Por Laura Jordan, Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021.
Un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja evidencia que los mecanismos y atención en el país deben priorizar a las víctimas.
Un estudio comparativo entre la legislación salvadoreña y la internacional sobre las desapariciones y la reparación a los familiares y víctimas revela que en El Salvador las leyes y los mecanismos de búsqueda no funcionan en cumplimiento de los derechos de los afectados por el delito.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó recientemente esta investigación que analiza que los principios rectores de convenios internacionales priorizan a las víctimas de desaparición y a sus familiares. Estos incluyen el derecho a la verdad, justicia, a saber, a la integridad psíquica y moral, a no sufrir tratos crueles y degradantes.
Los principios rectores también reconocen como derechos de los familiares no ser objeto de estigmatización, y otros malos tratos morales y difamaciones que lesionen su dignidad y reputación. Sin embargo, también evidencia que la legislación salvadoreña debe priorizar más a las personas afectadas.
El exencargado del programa de Personas Desaparecidas del CICR, Álvaro Bermúdez Valle, explica que aunque hay algunos puntos importantes en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas como la reforma al artículo 148 del Código Penal ‑que incluye la tipificación del delito de desaparición- y el Protocolo de Acción Urgente (PAU), el país debe enfocarse más en las víctimas.
«Se necesitan mecanismos de búsqueda que no busquen muertos, que busquen personas sin importar el tiempo que pase», enfatiza, pues el mismo PAU establece que son 31 días el periodo de búsqueda de este mecanismo.
Explica que es importante primar la búsqueda de las personas desaparecidas y no superponer la responsabilidad judicial del perpetrador, porque sí es importante, pero en una situación como la que vive El Salvador no tendría que abordarse de esa forma.
Valle analiza las estimaciones de desaparecidos de la última década que son aproximadamente 22,000 denuncias. De estas, la Policía ha sostenido en ocasiones anteriores que el 5% aparecen fallecidas, el otro 45% son personas que ha encontrado, pero la otra mitad indican que está en investigación o no se sabe nada.
«Si hacemos la misma inferencia de la Policía, significa que hay al menos 10,000 desaparecidos en la última década y que la Policía no sabe dónde están», deduce, mientras añade que esto representa, en 10 años, al doble de los desaparecidos del conflicto armado, que son 5,000 oficialmente.
Finalmente, añade que los mecanismos de búsqueda tienen que ser independientes pues la Fiscalía «suele buscar cuando tiene la posibilidad de judicializar» y responsabilizar a una persona de esas desapariciones. A esto suma que muchas veces la búsqueda de las instituciones no es por atender el derecho de las familias a la verdad, ni de conocer el destino de su ser querido.
Entre el 1.º de enero y el 30 de septiembre de 2021, hubo 1,902 denuncias de personas desaparecidas y privadas de libertad, de acuerdo a estadísticas del Observatorio de Violencia Contra la Mujer de Ormusa con datos de la Fiscalía General.
Fuente: Prensa gráfica
