Por Regina Pérez, Resumen Latinoamericano, 30 de septiembre de 2021.
El Consejo de Comunidades de la Costa Sur denunció la represión que sufrieron pobladores de Cuyotenango, Suchitepéquez, el pasado lunes 27 de septiembre cuando protestaban por la falta de energía eléctrica que la empresa Energuate debe proveerles, ya que un grupo de antimotines intervinieron con gases lacrimógenos. El conflicto por la falta de energía y los cobros excesivos se ha agudizado este año.
El pasado 27 de septiembre, comunitarios de varias aldeas de Cuyotenango protestaron en el kilómetro 169, en el departamento de Suchitepéquez, exigiendo la reconexión del servicio, que afirman sí están pagando. Esta es una problemática que se agudizó en febrero de este año, cuando varias comunidades de Champerico y Retalhuleu se quedaron sin luz.
Abelino Mejía, de dicho Consejo, señaló que el gobernador de Mazatenango, José Luis Sam, en vez de atender a la población en una mesa de diálogo, envió antimotines para dispersar a los manifestantes, que actuaron sin agotar el diálogo y sin importarle que había mujeres y niños protestando de manera pacífica.
Derivado de la intervención de los antimotines, unas 35 personas resultaron afectadas por el gas lacrimógeno y sufrieron golpes. Incluso hablan de una niña fallecida.
En los videos que circularon en redes sociales se ve a los pobladores con carteles y cantando el himno nacional, para manifestar su descontento, mientras los antimotines se acercaban para liberar el paso.
Hemos estado sufriendo sabotajes pero las facturas de los consumidores sí llegan y hasta con un incremento, agregó.
Inés Chajil Say, del Comité de Unidad Campesina (CUC), lamentó el monopolio de Energuate en el país y aseguró que no hay otra empresa que pueda proveer el servicio, por lo que abusa del usuario. La gente opta por una resistencia por los cobros excesivos, nos damos cuenta de que el cobro del alambrado publico es de Q38 y una tarifa fija en los recibos es de Q22, solo con eso son Q60 sin contar el servicio domiciliario, manifestó.
Chajil pidió ponerle atención a este conflicto que es a nivel nacional, no solo de la costa sur, provocado por los cortes generalizados.
“La empresa llega a las comunidades con antimotines, ¿Cómo es posible que en nuestras comunidades nos estén atacando con bombas lacrimógenas?”, cuestionó la lideresa.
PDH no confirma que haya fallecido un niño
Como resultado de la intervención de los antimotines, los representantes de las comunidades indicaron que una mujer fue detenida, un niño falleció y varios manifestantes resultaron heridos. Sobre la muerte del niño, Tere Ramírez, auxiliar interina de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en ese departamento, dijo que no pudieron confirmar dicho extremo.
Entre las personas heridas también hubo varios agentes de la PNC, agregó Ramírez.
La auxiliar indicó que no hubo mesa de diálogo y que no mediaron porque los pobladores no querían. “Si hubieran querido los actores y sectores en ese momento si se hubiera promovido una mesa de diálogo”, dijo.
PDH interpone un amparo a favor de pobladores
El pasado 28 de septiembre, la PDH interpuso un amparo en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en contra de DEOCSA, que pertenece a Energuate, por los cortes generalizados del servicio de energía eléctrica en dicho municipio.
Samuel Hernández, asesor legal de la PDH, informó que el motivo de esa acción contra la empresa se debe a que los cortes son generalizados, esto significa que varios usuarios que están al día con sus pagos también se ven afectados por la falta de energía eléctrica.
Para evitar conflictos con las personas que están conectadas de forma anómala, las empresas cortan el servicio a toda la comunidad y eso afecta los derechos de los usuarios que sí están al día, manifestó.
Hernández señaló que el amparo es para evitar ese tipo de cortes con la intención de que si la empresa quiere cortar los servicios tiene que hacerlo de manera individualizada, sin afectar los derechos de otras personas que sí pagan el servicio.
Antecedentes del conflicto
Mejía señaló que las empresas Distribuidora de Energía de Eléctrica de Oriente (DEOCSA) y de Occidente (DEORSA), de Energuate llevan más de 20 años proveyendo del servicio de energía eléctrica en Retalhuleu y Suchitepéquez, sin embargo, los pobladores se quejan de los cobros excesivos y ahora, de mantener a las comunidades sin luz, incluso por meses.
El entrevistado comentó que este año los cortes de luz iniciaron desde el 10 de febrero, cuando comunidades de Champerico se quedaron sin el servicio por dos meses y varios días, razón por la que hicieron una caminata a la ciudad capital para exigir la reconexión de la energía eléctrica.
Si bien la empresa refiere que el corte es porque algunos usuarios no pagan y que otras comunidades realizan conexiones ilegales, el secretario del Consejo de las comunidades de la Costa Sur indica que eso no es verdad, porque hay comunidades donde ni siquiera hay postes de luz.
Muchos usuarios decidieron ya no pagar por los cobros altos. En Champerico, pagan Q49 en concepto de alumbrado público y en la factura aparece un cobro fijo de Q22, a eso se le suma el gasto que cada consumidor consume por mes, explicó.
En su caso, indica que no tiene aparatos electrodomésticos, solo tres focos y la factura que le llega es de Q350.
Por el mal servicio y el abuso es que las comunidades están en resistencia, ellos no se oponen a pagar el servicio, pero la atención que da la empresa es mala y hay abusos en el cobro, indicó.
Como salida al conflicto se prevé una mesa de diálogo, no obstante manifiesta que la empresa no ha respetado las resoluciones de los juzgados cuando otorgan los amparos.
Este miércoles, la PDH informó que un Juzgado le otorgó un amparo provisional presentado contra DEOCSA el cual obliga a la empresa a que restablezca inmediatamente el servicio en comunidades de Champerico Retalhuleu.
Fuente: Prensa comunitaria