Por Gerardo Fernández Casanova, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2021.
El monárquicamente premiado Enrique Krause acaba de lanzar uno más de sus videos escatológicos (del griego eskatos: mierda) definiendo al Presidente López Obrador como un “dictador plebiscitario y que ha puesto en vilo la democracia y las instituciones, o sea: les ha quitado el piso, al grado de que el propio Krause llegue a sentir añoranza (moderada dice) por la dictadura perfecta inventada por su amigo y colega (del español: cola) Vargas Llosa. El multicitado (interfeuto, diría Cantinflas) se autodenomina como intelectual, pero hace su chamba al revés: no analiza la realidad para explicárnosla a los ignorantes, sino que se obnubila y nos ofrece como producto la obnubilación.
Dictadura plebiscitaria. Pareciera un oxímoron: cómo que una dictadura se comporta democráticamente y consulta a la plebe. Una u otra pero no puede ser las dos cosas. El que debiera esclarecer confunde.
Poner en vilo la democracia y las instituciones. Esta es una declaración verdaderamente en vilo, carente de sustento alguno. Si por democracia entendemos la capacidad del pueblo para elegir a sus representantes y gobernantes, las elecciones del pasado 6 de junio se dieron en un marco de estricto respeto a la autoridad autónoma, independientemente de su aberrante comportamiento: no hubo una elección de estado, como solían ser en el, ni el dinero público apoyó a candidatos o partidos. El pueblo eligió y, salvo muy contadas excepciones, no hubo protestas de rechazo.
Las instituciones se fortalecen cuando se les respeta y, muy especialmente, cuando quienes las operan son respetables; cuando su diseño es de aplicación universal y no de privilegio. La división de poderes es una institución fundamental del sistema republicano y ha sido puntualmente respetada por el titular del Poder Ejecutivo. Respecto del Poder Legislativo cuya mayoría respalda las iniciativas del Presidente no pierde por eso su carácter de independiente; malo sería que si la mayoría fuera opositora el Presidente sometiera a las cámaras por vías extralegales.
En lo tocante al Poder Judicial el apego a derecho por el Presidente es absoluto, lo que no obsta para que manifieste lo mismo que el pueblo clama: que tal poder está cundido de corrupción y privilegios, incluso para violar la Constitución en el caso de las remuneraciones. Entre los jueces, magistrados y ministros los hay plenamente honorables pero, según reconoció el propio ministro presidente de la Corte, hay otros que mercan la justicia por dinero y actúan al margen de la ley y, sobretodo, de la moralidad que debe distinguir al juzgador. El legislativo aprobó una reforma al Poder Judicial enviada por el Ejecutivo atendiendo la solicitud del presidente de la Corte; en uso de sus facultades los legisladores la aprobaron y añadieron un transitorio que amplía en dos años el periodo del presidente de la Corte, que además lo es del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de abocarse a la ejecución de las reformas legisladas. La institucionalidad judicial no sólo no está en vilo, sino que está en proceso de purificación.
El régimen neoliberal tuvo como premisa la disminución del estado en general, pero con especial énfasis al estado promotor del desarrollo y la justicia social. Para consolidar tal despropósito creó un entorno de organismos autónomos para remplazar al estado y cerrar candados para impedir su intervención. Son organismos instituidos constitucionalmente y sus funcionarios son nombrados por una o ambas cámaras, con periodos transexenales y difícil remoción. Obviamente que el nuevo régimen quisiera desaparecerlos del mapa pero se ha visto obligado a consecuentarlos por respeto a la institucionalidad.
Visto lo anterior no queda más que calificar al Sr. Ktause como el “oligarca panfletario”. Es una vergüenza que algunos lo califiquen de intelectual.
