Ecologistas en Acción de Andalucía ha comparecido ante la Comisión Parlamentaria que debate el Proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), presentado por el Partido Popular, y apoyada por Vox y el PSOE, manifestando su profundo desacuerdo con el mismo, porque estima que es social, ambiental y económicamente retrógrada, que rema en sentido contrario al principio de sostenibilidad, tergiversando su significado.
El representante de 
Ecologistas en Acción, Juan Antonio Morales, señaló como uno de los primeros problemas del urbanismo andaluz es el exceso de suelo urbanizable, sobredimensionamiento de suelos para urbanizar que provocó la crisis de 2008, y que la nueva ley, en vez de abordar su desclasificación, los asume en su totalidad. Los suelos urbanizables se incrementarán de forma alarmante a causa de la auténtica desregulación que establece la LISTA.
Este exceso de suelo para urbanizar tiene, entre otras perniciosas consecuencias, un efecto inflacionario sobre el precio del suelo, debido a su acaparamiento, elevando el precio de la vivienda y, por consiguiente, dificultando el acceso a la vivienda de los andaluces, uno de los problemas más graves que soportamos. El alto precio del suelo incide en el alto coste de la vivienda, sea en compra o en alquiler, y en lo menguado del parque público de viviendas en alquiler.
Como ejemplo de este disparate que obvia, y sanciona la LISTA, es la relación entre suelo urbanizable sobre el suelo urbano: en Cartaya es de 130%, Lepe 129%, Barbate 106%, Chipiona 203%; Puerto Real 134%, Tarifa 132%, Vejer 113%, Alhaurín el Grande 167%, Coín 210%, Estepona 133%, Manilva 292%, Mijas 113%, Torrox 123%, Vélez Málaga 294%, Motril 90%, Almería 111%, Garrucha, 372%, Pechina 283%, Pulpí 171%, Viator 469%, etc.
Esta ley no promueve las condiciones necesarias para la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, fomenta la especulación urbanística e impide el acceso de todos y todas a disfrutar de una vivienda digna.
La única forma de atajar el exceso de suelo urbanizable y la especulación urbanística, es mediante medios coercitivos, fijando plazos y consecuencias legales del incumplimiento de la programación de ejecución del planeamiento, y procediendo automáticamente a la desclasificación de suelos urbanizables no ejecutados, como ya se hace en Castilla y León. La nueva ley no solo no avanza en limitar los crecimientos injustificados, sino que supone un importante retroceso respecto a la maltrecha situación actual. La LISTA seguirá alimentando la inflación de suelos edificables, provocando nuevas burbujas inmobiliarias y el aumento de los precios del suelo y la vivienda.
El segundo de los problemas señalados por Morales en la Comisión es la facilidad con que promueve la ley la ocupación del suelo rural por todo tipo de edificaciones e instalaciones y que el Defensor del Pueblo calificó ya en el año 2000, de hecatombe ecológica. Este proceso de urbanización ilegal del suelo no urbanizable se ha acelerado en los últimos 20 años: son algo más de las ¾ partes del total, 1.739, sobre 2.246 enclaves de edificaciones ilegales – , se han iniciado a partir del año 2000. Si esto ha ocurrido con la actual legislación restrictiva, la desregulación del suelo rural que propugna la LISTA, puede provocar una vorágine urbanística de consecuencias incalculables, efecto potenciado por la prescripción de la potestad de restablecimiento de la legalidad, para así blindar las viviendas ilegales.
Las medidas para la regularización de las viviendas ilegales que contempla la ley, constituyen un reclamo para los delincuentes, si no van precedidas de una efectiva disciplina urbanística, que mal empieza si se relaja la normativa previa y no se acompaña de medios suficientes, para lo que no basta la creación de un cuerpo de subinspectores, dada la magnitud del problema.
Hoy en día, cuando el medio ambiente, especialmente en lo relativo a la biodiversidad y al cambio climático, ha adquirido una importancia fundamental para la misma supervivencia de la especie humana, y el suelo juega un importante papel en esos aspectos, nada justifica la construcción de viviendas en el campo no vinculada a la actividad primaria.
También estima que con carácter general debe protegerse todo el suelo rural, por el solo hecho de serlo, como hace la ley estatal y no sólo el clasificado como suelo especialmente protegido.
Ecologistas en Acción ha advertido también en el Parlamento que el uso minero, que necesariamente ha de realizarse en suelo rural, no es ordinario, y no puede equipararse por su propia naturaleza y poder destructivo a los agropecuarios o equivalentes, por lo que debería estar sujeto al correspondiente trámite de un Proyecto de Actuación o Plan Especial. La LISTA abre Andalucía a la explotación minera indiscriminada.
El proyecto de ley es una disposición netamente desreguladora, que elimina límites al crecimiento urbanístico y a la prohibición de viviendas en el suelo rústico, anula la imprescriptibilidad de la potestad del restablecimiento de la legalidad en el suelo no urbanizable protegido, borra la necesidad de informe del Consejo Consultivo para las modificaciones que afecten a la zonificación o uso urbanístico de dotaciones y equipamientos, se salta el procedimiento de modificación de trazado de las vías pecuarias en los Hábitat Rurales Diseminados y privatiza la gestión administrativa de los expedientes urbanísticos. Un cúmulo de despropósitos. Este proyecto de ley supone un retroceso, una involución, a la que se hará frente desde todos los ámbitos disponibles.
La LISTA es la ley del todo urbanizable, de los promotores y especuladores urbanísticos; la ley de los infractores y delincuentes urbanísticos.
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La otra Andalucía.
