Alejandro Narváez Liceras* /Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021
La economía peruana ha sufrido un shock sin precedentes, producto de la pandemia, como jamás habíamos visto. Ha supuesto una disrupción de gran calado. Los esfuerzos realizados para apoyar a familias, trabajadores y empresas han tenido resultados mediocres, habiendo implementado según el MEF, el mayor Plan Económico frente al COVID en América Latina con medidas equivalentes a 142,272 millones de soles (19.82% del PBI) a diciembre de 2020.
Cifras al canto: Según el INEI, sólo en Lima Metropolitana a julio de 2021, la población desocupada y la no activa (no trabaja ni busca trabajo) alcanzó el 41.8% de la PEA (2019: 33.12%). La pobreza monetaria a nivel nacional llegó a 30.1% (2019: 20.2%) a diciembre de 2020. Durante el 2020 se crearon 235,447 empresas y han desaparecido 45,467 (19.32% de ese total), la morosidad global del sistema financiero según la SBS, subió a 7.25% en abril 2021 (diciembre 2020: 5.38%), etc. La pregunta es: ¿tanto dinero gastado, para qué?
Si bien, la economía peruana ha experimentado un rebote relativamente robusto en lo que va del año, su duración y sostenibilidad todavía son inciertas, pueden ser coyunturales. Los efectos de la pandemia serán persistentes y no se volverá a los niveles previos a la misma hasta 2023, en el mejor de los escenarios. No olvidemos, aun cuando se dé una importante recuperación, los retos a los que se enfrenta el país son de “una elevada trascendencia”, que ya existían antes de la llegada del virus y la pandemia los ha agravado.
A medida que desaparecen las restricciones y avance la vacunación, la recuperación económica cobraría mayor dinamismo. Las predicciones de algunos analistas como el banco de inversión Credit Suisse, (18 de agosto 2021) apuntan a tasas de crecimiento del 11% para 2021 y el MEF en su Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2022 – 2025, publicado el 25 de agosto último, estima un 10.4% para este año y un 4.8% para el 2022. Las cifras proyectadas en el MMM sirvieron de base para presentar al congreso el proyecto de presupuesto del 2022. En dicho documento se estima un crecimiento del PBI promedio de 4.3% para el periodo 2022 – 2025. Con este nivel de expansión es improbable, reducir la pobreza en ese lapso al menos a los niveles de 2019 y recuperar el empleo perdido producto de la crisis. El crecimiento del PBI promedio entre 2010 – 2019 fue de 4.5% y la pobreza en ese mismo periodo, es decir, en 10 años apenas se redujo en 10.6%, a un ritmo anual de 0.99% (en un próximo articulo hablaremos sobre el presupuesto del 2022).
Respuesta desde las políticas públicas a la crisis
Lo dijimos más de una vez. El coronavirus ha puesto en evidencia que nuestro país nunca estuvo preparado para nada. Ha puesto al desnudo nuestras miserias más profundas. La bonanza económica del periodo 2001 y 2017 sirvió de muy poco, excepto para hacer millonarios a una pequeña élite codiciosa y angurrienta. La educación pública de calidad, la salud para todos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología para tener industria propia, etc. les importó muy poco a los distintos gobiernos que se han sucedido a lo largo de los años.
Los desafíos de la economía peruana son de carácter estructural y exigen respuestas estructurales, basadas en un consenso amplio y con vocación de permanencia en el tiempo. La sostenibilidad de la recuperación a medio y largo plazo dependerá de cómo se atacan los problemas como la elevada informalidad de la economía, el desempleo y el empleo informal, la desigualdad creciente, la baja productividad, la corrupción, la masiva quiebra de familias y empresasdeclaradas insolventes, etc.
Para hacer frente a estos problemas, hacen falta reformas integrales y consensuadas y de gran calado. Hay que cambiar el sistema educativo de arriba a abajo. Otro aspecto importante es el mercado laboral que debe ajustarse a las nuevas realidades que surgen de la pandemia y la digitalización, y para ello es necesario modernizar el marco laboral existente, que favorezca la eficiencia y la productividad de la economía y la justa compensación de los trabajadores.
Por otra parte, nuestro sistema político es incapaz de encauzar con una lógica democrática, soluciones a los problemas estructurales del país. Los complejos problema sociales y económicos no se pueden abordar con demasiada simplicidad y menos con una confrontación visceral, como se ha visto en el reciente debate que se dio en el congreso con ocasión del voto de confianza solicitado por el ejecutivo. Creo que la política peruana necesita un reseteo radical y ahora. Una crisis inédita como la que vivimos demanda una respuesta extraordinaria, conjunta y con sentido de país.
Construir “infraestructura humana”
Necesitamos “desesperadamente” invertir en el futuro del país, en activos tangibles como carreteras o puentes, hospitales, centros de investigación, etc. y sobre todo en la gente, especialmente en sus niños y adolescentes. Hay muchas evidencias de que invertir en las familias con niños y adolescentes enriquecerá al país y lo hará más productivo a largo plazo. Pero para ser justo, esos retornos o beneficios tardarán algún tiempo en materializarse.
Históricamente la inversión en educación, salud, en I+D+i, han sido ínfimos. El coronavirus debe ser un buen pretexto para dotar de mayores recursos a esos sectores claves para el futuro del país. Nuevamente, estas decisiones requieren romper el viejo tabú del mal entendido equilibrio financiero del presupuesto público. Estas inversiones proporcionan el mayor retorno por soles invertido, aumentan el crecimiento potencial al elevar el nivel educativo de la fuerza laboral, reducen la desigualdad, etc.
No hay razones económicas de peso para no realizar esas inversiones. La deuda no es un problema, teniendo en cuenta las tasas de interés reales cercanas a cero vigentes. Gregory Mankiw, profesor de Harvard, decía al referirse a la crisis actual “hoy no es el momento para preocuparse de la deuda pública”. A la deuda pública hay que tenerle respeto, pero no miedo. Se trata de afrontar la crisis con la convicción de que resulta más útil actuar con los instrumentos económicos disponibles, incluso a riesgo de equivocarse. No se puede hacer tortillas sin romper huevos. Los técnicos del MEF tienen que cambiar de reflejos. A los problemas estructurales que tiene el país, agudizados por la pandemia no se les puede responder con las medidas de antes, con las viejas recetas. El mundo ha cambiado brutalmente. Más de los mismo no servirá. El FMI lo sabe.
Construir infraestructura física
Hace falta voluntad política para poner en marcha una política fiscal agresivamente disruptiva, basada en presupuestos expansivos multianuales, que priorice inversiones de gran magnitud en infraestructura física y equipamiento en educación, ciencia e investigación, salud, transportes y alfabetización digital, etc. Todo ello sería parte de la construcción de un país pos – coronavirus que sólo el Estado puede hacer. Estas inversiones tendrían un doble efecto: mantener la economía en el terreno positivo y hacerlo sostenible, y preparar el país para futuros eventos no deseados. Los inversionistas privados no invierten en carreteras, hospitales o colegios públicos, menos aún en tiempos de crisis. Y lo sabemos todos.
El otro frente de batalla que el gobierno debe librar, con firmeza y predicando el buen ejemplo, es la corrupción estructural. Este flagelo ha pervertido la política, la justicia, la realidad económica, las prácticas sociales, las acciones del gobierno, el mundo del trabajo, los fines y modos de vida cotidiana de la gente, y a su vez ha engendrado una clase rica hecha en la penumbra y al margen de la ley, empeñada en controlar la política y los principales espacios de poder, de paso poniendo en peligro la supervivencia de nuestra débil democracia.
Diversas investigaciones revelan que, un país corrupto podría tener niveles de inversión hasta 5% del PBI menos que países sin corrupción, lo que se traduce, a su vez, en pérdidas de crecimiento de la economía a largo plazo de 0.5% por año. La Contraloría General de la Republica acaba de revelar (13 de agosto de 2021) en el 2020 se perdieron 22,059 millones de soles por efecto de la corrupción (12.6% del presupuesto de ese año).
Consecuencias duraderas
La pandemia puede tener consecuencias duraderas y dolorosas. Y la lista es larga: un aumento del desempleo de larga duración y la desigualdad en los colectivos familias ya de por sí muy vulnerables como los jóvenes poco formados de ingresos bajos, una aceleración de los procesos de automatización que puede afectar a mujeres y personas con escasa calificación, y una reducción del capital invertido del sector privado, lo que recortaría la capacidad de crecimiento, cambios en la demanda, sobre todo en las grandes ciudades por el teletrabajo.
Una mayor competencia y aceptación de las ventas online dejaría a la economía peruana en una situación más vulnerable. Finalmente, si no se atacan frontalmente estos problemas, la desigualdad que se venía arrastrando antes de la pandemia se disparará aún más poniendo en entre dicho nuestra débil democracia.
* Es Profesor Principal de Economía Financiera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
FUENTE: Otra Mirada
