Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021.
Foto Sala del Senado | Agencia Uno
Luego de que la senadora UDI, Luz Ebensperger, manifestó su rechazo al libelo, se confirma que los promotores de la acusación no cuentan con los votos necesarios para aprobarla. Tanto el oficialismo como la oposición han votado disciplinadamente en bloque, salvo Manuel José Ossandón. Desde un principio ambos sectores anticiparon que difícilmente prosperaría el juicio político-jurídico.
La noche de este martes el Senado rechaza la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera debido a que se confirma que no se lograron reunir los 29 votos a favor necesarios para aprobarla.
Con el voto en contra de la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, se confirma el resultado final, al haber 17 votos favorables en ese momento faltando solo 11 parlamentarios por sufragar.
Hasta el momento las preferencias en la Cámara Alta han seguido la lógica esperada: los senadores de oposición han aprobado la acusación, mientras que los oficialistas la han rechazado, salvo Manuel José Ossandón, quien se abstuvo.
Este juicio jurídico-político fue admitido hace una semana por la Cámara de Diputados, tras una alocución de 15 horas del diputado Jaime Naranjo (PS) para prolongar el debate hasta que llegó el parlamentario Giorgio Jackson, quien debía cumplir una cuarentena hasta las medianoche del martes y tenía el voto necesario para que avanzara el libelo.
La acusación
La acción contra Piñera fue presentada luego de que la investigación periodística internacional Pandora Papers reveló un contrato de compraventa de la Minera Dominga que data del 2010 y fue firmado en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
La transacción fue realizada entre una sociedad ligada a la familia Piñera-Morel y otras relacionadas a Carlos Alberto Délano, quien es amigo íntimo del mandatario.
El cuestionamiento más grande surgido tras la revelación del documento fue una cláusula de US$ 10 millones que beneficiaba a la familia del Presidente si no se aplicaban restricciones medioambientales en la zona del proyecto, decisión que en parte es tomada por el gobierno, que en ese momento era dirigido por Piñera.
La defensa de Sebastián Piñera, a cargo del abogado Jorge Gálvez, se basó en que el mandatario nunca tuvo conocimiento de esta transacción y argumentó que esto fue respaldado en una investigación del Ministerio Público por el caso Exalmar, lo que fue desmentido por la Fiscalía, organismo que inició una nueva investigación por la compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.
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