Resumen Latinoamericano, 20 de noviembre de 2021.
Los tres efectivos se presentaron ante la Justicia, luego de que el magistrado Martín del Viso firmara las órdenes de detención.
Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López, los tres policías de la Ciudad que 
interceptaron el auto en el que viajaba Lucas González con sus amigos el miércoles por la mañana, fueron detenidos por el asesinato del adolescente baleado en la cabeza. El arresto fue ordenado por el Martín Carlos del Viso tras el pedido formulado por los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim.
Según informó la agencia Télam, los efectivos se presentaron esta tarde ante la Justicia y quedaron formalmente detenidos, luego de que el juez Del Viso firmara las órdenes de arresto.
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A los tres efectivos de la fuerza de seguridad porteña sólo se les prohibió en un primer momento la salida del país. «No podemos creer que los asesinos estén en libertad», enfatizó ayer viernes Gregorio Dalbón, el abogado que representa a la familia del jugador de Barracas Central, en una conferencia que brindó junto a sus padres. Repitió este mensaje el sábado en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
La detención de los policías implicados en el crimen había sido solicitada por los fiscales intervinientes. El pedido fue firmado el viernes por la noche por Gómez Barbella, titular de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
El juez Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa. Ahora accedió a su pedido y ordenó el arresto de Isassi, Nievas y López.
La acusación contra los policías
Los tres policías están acusados del delito de «homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», que se castiga con la pena de prisión perpetua.
Los fiscales, que además solicitaron diversas medidas en la causa, habían remarcado en su pedido que los imputados «tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación».
Tras el asesinato de Lucas, los efectivos de la Policía de la Ciudad intengaron instalar la versión de que la balacera contra los adolescentes fue «un enfrentamiento entre delincuentes». Pero esa versión quedó descartada ante las evidencias recolectadas en las que quedó demostrado cómo los policías interceptaron a los jóvenes que volvían de entrenar en Barracas Central, les dispararon y tras la balacera detuvieron a dos amigos de Lucas durante 24 horas sin ninguna acusación en su contra.
Gómez Barbella y Heim advertían también que en libertad los policías podían «amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia».
«Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento», habían señalado los fiscales en su escrito.
Por su parte, también el Ministerio de Seguridad de la Ciudad había pedido la adopción «medidas urgentes» luego de que el joven falleciera en el Hospital El Cruce tras varias horas de agonía.
Lorena Blanco, abogada que representa a los tres adolescentes que viajaban con Lucas, afirmó este viernes que los efectivos «montaron una obra» para «tapar el error garrafal que cometieron».
«Creo que todo esto se hubiera tapado si los papás (de Lucas) no hubieran hablado» con los medios y contado lo que había pasado. Gracias a esto, agregó, «se cayó el telón de la obra que (los efectivos de la Policía de la Ciudad) montaron desde la hora cero, para tapar el error garrafal que cometieron».
Desde el primer momento la madre de Lucas denunció el accionar de las fuerzas de seguridad y lo dijo claramente: «Este fue un caso de gatillo fácil. No tiene que quedar en la nada».
La familia del adolescente asesinado convocó a una marcha el próximo lunes a las 19 en el Palacio de Tribunales para reclamar justicia. “Que esto no pase más, que no haya ningún Lucas más”, es la consigna que planteó el padre del joven.
El sobreseimiento de los menores
Del Viso quedó a cargo de la causa luego de que el juez de menores Alejandro Cilleruelo se declarara incompetente para seguir adelante con la investigación. Ese magistrado intervino inicialmente ante lahipótesis planteada por la versión policial de que los adolescentes estaban robando. Ante la comprobación de que eso no era cierto, ese magistrado sobreseyó a los tres amigos de Lucas y se apartó del caso.
«Los únicos y verdaderos imputados resultaban los policías», remarcó Cilleruelo en su resolución dejó asentado que los adolescentes sobreseídos “fueron víctimas de la policía”. “La policía en una democracia no puede actuar bajo ningún concepto de modo subrepticio y sin debida identificación, menos cuando están ordenando la detención de un vehículo del cual como se comprobó no partió agresión de ninguna naturaleza”, añadió.
Isassi, el policía que ya había sido señalado por Cristina Kirchner
El nombre de uno de los tres agentes porteños sobresalió entre los demás. Isassi había viajado a Río Gallegos en junio de 2016. La fecha de su llegada a la capital santacruceña había coincidido con el ataque que sufrió en esa misma ciudad la vicepresidenta Cristina Kirchner. La casa de sus suegros (los padres de Néstor Kirchner) fue violentada, a las patadas, en una clara señal de amenaza.
Lo que llamó la atención fue que unos pocos días antes se produjera el misterioso viaje de seis oficiales de la Policía Metropolitana, entre quienes figuraba Isassi.
«En la madrugada del sábado 18 de junio rompieron y abrieron, a patadas, la puerta de entrada de la vivienda de 25 de mayo 446, en Río Gallegos. Es la casa de los padres de quien fuera mi compañero, en la que también viví junto a él y mi hijo recién nacido, hasta que pudimos mudarnos», contó la vicepresidenta en ese momento.
«Unos días antes, la Policía de la Provincia de Santa Cruz había identificado en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Guer Aike, a seis oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedentes de El Calafate: Leonardo Ariel Salazar, Juan Matías Pez, Ruth Elizabeth Vera, Gabriel Alejandro Isassi, Sergio Sebastián Sequeira, Mariela Fernanda Centurión», detalló.
