Resumen Latinoamericano, 1 de septiembre de 2021.
Congresistas de diversas bancadas de la derecha continuaron con su plan de linchamiento de ministros del nuevo gobierno, y por ello presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, para que explique sus supuestos vínculos a actos terroristas.
El documento firmado por el vocero de Renovación Popular, el ultraderechista vicealmirante retirado Jorge Montoya, con el apoyo de su bancada, está acompañada por las rúbricas de varios legisladores de Fuerza Popular y Avanza País.
Como primer punto, los parlamentarios piden que el ministro explique sus relaciones con dos entidades legales, el Sutep-Conare, coligiendo que ambas, según su mente afiebrada por el macartismo, tienen relación con otra orgización legal (pero perseguida por el narcofujimorismo) que es el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), ya que varios de sus integrantes firmaron para que dicha agrupación participe en la política. Y se dice eso, como si firmar por el reconocimiento de una organización fuera un acto criminal.
Asimismo, los energúmenos disfrazados de parlamentarios, solicitan que Maraví «aclare la relación que tuvo con los terroristas Edith Lagos y Hildebrando Pérez Huarancca (uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca que acabó con la vida de 69 campesinos), así como su presunta participación en actos delictivos, según el atestado de 1981 de la Policía Nacional del Perú (PNP)». Actuando como aprendices de un Servicio de Inteligencia incriminan al ministro sin ningún tipo de pruebas, salvo las suministradas por las cloacas desinformativas de los medios hegemónicos peruanos.
Luego, continúan acumulando acusaciones y lo intiman a Maraví:
“Para que aclare en qué circunstancias se lo sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en 2004″, indica.
Finalmente, piden que responda si algún momento tuvo algún tipo de liderazgo en el Movadef y sobre su participación en la protesta magisterial de Huamanga en 2004.
Realmente, este tipo de persecución que encara la derecha sería más que ridícula si no fuera porque detrás de cada una de estas imputaciones se mueven poderosos intereses de quienes desean derrocar al gobierno de Pedro Castillo. Es deseable que el Presidente y el Premier no dejen de resistir a estos embates, ya que si se lo hace, vendrán otros más hasta desgastar la posibilidad de hacer un gobierno para el pueblo.