, para la ciudad, y para cualquier pibe y piba”, ya que “no era simplemente alguien que tenía el lugar, sino que tomó decisiones contra la vida de las personas”.
Algunos ejemplos podrían ser las puertas de seguridad con candados, la construcción de canchas en los techos que obstaculizaban la ventilación, o el funcionamiento de un taller clandestino encontrado durante una inspección ocular. “Levy representa el mal para este barrio. Tenía un prostíbulo que nosotros hemos denunciado”, recordó Silvia.
Según Bignami, Levy “realmente representa muchas cosas malas, sin hablar de que apenas le devolvieron el inmueble tapió por dentro las ventanas. No sabemos lo que está haciendo, y también han pasado cosas en el espacio del santuario desde que él se hizo cargo. Es tremendo, es un acto muy fuerte de impunidad que lo tenga él al edificio”.
Actualmente los familiares de las víctimas y los sobrevivientes mantienen un santuario en la calle Bartolomé Mitre, un pequeño rincón de la ciudad lleno de murales y objetos de las víctimas fatales que es sistemáticamente vandalizado. «La protección del santuario debería ser tarea de la Comuna 3, pero se ocupan cuando nosotros denunciamos”, dijo Silvia, que agregó que “siempre dicen que son las personas que viven en la calle, a veces es simplemente mugre, y otras veces directamente tapan los murales, es difícil pensar que es gente de la calle».
El edificio donde funcionó el taller textil clandestino de Luis Viale 1269, sigue en manos de Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, que fueron sobreseídos en el marco de la causa que condenó a los capataces del lugar, que recibieron una pena de 13 años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte.
Las víctimas ‑todos migrantes de Bolivia- vivían en el galpón incendiado, y eran explotadas laboralmente junto con otras 61 personas (25 de ellos eran menores de edad). Sus jornadas comenzaban a las seis de la mañana y terminaban a las dos de la madrugada, los sueldos eran la cuarta parte de un salario correspondiente a una jornada de ocho horas y nunca se pagaban a la fecha prometida. En la planta baja del taller estaban las máquinas y un baño con una sola ducha sin agua caliente. Arriba dormían adultos y menores separados por telas y tabiques.
Lourdes Hidalgo, una de las sobrevivientes de la masacre y miembro de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale, dijo a la agencia de noticias Télam que están «decididos a pelear por la expropiación del galpón a los dueños, que son los mismos del 2006, porque este caso quedó impune, entonces no queremos que vuelva a ocurrir allí otra masacre».
“Buscamos que el lugar sea un espacio para las próximas generaciones, para nuestros hijos, que tengan donde organizarse y capacitarse porque las víctimas de Luis Viale eran todos inmigrantes bolivianos que no sabían nada sobre los derechos ni a quién recurrir”, completó.
Este jueves a las 15 horas, miembros de la Comisión por Memoria y Justicia de los obreros textiles de Luis Viale y del Movimiento Cromañón, junto a personalidades distinguidas de la lucha contra la violencia institucional como Nora Cortiñas o Emilia Vasallo, participarán de una reunión ad hoc de la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña.
Ese día, las organizaciones se concentrarán frente al Parlamento para seguir exigiendo que el tratado de los proyectos de expropiación avancen en la Comisión de Derechos Humanos. “Si uno no elabora lo histórico, las cosas tienden a repetirse”, concluyó Bignami.
Fuente: Notas del periodismo popular
