Resumen Latinoamericano, 10 de agosto de 2021.
El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este martes que la Organización de Estados Americanos (OEA), representada por el secretario general Luis Almagro, cometió una estafa al país el 2019 al indicar que una auditoría identificó un caso de fraude en las elecciones presidenciales.
“La OEA le ha estafado al país, el señor Almagro le ha estafado al país. La OEA no hizo ninguna auditoría”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.
Dijo que en octubre de 2019 el acuerdo entre el Gobierno y la organización internacional consistía en la realización de una auditoría que al final no fue cumplida.
“Hubo un informe que, primero, no es una auditoría, no se señala en ningún lugar que es una auditoría, porque no cumple ningún parámetro por los cánones nacionales e internacionales para hacer una auditoría, no da cifras”, aseguró.
El Secretario General de la Organización de Estados Americanos es cuestionado por su participación en las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia, sobre todo por su denuncia basada en un informe preliminar de un supuesto fraude.
Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Evo Morales, quien denunció la escalada de violencia en el país en contra de autoridades, militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El 10 de noviembre de 2019, la OEA publicó el informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de los comicios generales sobre un presunto cambio de tendencia en el conteo de votos. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la dimisión de Morales, quien denunció un golpe de Estado.
Sin embargo, el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.
En el documento, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral. También, demostró que los sistemas y las bases de datos del sistema transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.
Fuente: www.abi.bo
