Resumen Latinoamericano, 14 de octubre de 2021
Un mes ha pasado desde que el juez Rafael Martínez Vargas comenzó la evaluación para decidir si inicia la investigación judicial y posteriormente el juicio oral por el caso “Esterilizaciones Forzadas”, en donde se denuncia al expresidente Alberto Fujimori y otros altos cargos de su régimen de someter a cerca de más de dos mil mujeres que denunciaron intervenciones quirúrgicas sin consentimiento y que causaron muertes y lesiones graves.
Desde el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, el magistrado Rafael Martínez Vargas ha encontrado diversas formas de dilatar el proceso que busca iniciar el juicio oral contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco, y otros altos funcionarios de su gestión como Segundo Aliaga Pinedo, Enrique Marroquín Osorio, Magda Gonzales Carrillo y Uilises Aguilar.
Desde inicios del 2021, el Poder Judicial reanudó las audiencias del caso “Esterilizaciones Forzadas”, en donde el Ministerio Público presentó y sustentó los cargos contra los acusados. El fiscal Pablo Espinoza, en su acusación penal, sostuvo que Alberto Fujimori fue el máximo responsable de impulsar de forma masiva anticoncepciones quirúrgicas con el objetivo de reducir la tasa de natalidad en los lugares más pobres del país de 1995 al 2000, y que afectó a más de 300 mil mujeres y hombres.
Los otros implicados en la acusación ocuparon altos cargos en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, por lo que también se les responsabiliza de las esterilizaciones forzadas contra miles de mujeres y hombres en situación de pobreza. Según el fiscal Espinoza, las intervenciones se realizaron bajo amenazas, con engaños, sin consentimiento informado; y dejaron a miles de víctimas mortales y otras con lesiones graves.
Desde entonces, en reiteradas ocasiones, la defensa legal de los acusados ha pedido suspender y reprogramar las audiencias por ausencia de intérpretes o motivos de salud. En la audiencia del pasado 4 de mayo, por ejemplo, el abogado César Nakazaki, defensor de Alberto Fujimori, pidió suspender la sesión por “estar un poco afiebrado”. El juez Rafael Martínez cedió y reprogramó la audiencia.
El pasado martes 14 de setiembre, sin embargo, el Ministerio Público terminó de sustentar los cargos contra los acusados y el juez Martínez dio inició a la evaluación para decidir si inicia la investigación judicial y posteriormente el juicio oral. Hasta la fecha, exactamente un mes después, el magistrado Rafael Martínez sigue sin tomar una decisión.
Tras un mes sin decidir sobre el caso “Esterilizaciones Forzadas”, el Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado continuará su evaluación el próximo lunes 18 de octubre.
FUENTE: Wayka.pe