Resumen Latinoamericano /Colombia Informa /12 de noviembre de 2021.
Una nueva captura de 13 personas pertenecientes a diferentes colectividades de la localidad de Engativá (Bogotá), sucedió este 8 de noviembre en Bogotá. Según la matriz de opinión que están difundiendo los medios de comunicación hegemónicos y la Fiscalía, a estas personas se les están imputando cargos de violencia en hechos acontecidos en el Paro Nacional. Sin embargo, organizaciones sociales del territorio afirman que estas capturas son nuevos montajes judiciales que buscan ilegalizar la protesta social.
Según denunció la organización Escudos Azules, las capturas fueron ordenadas por la Fiscalía 42 Seccional, la cual acusa a las personas detenidas de concierto para delinquir, perturbación al sistema de transporte público o privado, tenencia, fabricación y porte de sustancias peligrosas, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas.
Por otra parte, la Articulación de Medios Alternativos en Resistencia ‑A.M.A.R-, informó los nombres de las personas capturadas: Luis Alberto Simbaqueba, Karen Zulay Villa, Santiago Márquez Charriz, Johan Sebastián Popayán, Steven Guevara Vega, Laura Sofía Bermúdez, Yonathan Yair Ramírez, Simón Santiago Molina, Daniel Fernando Ruiz, Adriana Esperanza Bermeo, Daniela Pérez Gantiva, Lidiar Felipe Camacho y Uriel David Orozco.
Estas capturas se suman a otras cinco realizadas hace una semana, en las que también intentaron imponer la matriz de persecución y judicialización contra personas que salieron a manifestarse en el Paro Nacional de este año, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta.
La defensa de las y los jóvenes imputados, contactada desde Colombia Informa, manifiesta de manera enfática que “la Fiscalía ha realizado una imputación inflada, que criminaliza la protesta, que busca castigar a quien expresa en las calles su legítima inconformidad. Este proceso hace parte del interés del Estado de aniquilar toda forma de oposición y cuestionamiento al actual estado injusto de cosas. Son imputaciones que infunden terror no solo a los afectados directos con la privación de la libertad, sino que son mensajes directos hacia la sociedad en general, en particular a los/as jóvenes históricamente excluidos en este país”.
Los familiares de las personas capturadas también explican que la Policía Judicial está presionado para que los abogados y abogadas sean designados al azar, lo cual debilita el derechos de las personas a contar con defensores competentes. De igual forma, amenazan con empezar la audiencia con o sin defensa para las personas acusadas. Por eso exigen que se cumpla el debido proceso y que sea respetado el derecho a la defensa, sin presiones ni amenazas jurídicas ni policivas contra las victimas del falso positivo judicial.
“Le exigimos al Gobierno Nacional que detenga la persecución política a las y los jóvenes de Colombia y le hacemos por daños físicos y psicológicos que puedan sufrir las y los detenidos”, puntualizó el comunicado de Escudos Azules.