Por Darío Balvidaresm Resumen Latinoamericano /01 de septiembre de 2021 – Entre fines de julio y agosto, el gobierno nacional anunciaba cuatro proyectos de ley para educación, primero en el Consejo Económico y Social (CES) y el 4 y 5 de agosto fue con el Consejo Federal de Educación (CFE) en el Centro Cultural Kirchner.
El ministro de la cartera educativa, Nicolás Trotta primero se reunió con Gustavo Béliz, secretario de asuntos estratégicos en el marco del CES y luego con los 24 ministros de educación que componen el CFE.
El documento que se presentó en ambas oportunidades contenía el borrador de los cuatro proyectos que se refieren a Justicia educativa, Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior.
El primero establece subir el financiamiento de la educación, llevándolo del 6% del producto interno bruto (PIB) al 8%, siendo los dos puntos de diferencia para la educación superior. Aunque es necesario aclarar que la anterior ley (26.075) de financiamiento del año 2006 (aún vigente) fijaba a partir de 2010 el 6% del PIB, cosa que se cumplió sólo en el año 2015.
Además de la aspiración a universalizar el acceso en el nivel inicial y en el corto y mediano plazo, incorporar a les niñez de 3, 4 y 5 años que aún no están escolarizados, también propone realizar una revisión “integral” del modelo de la secundaria para mejorar las condiciones de acceso y egreso del sector vulnerado. Cambiar las horas cátedra por cargos fijos en los primeros años, la necesidad de innovar en las titulaciones y planes de estudio y de articular con el mundo del trabajo.
El segundo proyecto es el de Formación docente, uno de los temas con que más se ha golpeado al conjunto de la docencia. El foco de conflicto es que habría la pretensión, en el borrador del proyecto, de que los 1.300 profesorados del país pasen a depender del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).
El tercero, Tecnología educativa, remite a la universalización en la distribución de dispositivos y la ampliación de la conectividad a través del Fondo Fiduciario de Servicio Universal para alcanzar las localidades y puntos más alejados del país.
El cuarto proyecto, pretende regular la creación de universidades nacionales, que el Congreso defina una partida para becas estudiantiles (un 5% para la matrícula de universidades privadas) y que las carreras que incluyan las nuevas universidades estén vinculadas con las necesidades productivas del territorio.
Además de que está clara la alineación con las necesidades del mercado, aparece como tema para la discusión, la posibilidad de que los profesionales graduados realicen un aporte de sus ingresos, que se ajustarán a determinadas condiciones.
Más allá de las consideraciones generales que mueven estos proyectos que nos reinscriben en el lugar del que nunca salimos, la dependencia de los organismos multilaterales de crédito, la pregunta es, cuando aún no terminamos de transitar la pandemia, cuando las luchas gremiales docentes no cesan por los reclamos salariales con sueldos que no alcanzan las canasta familiar y condiciones laborales que con la pandemia se han pauperizado aún más en todo el país: ¿Qué mueve al gobierno y al ministro Trotta a incrementar las deudas con las soluciones mágicas que ofrecen el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)? ¿Acaso no entendieron que desde los 90 del siglo pasado estamos endeudándonos y siguiendo los lineamientos “técnicos” y “recomendaciones” políticas de estas insignias financieras del neoliberalismo?
Las reuniones por zoom, en auditorios o en el CCK, no reflejan la realidad docente y los miles de millones tomados en préstamos a estos organismos exceden con creces la discusión sobre un salario docente inicial igual o superior a la canasta familiar.
En el marco de la reunión con el CES, el secretario de asuntos estratégicos, Gustavo Béliz, se mostró optimista respecto del documento presentado con el borrador de los proyectos y afirmó que: “
Los aportes del Consejo Económico y Social van a ser muy ricos porque han atravesado elementos que son muy importantes y que tienen que ver con la convocatoria a Proyectos Innovadores de Educación y Trabajo que estamos lanzando y con lo que estamos trabajando en conjunto en el marco del proyecto del Banco Mundial”.
Además en la convocatoria se anuncia financiamiento para educación digital en poblaciones vulnerables, capacitación docente en habilidades tecnológicas, formación en tecnologías 4.0 y monitoreo de la educación y el trabajo del futuro en el marco del Programa de Innovación para Respuesta a Situaciones de Crisis y Gestión de Prioridades Estratégicas. El préstamo del BID de 20 millones de dólares refrendado por el decreto 970⁄20 (del 2 de diciembre de 2020), cuya
ejecución según el artículo 4 del propio decreto queda a cargo de la secretaría de asuntos estratégicos. No olvidemos que el propio Gustavo Béliz fue director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del BID.
Pero se podría decir que el dinero no es tanto para un Estado soberano y que el préstamo está cargado de buenas intenciones. Es cierto, lo que sucede es que difícilmente se ven los efectos reales de esos préstamos, puesto que siempre estamos sobre las mismas problemáticas y los dineros pagan servicios que no terminan de mostrar, en términos de los propios organismos internacionales, su eficacia; puesto que los gobernantes vuelven a tomar deuda para las mismas temáticas.
Por ejemplo, otro de los préstamos del BID (AR-L1330) para el Programa de Innovación Federal (11÷12÷2020) cuyo organismo ejecutor es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, asciende a 287.500.000 dólares de los cuales el banco pone 230 millones y la contrapartida Argentina es de 57.500.000. Es decir que la deuda que se toma es para que la investigación redunde en beneficios productivos, pero sucede que el propio BID identifica que “las empresas argentinas invierten solo el 1,35% de sus ingresos en innovación, contra el 4% promedio de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”.
Es curioso, pero cada vez queda más claro como la educación y el conocimiento público se orientan como subsidiarios de los intereses de mercado, hasta el propio BID señala que en la Argentina el mundo privado no invierte en I+D (Investigación y Desarrollo), por ese mismo motivo los sucesivos gobiernos toman créditos que endeudan al país y un puñado de corporaciones se ven beneficiadas con el conocimiento público.
Hay prestamos del BID que se están ejecutando desde 2008 como el de Programa de Apoyo al Mejoramiento de la Equidad Educativa (AR-X1011) por 2.700 millones de dólares (entre otros que también se encuentran en etapa de implementación por otros cientos de millones de dólares) con el que se crea el “Plan Mejoras” en la educación secundaria que consiste en pagarle sumas informales a les docentes por la implementación de proyectos; los dineros se depositan en una cuenta bancaria a nombre del director de la escuela, que se hace cargo de los pagos no registrados, que sólo se contabilizan para la rendición de cuentas del programa. Lo que constituye trabajo precarizado, legitimado por el propio Estado.
Pero no es sólo con el BID, ya vimos que el secretario de asuntos estratégicos, Gustavo Béliz, también trabaja en el marco de los proyectos del Banco Mundial (BM), y uno de ellos, el “Proyecto de Mejoramiento de la Inclusión en la Educación Secundaria y Superior para Argentina”, aprobado el 28 de junio de 2019 tiene como objetivos, según el propio resumen del BM : ”(i) reducir las tasas de deserción en la educación básica y superior entre los más vulnerables; y (ii) fortalecer los sistemas de evaluación educativa del Prestatario”.
Décadas escuchando los mismos argumentos de las mismas instituciones, décadas de endeudamiento, para tomar este flamante préstamo por 341 millones de dólares, cuya unidad ejecutora es el ministerio de educación, que por lo general terceriza sus acciones en fundaciones u ong privadas.
Es justamente el BM el que tiene la mirada economicista de la educación y el que lamentablemente sigue poniendo las coordenadas del camino reformista del que los sucesivos gobiernos no solo no se apartan, sino que se esmeran en darles continuidad.
La educación para el BM, no existe más que en la ecuación con el rendimiento productivo, por lo tanto no es extraño que piense al conjunto de los estudiantes en términos de capital humano, lo que equivale a un valor de las habilidades de una persona en función de las posibilidades de productividad, allí se agota la importancia de la educación en la lamentable pedagogía del BM.
Para ilustrar, en sus propios términos, el BM está preocupado porque los efectos de la pandemia puedan aumentar “pobreza de aprendizaje” en un 20% en América Latina y el Caribe debido al cierre prolongado de las escuelas durante la pandemia, y así lo expresa en su Informe: “Las pérdidas de aprendizaje podrían traducirse en un costo económico total, medido en términos de pérdida de ingresos futuros a percibir, de hasta US$1.700 millones de dólares, tomando en cuenta dólares de paridad de poder adquisitivo —PPA— (de 2017) y una duración estimada de 10 meses de cierre de escuelas. Con más del 80 por ciento de los alumnos por debajo del nivel mínimo de rendimiento, las pérdidas de aprendizaje podrían impedir que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias consideradas básicas/fundamentales en varios países”, según sus propios simuladores de cálculos.
No le preocupa al BM, la pobreza extrema que se generó en la región siguiendo sus políticas, ni la crisis de los sistemas educativos que provocan las mareas de reformismo fundamentalista que sostienen junto a la OCDE y los procedimientos de estandarización y vaciamiento de contenidos y saberes. Sí, le preocupa que los potenciales “recursos humanos” pierdan la posibilidad de transformarse en “valor productivo”, en “capital humano”.
Si los proyectos en ciernes del ejecutivo tienen la vista favorable de instituciones obsoletas como el Banco Mundial y el BID y peor aún, si todavía se recurre a estos organismos que desbordan de neoliberalismo para seguir con la adicción de tomar deuda, entonces ninguna “reconstrucción” es viable, porque la educación queda reducida a meros adiestramientos mercaderiles para que el “capital humano” (deshumanizado) continúe poniendo en valor la concentración de la riqueza y se acentúen los procesos de colonialidad.
Tomar deuda que hipoteca, aún más, a las generaciones presentes y futuras con estos organismos, que junto con los dineros del préstamo se propone el paquete de políticas para su ejecución, es asimilable al paquete de semillas transgénicas que incluyen los agrotóxicos.
En síntesis, la estandarización de la educación, es semejante a la estandarización de los monocultivos, se van perdiendo poco a poco los nutrientes.
No es la pandemia, es el sistema, que incluye a la pandemia, que exacerbó todos los mecanismos de desposesión, deshumanización y desigualdad que lo sostiene.
La “nueva normalidad” debería generar los dispositivos que permitan quebrar esos mecanismos y si la educación tiene que ser partícipe, no es con las recetas coloniales reformistas, que también son parte del mecanismo de sujeción, sino contra ellas, contra la pedagogía economicista del conocimiento.
Fuente: Tramas.ar
