Por Valeria Romero*, Resumen Latinoamericano, 28 de septiembre de 2021.
Durante todo el día del 22 de septiembre las redes sociales, los medios digitales provinciales y nacionales reprodujeron un video que es parte de una investigación judicial. Se puede ver como en una calle céntrica de Resistencia un varón persigue, derriba a una mujer y la patea cuando ella está en el suelo. En la noticia, relatada por los portales, se da cuenta de que el agresor es un reconocido ginecólogo.
Muchas personas de mi entorno comentaban la noticia poniendo el acento en que se trataba de tal médico, de gran prestigio y de que ella le había rayado el auto. Cuando decidí leer las publicaciones me llevé una desagradable sorpresa. Eran las declaraciones del fiscal las que daban cuenta del detalle del daño al vehículo.
Resaltadas en negritas, las palabras de Jorge Cáceres Olivera apuntaban a explicar que fue la mujer la que se acercó al varón y que habían discutido “por un vínculo interrumpido, el profesional quiere subir a su auto y ella le rayó el capot con una llave”. Automáticamente, en el imaginario de la persona que lee aparece la justificación para el agresor. Son las declaraciones del funcionario las que desvían la atención hacia la víctima y su supuesta conducta anterior. Es lo que se suele denominar la construcción de la “mala víctima”. Este concepto induce a pensar que no merece justicia ni la empatía de la sociedad. Nos disciplina también a las mujeres e identidades diversas, nos obliga a pensar que si no nos enojamos, no reaccionamos, no va a venir un varón a agredirnos.
Con estas palabras el fiscal opera sobre la comprensión del hecho y allí aparece el sentido común, atravesado por la cultura machista, que busca culpar a la mujer. Ella es la loca, la despechada, la irracional, la que se lo buscó.
La mirada se desplaza del brutal hecho de violencia cometido por el médico a las conductas anteriores de la víctima. Es el mismo funcionario, una persona con poder, el que inclina la balanza en contra de la mujer. Ni siquiera ocupa el término imputado. Se refiere al agresor como el “profesional”.
Lo que resulta aún más peligroso en el comportamiento del funcionario es que él está designado en fiscalías especializadas en violencia de género. Esas fiscalías se crearon en 2019 para brindar mayor celeridad y aunar criterios, porque “hoy todo tiende a la especialización en los temas que más golpean y la violencia de género está en el eje de la escena judicial en nuestra provincia”, según declaraciones del Procurador General, Jorge Canteros, a un medio radial. Las designaciones, afirmaba el titular del Ministerio Público Fiscal, se realizaron teniendo en cuenta la formación en perspectiva de género. La realidad es que esto es muy difícil de comprobar. Las tres fiscalías ya venían en funciones y no se abrió un concurso específico en el cuál se pudiera evaluar la capacitación o formación requerida para esta tarea. Inclusive, sería bueno agregar ahora una audiencia pública para hacer preguntas sobre qué es lo que entienden por perspectiva de género.
¿Cómo se espera que se comporte un fiscal especializado en violencia de género? La expectativa es que trabaje para sostener los testimonios de las denunciantes. Así dicen todas las recomendaciones realizadas por los organismos que abordan la falta de acceso a la justicia de las mujeres e identidades diversas. No entiendo cómo pudo haber sido elegido en el cargo si en una declaración periodística le “baja el precio” a la denuncia de la mujer.
*Abogada, Magister en Gobierno y Economía Política, Diplomada en Estudios Feministas