Por Ellen Verryt, Peter Veldmanm Resumen Latinoamericano, 20 de octubre de 2021.
A finales de 2019, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Berta Cáceres Flores, una reconocida activista medioambiental de izquierdas y líder de la comunidad indígena lenca de Honduras.
Dos de los asesinos habían sido entrenados previamente por el ejército estadounidense. El tribunal consideró que todos ellos actuaron a instancias de los ejecutivos de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).
El 6 de julio de 2021, David Castillo Mejía ‑exmilitar formado en Estados Unidos, ex presidente de DESA y supervisor de un proyecto hidroeléctrico al que se oponían Berta y sus compañeros- fue efectivamente declarado culpable de ser el autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, esto no puede ser el final del asunto.
¿Robo?
En la noche del 2 al 3 de marzo de 2016 ‑un día antes de su 43º cumpleaños- Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa en el oeste de Honduras.
Según la Policía, el móvil del homicidio fue robo. La familia de Berta no estuvo de acuerdo y pidió una comisión de investigación independiente e internacional.
Este llamamiento dio lugar a una acción mundial, cuya activa presión obligó a las autoridades a admitir que Berta fue asesinada por su lucha como activista medioambiental, que no se trató de un crimen de «delito común».
Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca
Como defensora del ambiente, Berta Cáceres sabía que, según el derecho internacional, los pueblos indígenas deben ser consultados antes de que se tomen decisiones que puedan tener gran impacto en su modo de vida tradicional.
Ella y sus partidarios comprobaron que las empresas capitalistas no respetan el derecho internacional. Esto se demostró, por ejemplo, cuando en 2012 una empresa conjunta transnacional (de la que formaba parte DESA) quiso construir cuatro presas hidroeléctricas en el río Gualcarque: el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.
En ese contexto, no se consultó a los indígenas ni se tomaron en cuenta sus objeciones. La comunidad lenca temía que este proyecto imposibilitara su acceso al agua, a los alimentos y a los recursos naturales necesarios para su medicina tradicional, haciendo insostenible su modo de vida específico. Durante un año ‑en 2013- los activistas impidieron el acceso a las obras, lo cual desencadenó una acción militar durante la cual muchos activistas resultaron heridos e incluso muertos. Este tipo de violencia fue implantada en toda Honduras. En 2014, al menos 116 activistas medioambientales fueron asesinados por agentes de la Policía o por sicarios.
En 2015 Berta presentó no menos de 35 denuncias de acoso, persecución y ataques contra ella y su equipo de trabajo; a pesar de lo cual, ella y los activistas tuvieron éxito: los accionistas chinos y los afiliados al Banco Mundial retiraron su apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Por esta lucha sostenida Berta recibió el Premio Goldman, el más prestigioso de su especie, conocido de manera informal como el “Premio Nobel Medioambiental”. Tales éxitos fueron la causa directa del asesinato de Berta; sin embargo, no fue asesinada sólo por esa razón. Para entenderlo, debemos poner nuestra mirada en un contexto más amplio.
COPINH
A principios de los años 90, la conciencia de los pueblos indígenas de América Latina creció. En 1993, mientras estudiaba en la universidad, Berta y otras personas fundaron un comité local que se convertiría en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El COPINH organizó acciones contra la tala ilegal, contra los propietarios de plantaciones y contra la presencia militar en los territorios de los pueblos indígenas. Poco a poco, incorporaron temas más amplios, a menudo con un contenido feminista, incluyendo la defensa de los derechos de las personas LGBT, así como la emancipación social e indígena en general.
Esta radicalización formaba parte de un aumento general de la conciencia y la autoorganización de los subyugados.
Estrategia y táctica
Berta no se convirtió en una líder de los movimientos populares de la noche a la mañana. Su vida estuvo marcada por debates estratégicos que atravesaron la izquierda en América Latina. En primer lugar, el debate sobre el enfoque de la guerra de guerrillas, al que Berta se enfrentó por su participación (junto con su compañero Salvador Zúñiga), a los 17 años, en la guerra civil salvadoreña. En esencia, la guerrilla no es más que una táctica militar, que forma parte de un planteamiento más global, estratégico-político, destinado a debilitar al adversario a través de multitud de pinchazos (militares, pero también sociales y políticos). Sin embargo, los enormes sacrificios personales del guerrillero tienden a hacer que, ante sus ojos, esta táctica se «eleve» a categoría de estrategia, como opción por una forma de vida radical y alternativa, al margen de la sociedad establecida. Una elección que lleva a la «militarización», a menudo con consecuencias extremadamente trágicas. La Resistencia Nacional (RN), organización de la que formaba parte Salvador, el compañero de Berta, nació de una tragedia de este tipo: la RN se separó del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) después de que un debate interno se saldara con la liquidación física de un grupo de dirigentes del ERP, entre los que se encontraba el poeta salvadoreño Roque Dalton.
Otro debate estratégico es el de la movilización de masas versus el enfoque electoral, lo cual también es una cuestión táctica. Sin embargo, detrás de esa disyuntiva está la pregunta, mucho más importante, de qué alianza estratégica es necesaria: la de los oprimidos, en todos sus matices, entre sí y contra los poderes establecidos, o una alianza con supuestos aliados dentro de dichos poderes. Berta tuvo que tomar posición con respecto a ambos debates. El primero la convirtió en una antimilitarista de principios; y en relación con el segundo, defendió claramente la movilización de masas, frente a la mera campaña electoral.
Cinco familias
Honduras ha estado tradicionalmente dominada por las proverbiales «cinco familias», conglomerado que nunca fue tan dominante como se cree. Durante la mayor parte del siglo XX, el centro de gravedad de la economía hondureña fue la exportación de bananos. La «burguesía compradora» local desempeñó un papel subordinado, en tanto era la United Fruit Company la que dominaba el país. Las funciones del Estado se limitaban en gran medida a la Policía y al Ejército como «bandas de hombres armados».
Después de la Segunda Guerra Mundial los trabajadores de las plantaciones bananeras se declararon en huelga (conocida como la “Heroica Huelga General de 1954”), sentando las bases de unos sindicatos bastante fuertes. En los países vecinos ‑El Salvador, Guatemala y Nicaragua- se desarrollaron guerras civiles entre las clases dirigentes y las guerrillas de izquierda. Estos acontecimientos fueron acompañados por una gran injerencia de los Estados Unidos. El núcleo armado del poder estatal hondureño fue visto por Estados Unidos como una extensión de su política imperialista, hecho reflejado en la tristemente célebre Escuela de las Américas, donde «[c]ientos de hondureños fueron entrenados (…) para (…) aprender a matar, torturar y mutilar más eficientemente».
Artículos cincelados en piedra
Tras el fin de las guerras civiles en los países vecinos, las «cinco familias» hondureñas empezaron realmente a ganar dinero, no sólo en la agricultura y la silvicultura, sino también en el turismo, el comercio y la industria. Los intereses de la clase dominante quedaron anclados en la Constitución mediante «artículos cincelados en piedra» (artículos pétreos), que no pueden cambiarse, ni siquiera mediante las revisiones constitucionales contempladas en el proceso parlamentario. El artículo 374 de la Constitución, por ejemplo, establece que:
“No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior [relativo al procedimiento de revisión, propiamente dicho], el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente”
Golpe de Estado
A principios del siglo XXI, América Latina comenzó a girar hacia la izquierda. La zona de libre comercio del ALCA, promovida por Estados Unidos y dirigida contra la Cuba de izquierdas, fracasó. En oposición a ese acuerdo de libre comercio imperialista, los gobiernos de izquierda establecieron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), orientada «contra la hegemonía imperial externa [de EEUU] e internamente contra los intentos de restablecer el Estado, fortaleciendo la esfera pública frente a la privada, rompiendo con los proyectos políticos neoliberales y creando nuevas formas de poder popular».
Impulsada por el presidente electo Manuel “Mel” Zelaya Rosales, Honduras se sumó a esta ALBA.
Con la introducción de médicos cubanos en el sistema sanitario del país, acceso gratuito para estudiantes hondureños a la formación en Cuba, petróleo venezolano barato y generosos préstamos para la compra de tractores y otros insumos agrícolas, Zelaya intentó limitar en Honduras el impacto de la crisis financiera internacional. Las «cinco familias» no entendían el comportamiento de «su» presidente, quien, después de todo, ¡era miembro del Partido Liberal!
En un intento de encontrar otra base de poder, Zelaya se dirigió a la población a través de la televisión. Pronto quedó en evidencia que las normas constitucionales vigentes eran demasiado restrictivas. El llamamiento a una Constituyente ‑una asamblea constituyente participativa- fue creciendo. En este punto también influyó la actuación del presidente boliviano Evo Morales, quien «libró una ‘guerra de posición’, en el sentido gramsciano: una lucha concentrada en torno a una nueva constitución, lucha que finalizó con la victoria del gobierno de izquierda en un referéndum en 2009».
Inspirado en ello, Zelaya organizó en 2009 un referéndum indicativo, para demostrar que había un amplio apoyo a una revisión radical de la Constitución. Este paso fue indigerible, para las «cinco familias», pero sobre todo para el Ejército, y culminó con un golpe de Estado, durante el cual Zelaya fue deportado a Costa Rica. Según Berta, el golpe se produjo porque a los partidarios les preocupaba «que el pueblo hondureño pudiera decidir qué hacer con los recursos estratégicos como el agua, los bosques, la tierra, nuestra soberanía, con nuestros derechos laborales, el salario mínimo, los derechos de las mujeres, los derechos constitucionales, la autodeterminación de los pueblos indígenas y negros (…), la posibilidad de tener un Estado y una sociedad inclusiva, democrática, equitativa y con participación directa del pueblo.»
Nueva élite
Es posible que las «cinco familias» pensaran que con su apoyo (a veces velado) al golpe podían salvaguardar su posición de poder, lo cual fue así sólo en parte, porque desde ese momento la clase dirigente de Honduras ya no estaría dominada únicamente por ellos. Según Olivia, hija de Berta, el golpe de Estado desempeñó un papel importante en las razones del asesinato de su madre.
El gobierno irregular e ilegítimo que siguió al golpe de Estado abrió la puerta a una avalancha de concesiones ilegales de tierras y de otros tipos, propiciando el ascenso de un nuevo y peligroso grupo en la clase dirigente hondureña.
Dado que los derechos de propiedad de las «cinco familias» son constitucionalmente inatacables, el nuevo grupo depredador tuvo que poner sus garras sobre los territorios restantes ‑en poder de las comunidades indígenas desde los años 60−70− para aplicar la lógica capitalista de extracción despiadada y omnipresente. Esta es la verdadera explicación de la cadena de acontecimientos que van desde las violaciones de derechos de los pueblos indígenas, pasan por el golpe de Estado y desembocan en el asesinato de Berta Cáceres y muchas otras personas vinculadas a la lucha popular.
Resistencia
Simultáneamente al golpe, creció también la resistencia al mismo, organizada inicialmente en el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado (FNCGE), que luego pasó a llamarse Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). El COPINH, con Berta como portavoz, también formó parte de este Frente. A pesar de la oposición del Ejército, de la Policía, de los medios de comunicación y de los Estados Unidos, el FNRP logró movilizar a cientos de miles de hondureños y hondureñas, estimulando una creciente conciencia política, como lo demuestra el papel que jugaron dentro del movimiento de resistencia no sólo los esfuerzos democráticos, sociales, anticapitalistas y antirracistas, sino también los feministas, que culminaron en una resistencia interseccional contra el desorden establecido. En palabras de Berta «Debemos despertar nuestra conciencia ante el capitalismo depredador, el racismo y el patriarcado, que sólo aseguran nuestra autodestrucción».
Constituyente
Impulsada por las movilizaciones y la creciente concienciación, la convocatoria a una Constituyente se hizo realmente masiva. El contraste entre los golpistas y sus simpatizantes frente a la resistencia popular de masas paralizó cada vez más al país. Fidel Castro declaró en aquel momento que «se está desarrollando una situación revolucionaria en Honduras».
Además de varias manifestaciones y marchas nacionales, el 12 de abril de 2011 el FNRP organizó el llamado “Paro cívico”, que provocó el cierre de los cuatro principales aeropuertos, varias centrales eléctricas, empresas de autobuses y taxis, gran parte del aparato gubernamental, hospitales y escuelas.
El Departamento de Estado de EE.UU., con Hillary Clinton a la cabeza, se percató de la tormenta que se avecinaba y comenzó a presionar por una solución negociada.
Legitimación mediante elecciones
El objetivo era combinar el regreso del deportado presidente Zelaya con la legitimación de los golpistas mediante elecciones. Berta se opuso con vehemencia:
«Hillary Clinton ha dicho (…) lo que va a pasar en Honduras. Esto demuestra la mala herencia de la influencia norteamericana en nuestro país. El regreso de Mel Zelaya a la presidencia (…) se hizo a posteriori. Habría elecciones. Advertimos que esto sería muy peligroso. Las elecciones se realizaron bajo un intenso militarismo y con un enorme fraude electoral».
Tres corrientes
El movimiento de resistencia se preguntaba qué opción tomar ante estas elecciones. Había tres corrientes dentro del FNRP. En primer lugar la corriente de los Liberales en Resistencia, constituida por antiguos miembros de la clase dominante caídos en desgracia, incluido Zelaya. Los Liberales en Resistencia querían participar en las elecciones a través de una «lista propia», primero en forma de Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), más tarde transformado en Libre (Libertad y Refundación), que después se fusionó con otras fuerzas de izquierda para formar la Alianza Opositora. Argumentaban que podían romper el centenario «bipartidismo» de los partidos burgueses Liberal y Nacional. Creían que así podían cambiar el equilibrio de poder hacia lo que describían vagamente como «liberalismo prosocialista». En segundo lugar, estaba el Espacio Refundación, «una amalgama ecléctica de movimientos de base, obreros, campesinos, indígenas, feministas, activistas LGBT, grupos políticos marxistas y autónomos, así como todo tipo de organizaciones juveniles radicales». Las organizaciones más importantes de esta corriente eran el COPINH y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), de los llamados garífunas, descendientes de esclavos negros que escaparon en el siglo XVII y de las naciones indígenas caribes y arawak del norte de Honduras. La última corriente era la tercera vacilante, influida por los «viejos» sueños de un «frente popular» con partes de la llamada burguesía «antiimperialista». Esta tercera corriente acabaría uniéndose a la primera.
Derrota
Como dirigente y representante del COPINH, Berta pertenecía al Espacio Refundación, corriente que «defendía la construcción de un movimiento popular desde abajo, basado en políticas anticapitalistas y antirrepresivas. Su principal reivindicación era y sigue siendo una Asamblea Constituyente refundacional y autoorganizada. Al mismo tiempo, argumentaban que cualquier reconocimiento del régimen posterior al golpe equivaldría a traicionar al movimiento, [ya que] no se dan las condiciones para un proceso verdaderamente democrático; las estructuras de poder del golpe siguen intactas y dominan todo el aparato institucional.»
En febrero de 2011 (cuando Zelaya aún no podía regresar al país desde su exilio), esta era la corriente dominante dentro del FNRP, que en ese momento tenía una cultura de debate interno muy participativa, con medidas a favor del derecho a la palabra de las mujeres. Cuatro meses después, el 26 de junio de 2011, la situación se invirtió por completo. El ahora retornado Zelaya abogó ‑un poco a la manera de un caudillo- por la vía electoral, lo cual fue apoyado por un aluvión de oradores masculinos, muchos de los cuales formaban parte de las direcciones más o menos institucionalizadas de diversos movimientos sociales y corrientes políticas, entre los que se encontraban destacados dirigentes sindicales, así como activistas de la influyente organización política Los Necios (que defendía una posición de compromiso al proponer la fusión de la lucha del FNRP en las calles con los esfuerzos electorales del Frente Amplio).
Tomemos como ejemplo a Juan Barahona, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SINTRAINA), presidente también de la Federación Unitaria de Trabajadores (FUT); miembro del Partido Comunista de Honduras, hasta que éste se disolvió tras la caída del muro de Berlín. Antes de la reunión del FNRP del 26 de junio de 2011, Barahona era un líder muy visible del movimiento de resistencia; aparecía con frecuencia junto a Carlos H. Reyes, líder del combativo Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STYBIS) y, como tal, un legendario líder sindical, miembro también de la Dirección Nacional del FNRP. Dada su militancia, la postura de Barahona a favor de la formación de un Frente Amplio electoral podía sorprender a muchos, pero en realidad era lo lógico para un partidario de larga data de la llamada «estrategia de frente popular», defendida durante años por el antiguo Partido Comunista (en contraposición a la más intransigente «estrategia de frente único», defendida por los críticos de izquierda del PC). Curiosamente, uno de los destacados opositores a la vía electoral fue precisamente Carlos H. Reyes.
Expresó sus dudas sobre la creación de un brazo político de la Resistencia, comparando la situación con las elecciones anteriores, «en las que el obrero votó por el candidato capitalista y el campesino por el terrateniente». Reyes argumentó que, en primer lugar, debía convocarse una asamblea constituyente, antes de poder establecer una verdadera situación democrática. Sin embargo, sus palabras cayeron en saco roto. Tras apenas tres horas de debate, se decidió por abrumadora mayoría crear un «partido propio» y participar en las elecciones.
Con este proceso, el Espacio Refundación, la corriente de Berta, sufrió una derrota: la lucha en las calles se transformó en una «revuelta electoral». Como comentó posteriormente el escritor activista Tomás Andino Mencía «La consecuencia fue que durante tres años el régimen tuvo vía libre para hacer lo que quisiera en cuanto a la destrucción de nuestras conquistas económicas, sociales y políticas.»
Contrainsurgencia
Todo esto condujo efectivamente a la consolidación de un régimen militarizado. El gobierno golpista, presionado por Washington, aprobó leyes de terror que criminalizaron la protesta política. Berta caracterizó todo ello como “contrainsurgencia”, llevada a cabo a instancias del capital internacional ‑principalmente de comerciantes de materias primas- para aterrorizar a la población y asesinar a cientos de activistas políticos: «Todos los días se asesina a gente», declaró. Además de este terror, el gobierno golpista «legitimado» fue también responsable de una política económica cada vez más brutal a favor del capital (internacional), habiendo creado desde antes un gran ejército de reserva de mano de obra, mediante la privatización de las tierras colectivas. Muchos campesinos a quienes les fueron expropiadas sus tierras serían desplegados a «zonas francas» o maquilas. En ellas, 135.000 trabajadores (60% mujeres) en régimen de semiesclavitud, producían para la exportación ropa y cableado eléctrico para coches. En 2010, se añadieron a este sistema las ciudades modelo, exentas de impuestos o con impuestos muy bajos, abiertas al capital y a la inmigración.
En 2016 no sólo las maquilas y las «ciudades modelo», sino incluso regiones enteras de Honduras, fueron retiradas de la legislación nacional.
ZEDEs
Estas ZEDEs ‑Zonas de Empleo y Desarrollo Económico- son áreas enteramente bajo el control de empresas privadas, en las que la ley hondureña está ausente. Aproximadamente el 35% del territorio hondureño está a disposición del régimen especial de las ZEDEs.
En los territorios que ocupan las ZEDEs viven muchas poblaciones indígenas y afrodescendientes, en su mayoría en tierras de propiedad colectiva. Las empresas de estas ZEDEs no pagan impuestos, ni cotizaciones sociales, y no están obligadas a pagar salarios mínimos; los sindicatos están prohibidos, los servicios aduaneros son inexistentes y los servicios públicos están privatizados. En «sus» zonas, estas empresas pueden hacer lo que quieran. Mientras al pueblo hondureño se le niega el derecho a un referéndum constitucional, las empresas de la nueva élite y sus señores internacionales escapan completamente a cualquier ley. Un informe del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción (CNA) habla abiertamente de «venta de soberanía» e incluso de «traición».
Por su parte, la Coalición Patriótica por la Solidaridad afirma que las ZEDEs «conducirán al suicidio fiscal del Estado de Honduras.» No es casualidad que “exenciones legales” como éstas operen a favor del juego de los narcocapitalistas criminales, dando como resultado que en la actualidad el 80% del tráfico de cocaína de Sudamérica a Norteamérica pase por Honduras.La corrupción, la coacción, la violencia y los asesinatos también van en aumento.
Además de la violencia estatal, «la patología de la violencia (…) de los campesinos desplazados, convertidos en lumpen-proletarios y a los que se les niega el acceso a la economía urbana formal, también está creciendo». Casi la mitad (43,6%) de la población activa trabaja a tiempo completo por un salario inferior al mínimo. Esta realidad desesperante, junto con la anarquía y la violencia organizada, es causa principal de la huida de cientos de miles de hondureños hacia fuera de su propio país.
Decisión
Berta sabía que, como todos los revolucionarios, era «una mujer muerta en vida«. Sin embargo, siguió siendo inflexible:
«El gobierno intenta relacionar los asesinatos de los ecologistas con la violencia ordinaria, pero hay suficientes pruebas que demuestran que existe una política planificada y financiada para criminalizar la lucha de los movimientos sociales. Ojalá me equivoque, pero creo que la persecución a los militantes no disminuirá, sino que aumentará.», diría en más de una ocasión.
Palabras proféticas, que subrayó al declarar «la presa de Agua Zarca se sigue construyendo. Los que se resisten siguen siendo asesinados sin piedad».
El siguiente paso en el proceso jurídico en curso debería ser enfrentarse a los propietarios de la empresa DESA, es decir, a la familia Atala Zablah, que forma parte de la oligarquía hondureña.
Sin embargo, por más bienvenido que sea, ni siquiera eso será suficiente, porque todos los instigadores deberían ser llevados ante la justicia. Tales instigadores son los viejos y nuevos oligarcas de Honduras, junto con sus sirvientes militares y los señores imperialistas. Hay que acabar con su impunidad. Sólo entonces el pueblo hondureño podrá vivir verdaderamente libre y permanecer alegre. Mientras tanto, como dice Laura Zúñiga Cáceres, la hija menor de Berta, «¡A Berta no la mataron, Berta se multiplicó!»
¡Adelante, adelante, que la lucha es constante!
¡Berta vive!
Fuente: Viento Sur
