Por María Fernanda Barreto, Resumen Latinoamericano, 27 de agosto de 2021.
El pasado 16 de agosto, el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez sostuvo una reunión pública con representantes de la Comisión de la Verdad, entidad del Estado creada en 2017 en el marco de los acuerdos firmados en La Habana entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
En la casa de Uribe, se hicieron presentes el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, y los comisionados Lucía González y Leyner Palacios.
Por rigurosidad, escuchamos completas las cuatro horas de grabación de este encuentro para concluir que nada de verdad aportó dicho diálogo a la historia. Por el contrario, Uribe hizo gala de su gran capacidad para mentir, luciendo su habitual tono autoritario y machista, con el que no tardó en intimidar a quienes representaban la Comisión.
Aunque algunos medios trataron de revestir de formalidad dicha reunión, Uribe dijo en más de tres ocasiones que no reconocía a la Comisión de la Verdad por ser producto de los acuerdos de la Habana y que únicamente había aceptado dicho encuentro por reconocimiento personal al padre de Roux.
El ex presidente colombiano dio un largo discurso político en el que negó cualquier responsabilidad de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos», la creación de las cooperativas de seguridad Convivir que dieron origen a la última generación de grupos paramilitares del siglo XX o las masacres y, por el contrario, se presentó constantemente como un héroe y a la vez como una víctima.
1. «LA CULPA NUNCA ES DE QUIEN EXIGE RESULTADOS CON TRANSPARENCIA, SINO DEL INCAPAZ CRIMINAL QUE PARA FINGIR RESULTADOS PRODUCE CRÍMENES»
Comenzó su arenga vanagloriándose al afirmar: «No hay un policía un soldado de Colombia que pueda decir que yo le di un mal ejemplo de palabra o de obra». Y en un largo alegato que da al traste con su formación universitaria en derecho, afirmó que la culpa no es de quién da las órdenes sino de quien las ejecuta.
Negó haber entregado algún tipo de incentivos económicos a miembros de las Fuerzas Armadas y tras culpar a los ejecutores, en su mayoría soldados, afirmó: «Yo llamaba al general Naranjo no para decirle que asesinara sino que capturara».
No contento con eludir su responsabilidad con respecto a las más de seis mil ejecuciones extrajudiciales que realizaron las Fuerzas Militares de Colombia para fingir bajas guerrilleras en combate, solamente entre el año 2002 y 2008 (mientras la Fiscalía reconoce 2 mil 248 casos, la Jurisdicción Especial para la Paz contabiliza hasta el momento 6 mil 402 falsos positivos, y algunas víctimas y organizaciones populares señalan que serían más de 10 mil), Uribe plantea la teoría de que en realidad esas bajas las fingieron los militares para proteger a los narcotraficantes y simular que sí los combatían. Lo que parece olvidar es que estos jóvenes que asesinaban y luego uniformaban nunca se reportaron como paramilitares, ni escoltas de narcotraficantes o narcotraficantes, sino siempre como guerrilleros.
Lo más interesante de este argumento es que quien se dice acérrimo defensor de la Fuerza Pública colombiana, acusa a sus Fuerzas Militares de incapaces, criminales y finalmente de estar aliadas al narcotráfico, para deshacerse de cualquier responsabilidad de lo sucedido durante su presidencia, a pesar de que su personalidad autocrática se ha hecho sentir en todas las instituciones del Estado durante las últimas casi dos décadas.
Este mismo mes, la propia Fiscalía anunció la imputación del general Mario Montoya, quien fuera jefe del Ejército nombrado por Uribe Vélez por su responsabilidad en estos casos.
2. «EL GOBIERNO MÍO HIZO MUCHA FUMIGACIÓN A NARCO CULTIVOS Y YO NUNCA RECIBÍ QUEJAS. ESA FUMIGACIÓN SE HIZO CON MUCHO CUIDADO PARA NO AFECTAR COMUNIDADES, CULTIVOS LEGALES NI EL MEDIO AMBIENTE»
Las fumigaciones con glifosato y otros químicos han sido siempre denunciadas por las comunidades indígenas, negras, campesinas y por organizaciones ecologistas y de Derechos Humanos en Colombia.
El aumento del uso del glifosato durante el gobierno de Uribe levantó múltiples protestas y le costó demandas legales al Estado de las comunidades indígenas en defensa del ecosistema y de sus cultivos lícitos, los cuales fueron afectados del mismo modo que los ilícitos, con graves consecuencias en la producción de alimentos de los territorios e incluso fue demandado por personas que sembraban café orgánico cuyos cultivos se dañaron por estas fumigaciones.
Si acaso el ex presidente nunca escuchó esas «quejas», es imposible que no haya recibido las de la República del Ecuador, que en el año 2008, durante su segundo mandato, demandó a Colombia ante el tribunal de La Haya por las fumigaciones aéreas con glifosato cerca de sus fronteras y las afectaciones que estas generaron a la salud de sus ciudadanos y ciudadanas.
3. «A MÍ ME DOLIÓ MUCHO LA CONDENA A UNOS INTEGRANTES DE LA FUERZA AÉREA POR UN BOMBARDEO EN SANTO DOMINGO, ARAUCA, ANTERIOR A MI GOBIERNO, CREO QUE SE LES CONDENÓ INJUSTAMENTE»
Generosamente, Uribe no se limitó a defender todas las violaciones de DDHH durante sus gobiernos sino que defendió las ejecutadas por sus antecesores.
Se refería aquí el ex presidente a la terrible masacre cometida el 12 de diciembre de 1998 por miembros de la Fuerza Aérea colombiana y contratistas militares privados estadounidenses contra la población de Santo Domingo, ubicada en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela.
Ese día «varios aviones sobrevolaron los alrededores de Santo Domingo durante la mañana y la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea colombiana lanzó un dispositivo cluster de tipo AN-M1A2, compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación AN-M41A sobre la calle principal de Santo Domingo, provocando la muerte de diecisiete personas ‑de las cuales seis eran niños- e hiriendo a otras veintisiete, entre ellas, diez niños. Como consecuencia de los hechos, ese mismo día la población de Santo Domingo tuvo que abandonar sus viviendas y trasladarse al poblado de Betoyes, en el municipio de Tame, y a las ciudades de Tame y Saravena, situación que se intensificó cuando ciertos grupos de personas salían de Santo Domingo. Con posterioridad al lanzamiento del dispositivo cluster, la Fuerza Área colombiana hizo disparos con ametralladora desde las aeronaves contra personas que se desplazaban en la carretera en dirección opuesta al caserío, ya fuera caminando o en un vehículo».
Por estos hechos fueron condenados tres tripulantes de la aeronave que lanzó el dispositivo sobre el caserío de Santo Domingo. Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá en junio de 2011 respecto de dos de los tripulantes. La jurisdicción contencioso-administrativa también estableció la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos de Santo Domingo.
En diciembre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos también sentenció al Estado colombiano por este caso, pero al parecer para Uribe Vélez la muerte de seis niños no tiene mayor importancia; no era para tanto.
4. «HAY QUIENES DICEN, SÍ, URIBE NO DEJÓ QUE NOS ASESINARAN PERO NOS INTERVINO EL TELÉFONO, ¡IMAGÍNESE USTED!»
Con gran jactancia Uribe dijo que para cuando llegó a la presidencia había un gran problema de asesinato de sindicalistas y de periodistas y su gobierno se dio a la tarea de acabar eso. Pero lamentó que alguna gente malagradecida se quejara de cosas tan simples como espiar sus teléfonos.
Periodistas, líderes y lideresas de oposición, académicos y hasta magistrados fueron espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en connivencia con grupos paramilitares, durante los gobiernos de Uribe. El escándalo que estalló en 2009 se le conoce como «chuzadas«, en el que varios funcionarios y funcionarias de Uribe recibieron condenas por estos hechos que fueron tan sonados que hasta Wikipedia lo reseña como «El escándalo de las chuzadas«.
A juicio del dueño del Ubérrimo, ser víctima de espionaje en lugar de ser víctima de asesinato es una gran mejora que el país debería agradecerle.
Continuó llenando de falacias la reunión afirmando que su modelo de seguridad democrática protegió siempre el periodismo y al sindicalismo, y acabó con la intimidación que se ejercía contra ambos gremios.
Aunque el número de periodistas asesinados y asesinadas entre 2002 y 2010 es un tercio menos que el número de asesinatos de los ocho años anteriores, la cifra final de 27 hombres y 1 mujer no debe enorgullecer a nadie.
En cuanto a los hombres y mujeres de los sindicatos, las cifras describen una especialización del asesinato y un aumento de otras violaciones a sus derechos humanos. Solo en dos de los ocho años de su gobierno, entre 2008 y 2009, fueron asesinadas 96 personas dedicadas a la actividad sindical. Y aunque hubo un descenso entre el año 2008 y 2009, en 2008 el 67,3% de las víctimas eran trabajadores y trabajadoras de base o daban asesorías a los sindicatos, mientras el restante 32,7% eran dirigentes; en 2009 el 44,7% de las víctimas eran dirigentes.
Sindicalistas de base vs dirigentes asesinados 2008 2009.jpg
(Foto: Archivo)
Del mismo modo entre 2008 y 2009 aumentaron dramáticamente los hostigamientos, las detenciones arbitrarias y las torturas a sindicalistas en Colombia.
Sindicalistas DDHH 2008 2009 Col.jpg
(Foto: Archivo)
5. «NUNCA HABLÉ CON PARAMILITARES»
Después de muchas autoalabanzas al joven político que era, Uribe afirmó que nunca ha hablado con paramilitares, ni se ha reunido con ellos. «Conocí a Mancuso en Montería y no pasó de dos o tres saludos. Conozco es a la familia, una familia de muy buena reputación».
Si bien la relación entre Álvaro Uribe Vélez y los grupos narcotraficantes y paramilitares es de conocimiento público, basta saber que gran parte de su entorno familiar, social y político ha sido detenido y buena parte ha recibido condenas por delitos afines. También se puede leer el expediente del caso de manipulación de testigos que aún avanza en su contra, a pesar de los ingentes esfuerzos de la Fiscalía por archivar la investigación.
El propio Pentágono estadounidense desclasificó hace poco documentos en los que se señala que un alto funcionario de esa institución dijo en 2004 al entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, que «casi con toda seguridad, Uribe tuvo tratos con paramilitares (AUC) cuando era gobernador de Antioquia».
A pesar de que su hermano Santiago Uribe ha sido sindicado por la justicia de los delitos de concierto para delinquir agravadopor la presunta conformación del grupo paramilitar ‘Los Doce Apóstoles’ y de homicidio agravadopor la muerte del conductor Camilo Barrientos en Yarumal en 1994, Álvaro Uribe insistió en decir: «Quien conozca los principios morales de mi hermano Santiago y su patrimonio, sabrá la injusticia que se ha cometido con él».
Afirmó además, que su gobierno redujo a los paramilitares, en alusión a su muy cuestionada «Ley de Justicia y Paz» con la que, lejos de desaparecer, los grupos paramilitares legitimaron sus riquezas, pagaron penas insulsas, no repararon a las víctimas y se multiplicaron.
6. «YO HE SIDO VÍCTIMA DEL MATONEO INFAME»
La victimización es constante en el discurso de Uribe; en esta conversación se declaró muy dolido por la estigmatización de la que dice ser víctima.
«Uribe es paramilitar, hay que matarlo» es lo que según Uribe dicen sus detractores. Quizás por ello no tiene vergüenza en admitir que mientras los líderes y lideresas sociales asesinados en Colombia, reciben amenazas y hasta atentados previos y en raras ocasiones el Estado les da algún tipo de seguridad, él afirma con orgullo que «Yo nunca he tenido seguridad privada, siempre de la fuerza pública desde 1988», es decir que desde hace más de 30 años, la inmensa seguridad del ex presidente se carga al erario público.
Acusa a la prensa de vincularlo con la masacre del Aro y al asesinato de José María Valle, a pesar de que más allá de lo dicho por los medios, otros argumentos convincentes han motivado la apertura de investigaciones al respecto. «Cuando me hacen este tipo de acusaciones ignoran el contexto guerrillero y solo veían el paramilitar (…) Eso sí que me ha dolido».
PARA CONCLUIR
Así avanzaron las cuatro horas donde Uribe habló de sí mismo cual candidato en campaña, apostando a la mala memoria de la opinión pública. Afirmó nunca haber escuchado quejas sobre su política de informantes y respetar siempre las instituciones: «Jamás en la vida he tratado de manipular a un fiscal o a un procurador».
Se desmarcó de las Convivir, se jactó de haber acabado con el robo de combustible sin mencionar jamás que esa disminución se cubrió con el incremento y legitimación del contrabando de combustible subsidiado desde Venezuela, país del que solo se acordó para mencionar a Hugo Chávez diciendo que se vio obligado a sacarlo de las negociaciones con las FARC-EP porque comenzó a comunicarse directamente con altos mandos militares colombianos y, finalmente, sin ningún titubeo preguntó retóricamente: «¿Cuándo han asesinado a alguno de mis contradictores políticos?».
Largas horas en las que no faltaron sus regaños a viva voz al presidente de la Comisión de la Verdad, por lo que no resultó sorprendente pero sí indignante, lo particularmente violento que se tornó Uribe Vélez ante la única mujer de dicha Comisión, Lucía González.
«No Lucía, tú eres muy sesgada… has sido muy sesgada toda la vida», le dijo mientras gesticulaba agresivamente. No bastándose solo, su hijo Tomás apareció en escena para gritar, acusar y tratar de intimidar a la Comisionada y, por último, fue reforzado por su hermano.
Vergonzosamente, ante esta escena de violencia de género protagonizada por los Uribe, ninguno de los otros dos miembros de la Comisión se animaron a tan siquiera impedir que continuara la agresión.
Lo dicho en 2018 se mantiene y se ratifica con lo aquí expuesto: este era el periodo presidencial del uribismo sin Uribe y no haberse hecho a un lado le puede costar caro. Uribe sabe que va de salida pero no se resigna, sus ínfulas de patrón le impiden un retiro silencioso.
El otrora fenómeno político de la derecha latinoamericana se hunde. Hoy estorba a la oligarquía colombiana que necesita recuperar el prestigio político de la Presidencia de la República que ocuparon hasta su llegada, estorba a su propia gente porque el creciente rechazo popular a su figura ha acabado por desprestigiar al uribismo entero y estorba a los Estados Unidos, como antes lo hicieron lacayos renombrados como Manuel Antonio Noriega, y eso puede definir su destino político y personal a corto plazo.
Una sola frase queremos rescatar de todo lo que dijo Uribe Vélez ante de Roux, sus acompañantes y las cámaras; una que lanzó sin una pequeña dosis de autocrítica pero que explica muy bien su propia actitud ante la historia: «La impunidad total es mala consejera» (Uribe Vélez, 2021).