Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2021
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el abogado Roberto Pereira del Estudio Benites, Vargas & Ugaz, presentan un recurso denominado amicus curiae en defensa del derecho a la libertad de expresión del periodista Daniel Yovera, quien en su documental “The Sodalitium Scandal” reveló en 2019 un caso de tráfico de tierras en Piura que involucra a empresas y miembros vinculados a la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana.
Tras la publicación del documental “The Sodalitium Scandal”, el periodista Daniel Yovera fue querellado por supuesta difamación agravada por Alberto Gómez de la Torre Pretell, un exrepresentante de la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB), la cual fue mencionada por su presunta vinculación con organizaciones criminales y miembros del Sodalicio para apropiarse de tierras de comuneros de la provincia de Castilla, en Piura.
La querella de Alberto Gómez de la Torre, que pide 3 años de cárcel para el reportero, actualmente se encuentra en el despacho del juez Arnaldo Sánchez Ayaucán, del Segundo Juzgado Penal de Reos Libres.
Frente a esa situación, la CNDDHH y el abogado Roberto Pereira incorporaron al proceso de Yovera un amicus curiae, un recurso legal para ofrecer una opinión a favor de algún derecho, para defender la libertad de expresión del periodista denunciado.
«El documento plantea al juez una serie de criterios que le ayuden a tomar una mejor decisión. La denuncia pretende criminaliar un reportaje que publica cuatro testimonios de personas que incriminan a personajes vinculados al Sodalicio», explica Pereira.
“Se trata de un caso de reportaje neutral, toda vez que el periodista cumplió con las exigencias de esta figura conforme a lo establecido por la doctrina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo Plenario N°3 – 2006/CJ-116”, argumenta Pereira, del Estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados.
La CNDDHH se ha pronunciado señalando que «este argumento contra Daniel Yovera puede ser usado por personajes públicos para criminalizar investigaciones periodísticas en base a testimonios sobre hechos de interés público como es el tráfico de tierras que sufren los comuneros de la comunidad de Castilla y Catacaos».
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CNDDHH, Miguel Jugo, sostiene que sancionar penalmente el derecho a la libertad de expresión, en un contexto donde la propiedad de tierras de comuneros de Castilla (Piura) están en riesgo, trasciende el interés particular.
FUENTE: Wayka.pe