El joven catalán está acusado de tres delitos de revelación de secretos y dos de daños informáticos. La Guardia Civil considera que fue el autor de atacar más de un centenar de páginas web relacionadas con el Gobierno de España. La defensa, por el momento, no ha podido acceder a la prueba principal para realizar su propio peritaje. Joel ayudó a que no se “hackease” la web del 
referéndum del 1 de octubre de 2017.
Ocho agentes de la Guardia Civil y un funcionario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) levantaron de la cama a Joel Muñoz el 28 de febrero de 2018. Al instante, este joven de 23 años estaba detenido por daños informáticos y revelación de secretos. Mientras tanto, los agentes rebuscaban entre sus pertenencias y dispositivos electrónicos. Se acabaron llevando su ordenador y móvil a las dependencias de la Guardia Civil en Tarragona, donde pasó algo más de 50 horas detenido hasta que le dejaron en libertad con cargos, afirma él mismo.
Tres años más tarde y a espera de fecha para juicio oral, Muñoz se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 18 años de prisión acusado de hackear más de cien páginas web relacionadas con el Gobierno español. Él mantiene su inocencia. Por el momento, su abogado no ha podido acceder a la información recogida en el ordenador requisado para realizar su propio peritaje, pese a haberlo solicitado hace cinco meses.
El grupo de apoyo a Joel Muñoz remarca que esta acción por parte del grupo de delitos tecnológicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se enmarca en la denominada Operación Catalunya. Así pues, además de las casi dos décadas de privación de libertad, Muñoz tendría que abonar una multa de 10.800 euros y cargar con la prohibición de no poder ejercer su profesión en seguridad informática durante esos 18 años.
La defensa busca realizar su propia pericia, una especie de “contrapericia” a la efectuada por la Benemérita
“En los momentos previos al 1‑O todo el mundo se implicó mucho más, parecía que iba a generar un cambio social de verdad, y yo no fui diferente”, narra el propio afectado. En ese sentido, su cometido se basó en dar soporte digital y defender la web del referéndum de los ataques que sufría. Cinco meses después, la Guardia Civil entraba en su casa con una orden de registro y detención. “Mientras veían lo que tenía en el ordenador decían tonterías, bromas de policías, como que si ahora iba directo a la Audiencia Nacional, o que nos íbamos para Madrid. Lo decían riéndose entre ellos para intentar asustarme”, relata Muñoz.
Su sorpresa llegó cuando leyó el escrito de acusación por parte de la Fiscalía y vio los 18 años de prisión a los que se enfrentaba. El global es: doce años de cárcel por tres delitos de revelación de secretos y seis años por dos delitos de daños informáticos. “No fue fácil aceptarlo, sobre todo al principio. Al final lo acabas normalizando. De todas formas, es muy extraño pensar que puedes estar encerrado casi el mismo tiempo que has vivido”, agrega el activista en relación a cómo le ha afectado el proceso judicial.
Sin acceso a las pruebas
Marc Relaño es el abogado del joven catalán: “La Fiscalía sostiene su acusación en base a un informe realizado por la Guardia Civil que procede del volcado de los elementos informáticos requisados el día que efectuaron la diligencia de entrada y registro en la casa de Joel”, comienza a explicar. Pero, ¿cómo llegaron hasta esa casa? “Ellos hicieron una investigación respecto a las IP que se habían utilizado en los ataques a algunas páginas web, y esas IP supuestamente estaban vinculadas a un elemento informático que dependía de un número de teléfono, ligado al domicilio de Joel, según dice la Guardia Civil”, responde el letrado.
Esos códigos IP aparecen porque se produjo un ataque informático a diferentes páginas web, entre ellas la de la Fiscalía General del Estado y algunas empresas privadas importantes. “Desde luego, defendemos la inocencia de Joel. Estamos esperando a que la Audiencia Provincial de Tarragona nos dé acceso a la fuente de la prueba que ha servido como base para realizar la pericia informática de la Guardia Civil, cosa que hemos reclamado hace cinco meses y aún no nos han facilitado”, desarrolla Relaño. La defensa busca realizar su propia pericia, una especie de “contrapericia” a la efectuada por la Benemérita: “Un perito informático independiente debería decir lo mismo que ellos, y si hay divergencias, tendremos que ver cuáles son y a qué se deben”, expresa el abogado del caso.
“Que haya un movimiento del Estado para controlar a la población que consideran disidente del camino marcado, pues está claro que sí”, determina el abogado Marc Relaño
Él mismo se sorprende, e incluso llega a denominar como “cosa extraña”, que la Audiencia Provincial de Tarragona esté tardando más de cinco meses en otorgarle acceso a un elemento informático que debería tener bajo custodia judicial. Así pues, este hecho se traduce en que la defensa no ha tenido acceso a los medios necesarios para poder contrarrestar el escrito de acusación. Por otra parte, Relaño no guarda ningún género de dudas al afirmar que esta actuación se enmarca en la Operación Catalunya. “Que haya un movimiento del Estado para controlar a la población que consideran disidente del camino marcado, pues está claro que sí”, determina.
Contradicciones de la Fiscalía
Y continúa: “Está acreditadísimo que hay un ánimo en el Estado para controlar el activismo. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Eso se me escapa. ¿Que hay muchas causas enjuiciadas y detenidos sin base jurídica en movilizaciones por la independencia? Esto no hace falta que seas abogado para verlo. ¿Qué hay otros enjuiciados que se lo merecen? También, eh, todo hay que decirlo”.
Asimismo, Relaño incide en que “18 años de cárcel por esos delitos es una pena muy elevada”. Desde el punto de vista del defensor, un aspecto que le choca bastante es que la Fiscalía no pidiera abrir la “vistilla de prisión provisional” al primer juez que dejó en libertad condicional a Muñoz: “Si resulta que para el Ministerio Fiscal este chaval es tan peligroso como para pasarse casi dos décadas en la cárcel, ¿cómo que al inicio del procedimiento el fiscal de turno no pidió la prisión provisional para él?”, se pregunta el defensor.
El juez, en este sentido, no puede actuar de oficio, pues debe ser la acusación o la Fiscalía quien solicite este trámite, conocido como la “vistilla del 505” en el mundo jurídico. “O sea, que a Joel le han sacado de su casa, le han practicado una diligencia de entrada y registro, ¿y no se plantean la posibilidad de meter a este señor en prisión teniendo tanta información como dicen tener sobre él? Esto responde a la Operación Catalunya”, determina Relaño.
Así pues, para poder ejecutar la prisión provisional se debe dar riesgo de reincidencia, destrucción de pruebas o de fuga. “Si Joel sabe tanto de informática, en cuanto le dejes libre va a poder borrar cualquier cosa, así que fue un movimiento muy torpe por parte de la Fiscalía, porque ellos sí que sabían de antemano que se iba a practicar una diligencia de entrada y registro. La pregunta es: ¿Qué ha pasado de no ser peligroso a pedirle 18 años de prisión? La respuesta está en la causa, y no puedo decir más por ahora”, se responde Relaño.
Nueva detención en Barcelona
El proceso judicial apenas afectó al activismo de Joel Muñoz hasta el año pasado, cuando volvió a ser detenido en Barcelona: “Iba a todas las manifestaciones que podía hasta que en una de ellas me quisieron identificar y me acusaron de atentado contra la autoridad. Ellos sabían quién era yo y fueron a por mí porque en el coche de los Mossos de Esquadra escuché mi apodo por su radio”, relata el joven. Era 2020 y Muñoz estaba repartiendo unos panfletos en una movilización frente a la sede barcelonesa de la SGAE para llamar a una manifestación que se realizaría la siguiente semana.
“Cuando le detuvieron esta segunda vez, los Mossos de investigación le quitaron el móvil en un proceso por un delito en el que no pueden hacerlo. Esto ha pasado hace un año y todavía no han devuelto el terminal, pese a que yo mismo lo requerí el día de la detención”, concreta el mismo abogado. Relaño, en ese momento, escribió un tuit pidiendo testigos de lo sucedido, y dio con un participante de la movilización en la SGAE que presenció la detención. “Esta persona, que vendrá al juicio a declarar, afirma que Joel no estaba haciendo nada, que no se resistió y que unos policías le redujeron. El atestado policial recoge que uno de los agentes fue agredido, pero el propio testigo vio cómo él solo se caía al suelo, y es ahí cuando se produce esa lesión”, enuncia el propio Relaño.
Aunque los políticos independentistas han sido indultados por los delitos cometidos en torno al 1‑O, miles de activistas que defendieron la autodeterminación a pie de calle continúan con causas judiciales en las que se juegan años de privación de libertad. “La casta política se ha encargado de salvar el culo como ha podido, pero aquí estamos más de 3.000 represaliados en procesos judiciales y enfrentando penas sin ningún tipo de ayuda. Nosotros, los que estamos más jodidos, vemos cómo se dan abracitos entre ellos o cenan con el monarca”, reflexiona el joven. Y termina: “No pienso en el exilio. Para mí no tiene ningún sentido irme a ningún lado. Lo pienso y digo: ‘qué cojones hago yo en Bélgica’. Paso”.
Fuente: La Haine.
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La otra Andalucía.
