Por Laura Flores Amaya, Resumen Latinoamericano, 10 de noviembre de 2021.
La Sala de lo Constitucional impuesta admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) realizada por la legislatura saliente, dominada por la oposición, en 2020. Los diputados de oposición de la actual Asamblea, sin margen de maniobra por falta de votos, visualizan que esto abre las puertas para la destitución de estos funcionarios que han hecho señalamientos al manejo de los recursos del Estado durante la pandemia.
La posibilidad no es remota. Esta Asamblea, dominada por el oficialismo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, el pasado 1 de mayo. En sustitución, eligieron a otros afines, quienes ahora definirán si hubo anomalías en la elección de la CCR.
«Lo que va quedando son instituciones como la Corte de Cuentas donde no dudo que el interés final sea controlar a ese ente auditor del Estado», expresó el diputado Jhonny Wright Sol, de Nuestro Tiempo.
La CCR que ahora está en la mira es la que informó de casos de posible corrupción en el manejo de fondos durante la pandemia. En sus reparos han sido cuestionados varios ministerios, principalmente Salud y Agricultura. En marzo, la Corte también dio a conocer que Hacienda sí contaba con fondos para pagar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES) que se retuvo durante un año. Luego, en mayo, la CCR informó que Hacienda había gastado $1,000 millones sin justificar.
«Al Gobierno le han preocupado los exámenes de cuenta que se han hecho con motivo de la pandemia», consideró el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA.
«El temor que existe es que se remuevan a este tipo de funcionarios que controlan las cuentas del Estado para poner ahora a funcionarios afines al partido de Gobierno y así controlar una institución más que debería de ser independiente de cualquier influencia político partidario», manifestó la diputada Claudia Ortiz, de VAMOS.
El punto de quiebre entre la CCR y el Gobierno Bukele fue el cambio de dirección del ente contralor. Hasta mayo de 2020, el presidente insistía en que «la que fiscaliza al Ejecutivo es la CCR, no la Asamblea», cuando los diputados de oposición pedían cuentas. Cuando esa Asamblea opositora eligió a nuevos funcionarios, el discurso del Gobierno cambió, y las actuaciones de la CCR comenzaron a ser desacreditadas.
En mayo, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que prefería contratar a un auditor privado porque no confiaba en la CCR. En agosto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó al punto de solicitar a la Asamblea facultades para auditar el uso de fondos públicos que hicieron las alcaldías durante la pandemia. Acusó a la CCR de no haber hecho su trabajo. Días después, la Corte informó de un 46 % de avance de las auditorías en las municipalidades.
«La población exige transparencia en esa elección. Creería que la Sala tiene un reto de resolver esa situación y esperaría una sentencia basada en derecho», expresó el diputado Numan Salgado, de GANA.
Tensión del Ejecutivo y CCR
Desde los cuestionamientos el Ejecutivo tomó distancia de la CCR.
Mayo 2020
El presidente Bukele aseguró que es la CCR la que audita al Ejecutivo y no la Asamblea Legislativa. Esto, luego de que le pidieran cuentas de gastos en pandemia.
Agosto 2020
La legislatura anterior elige a nuevos magistrados de la CCR. Estos inician auditorías que terminan en cuestionamientos a los gastos del Ejecutivo
Mayo 2021
Inicia nueva legislatura y el presidente Ernesto Castro dice contratará auditores privados por no confiar en CCR. Luego autorizan a Hacienda auditar alcaldías.
Noviembre 2021
La Sala impuesta por diputados oficialistas admite recurso de inconstitucionalidad contra elección de magistrados CCR.
Fuente: La prensa gráfica