Resumen Latinoamericano, 31 de agosto de 2021
La senadora de Salta, Nora del Valle Giménez presento el proyecto de ley donde solicita prorrogar hasta 2025 los relevamientos territoriales en comunidades indígenas de argentina. En noviembre vence la ley que protege a las comunidades originarias de desalojos arbitrarios.
El pasado 12 de agosto fue ingresado a Dirección General de Comisiones el proyecto de ley S‑1813/21, que prórroga la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, hasta el 23 de noviembre de 2025 firmado por la senadora por la provincia de Salta, Nora Giménez.
Solicita se destine asignar para cada uno de los cuatro (4) ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de la presente ley un crédito de pesos doscientos noventa millones ($290.000.000) destinados a la atención del Fondo Especial creado por la Ley 26.160.
En la actualidad, el proyecto se encuentra en trámite legislativo en la comisión de presupuesto y hacienda, donde se espera tenga dictamen para su tratamiento en el recinto parlamentario. La Ley Nacional N° 26.160 establece que el Estado Nacional, a través del INAI, realice un relevamiento de las tierras habitadas por las Comunidades Indígenas en el territorio nacional y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas de la República Argentina. Desde su sanción en el año el 23 de noviembre del año 2006 la ley ha sido prorrogada por Ley 26.554, Ley 26.894 y Ley 27.400, hasta el 23 de noviembre de 2025.
En los fundamentos, el texto señala que la ley prevé la participación indígena en todos los niveles del relevamiento, manifestada a través del Consejo de Participación Indígena (CPI), que son representantes de cada pueblo elegidos por las propias comunidades en cada provincia. Este organismo, habría junto al INAI, diseñado el Programa Nacional de Relevamiento Territorial para esta etapa hasta el año 2025, donde se prevé la conformación de Unidades Ejecutoras Provinciales integradas por representantes del Poder Ejecutivo Provincial, los representantes indígenas y un Equipo Técnico Operativo.
FUENTE: El extremo sur