Navantia reparte su producción entre el 80% de aplicación militar y el 20% de usos civiles; no es irrealizable proyectar un horizonte en el que este reparto se invierta.
Cada vez más gasto militar
La construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí en los astilleros gaditanos ha generado un grave conflicto entre el derecho al trabajo en las empresas de construcción naval de la Bahía de Cádiz y los derechos fundamentales a la vida y a la libertad de los receptores y víctimas de ese equipamiento bélico.
El retrato robot de la situación de la industria militar en España es especialmente preocupante, como reflejan estos datos ofrecidos por el Centro Delàs de Estudios por la Paz. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 incrementan un 10% la partida de España destinada al gasto militar; a pesar de la pandemia, los recursos no se reorientan para cubrir necesidades sociales y sanitarias. España se sitúa así en la 17ª posición del ranking de países con mayor gasto militar en 2020, con una cifra de 19.762 millones de euros, según los cálculos del Centro Delàs; en 2019 fue de 19.823 millones. Para este 2021, el gasto previsto en los PGE es de 21.623 millones de euros, cerca de un 10% más que el año anterior, y se prevé un aumento del 44% en las partidas destinadas a I+D+i militar. El gasto militar en España supuso el 1,17% de su Producto Interior Bruto durante 2020, una cifra superior a la de 2019, cuando representó el 0,91% de dicho PIB. Por añadidura, somos el séptimo país que más armas exporta del mundo, con el 3% del volumen global.
Este dinero representa una servidumbre insoportable para nuestro país. El Centro Delàs de Estudios para la Paz es concluyente, al reconocer que “las armas son elementos improductivos, en primer lugar porque los artefactos que fabrican no son bienes de consumo que entren en el mercado (solo una mínima parte inferior al 1%), puesto que no tienen valor de cambio y por tanto sin uso social; por ese motivo producen un efecto inflacionista en las economías; son responsables de gran parte de los déficits presupuestarios de los estados; absorben muchos recursos de I+D+i (investigación y desarrollo) que, puestos al servicio de usos civiles redundarían en mejores resultados, puesto que el trasvase de la tecnología militar al sector civil es muy limitado”.
Como ejemplos, los 514 millones de euros previstos para adquirir helicópteros de guerra equivalen al presupuesto anual del Hospital Clínic de Barcelona. O los 488 millones destinados a comprar cazas Eurofighter podrían cubrir el alquiler anual de 93.000 familias. O los 300 millones para el submarino S‑80 podrían usarse para sufragar el Ingreso Mínimo Vital de 54.000 personas durante todo un año.
Los actuales niveles de gasto militar global, que ascienden a 1,98 billones de dólares al año (1,65 billones de euros), son inaceptables. Cuando una minoría de la población mundial decide financiar los preparativos de la guerra, todas perdemos la oportunidad de dotar de fondos políticas que confronten las verdaderas amenazas a nuestra seguridad.
La dicotomía entre fabricar artefactos bélicos o productos para el uso civil tiene respuesta adecuada en la mayoría de los casos. En unos casos la alternativa es la pura supresión de esa industria, como es el caso de los fabricantes de bombas racimo o minas antipersona. En el sector de dispositivos de doble uso, civil y militar, el del avión A 400M que se ensambla en Sevilla, por ejemplo, habrá que potenciar su empleo como transporte y de servicios humanitarios. Y en otros casos se trataría de una reconversión (mejor decir reversión o conversión, por las concomitancias antiobreras de ese concepto), de la tecnología hacia aplicaciones alejadas del uso militar. También sería necesario precisar calendarios y plazos para esta conversión, porque Navantia, por ejemplo, reparte su producción entre el 80% de aplicación militar y el 20% de usos civiles; pues bien, no es irrealizable proyectar un horizonte en el que este reparto se invierta.
Nadie dice que esta reconversión sea fácil. La Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) integra a un tejido empresarial que factura 13.040 millones de euros, exporta el 71% de sus productos y servicios, contribuye con un 1% al Producto Interior Bruto de España, genera 57.600 empleos y dedica el 9% de su facturación a la I+D+i. Empezando por sus siglas, que deberían ser cambiadas por TESAE, Empresas Tecnológicas de Seguridad, Aeronáutica y Espacio, podríamos emprender un camino de renuncia a la vocación exportadora de armamento y buscar las oportunidades de negocio e inversión en la resolución de los problemas que recoge su nombre, y que, por ejemplo, el previsto Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada de Cádiz se destine exclusivamente a objetivos civiles. Y, ya que muchos de los productos fabricados son multipropósito, elegir siempre fines y usos civiles.
Esta exigible reconversión no se puede ceñir solamente al ámbito industrial, sino que debe ir acompañada de cambios profundos en muchos otros aspectos, como refleja muy bien Pere Ortega en el estudio de Delàs sobre Militarismo y Crisis Ambiental (2021), porque la solución a la crisis ambiental pasa por procesos exhaustivos de desmilitarización y desarme internacionales.
Es lo que Ecologistas en Acción ofrecemos a los desempleados de Astilleros, persuadiéndoles de que es falso que la única opción sea coger el pájaro en mano y generar empleo, aunque solo sea para 5 o 6 años, desentendiéndonos del uso de las fragatas militares que conculcan manifiestamente los derechos humanos cuando son empleadas por la petromonarquía saudí. De esta forma dejaríamos de actuar como colaboradores necesarios en la masacre que perpetra Arabia Saudí contra Yemen. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y las Naciones Unidas han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas.
La deconstrucción naval y la energía eólica off shore son dos alternativas necesarias para la “carga de trabajo” en los astilleros de Cádiz, que harían innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violación de los derechos básicos de las personas.
El PEMAR (Plan Estatal Marco de Residuos) identifica una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen: el reciclado ecológico de buques (deconstrucción naval), evitando achatarramientos infames como ha perpetrado Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias. Este desguace en precarias condiciones se realizó en el puerto de Aliaga, en la costa del mar Egeo, frente a la isla griega de Lesbos, con un precio de adjudicación de 2,4 millones de euros. Un dinero mal empleado y que debería haber servido para financiar un reciclado ecológico con garantías en nuestro país. A cambio, es incomprensible la obcecación de los sindicatos y autoridades en pretender obtener “carga de trabajo” en una construcción naval que casi siempre al final se ve defraudada.
La capacidad de desguace de buques en instalaciones europeas es muy reducida (unas 350.000 toneladas/año) y está repartida entre Bélgica, Italia, Noruega, Dinamarca y en general, destinada a desguazar buques de menor tamaño. En España solo se han desguazado pesqueros y embarcaciones menores (alrededor de 6.600 toneladas anuales). Esta cantidad es insignificante si la comparamos con la cantidad total anual contabilizada del conjunto de los países de la OCDE en la última década, que alcanzó la cifra aproximada de 1.600.000 tn. anuales (15% del volumen total desguazado de la flota mundial en el año 2011).
En el caso de la energía eólica off shore entraríamos a formar parte de la cadena de valor de esta energía: construcción, equipamiento, instalación, mantenimiento, suministro, reparación… de aerogeneradores en el mar es una oportunidad desaprovechada en Navantia. Actualmente está en información pública la Evaluación Ambiental Estratégica para ordenar el espacio marítimo español, uniéndose a la Estrategia de energía eólica marina de la Unión Europea, que plantea pasar de los 12 GW de aerogeneradores off shore actuales a 60 GW en 2030 y 300 GW en 2050: una oportunidad enorme para Navantia, que posee toda la tecnología de esa cadena de valor, aunque en la actualidad se ciña a las estructuras de fijación y a las subestaciones.
La eólica marina en España presenta además sinergias muy importantes con otros sectores estratégicos, como son la industria de construcción naval (astilleros), el sector marítimo-portuario y la ingeniería civil. Es el caso de Carboneras (Almería), donde Ecologistas en Acción hemos presentado un proyecto a los fondos Next Generation para instalar un parque eólico marítimo aprovechando los activos dejados por Endesa con su central térmica de carbón, subestación, conexiones eléctricas… La empresa pública Tragsa podría asumir el proyecto y Navantia se encargaría de toda la cadena de valor, que además se realizaría en el puerto de Carboneras, generando empleo local. Si actualmente el grueso de los encargos a Navantia son destinados al sector militar, sería una buena iniciativa para revertir el porcentaje.
Ecologistas en Acción siempre hemos defendido que los proyectos de energía eólica marina que vayan a ser viables tienen que resolver fehacientemente los eventuales impactos ambientales, garantizar que no generan perturbaciones en las rutas migratorias de las aves, preservan los hábitats marinos, no afectan a los caladeros de pesca litoral y que la evacuación de la electricidad se realiza sin problemas. Con estos condicionantes, ¿por qué renunciar a un potencial de energía limpia del que somos excedentarios? El crecimiento de esta tecnología es espectacular en el mundo, sin que España cuente todavía con un solo proyecto a instalar en sus aguas.
¿Por qué renunciar a un potencial de energía limpia del que somos excedentarios?
De esta forma contribuiríamos a desarrollar una cultura de paz, resolveríamos déficits ambientales importantes y ofreceríamos un buen puñado de puestos de trabajo para hacer sostenible a la construcción naval y conseguir descender las escandalosas cifras de paro que padece nuestra población. Y pondríamos coto al escandaloso incremento de las exportaciones de armas que sigue nuestro país.
La I+D+i MILITAR es una mala elección, pues consume recursos y riqueza para crear unos productos que en el mejor de los casos no se utilizarán y, en el peor, serán herramientas de destrucción. No tiene utilidad social, fomenta la carrera de armamento y las guerras, y consume recursos que se podrían destinar a la investigación con fines civiles. Por eso más de un millar de investigadores españoles se declararon “objetores científicos”, demostrando el compromiso de estos científicos por la cultura de paz y mostrando su desacuerdo por la militarización de la investigación científica en los últimos años, reclamando al Gobierno una transferencia gradual de los recursos destinado a la I+D+i militar hacia fines sociales y civiles.
El propio lobby armamentista reconoce la escasa rentabilidad de este negocio y los propios Presupuestos Generales de España reconocen que “las características estratégicas y especiales de estos Programas de desarrollo” (refiriéndose a los militares), “los largos períodos de recuperación y los cuantiosos costes que conllevan, hacen que los criterios estrictos de rentabilidad (…) no puedan ser aplicados a este ámbito”.
¿Se puede convertir realmente la industria del armamento en industria civil?
Sí, si los productos alternativos utilizan en lo esencial las mismas destrezas y habilidades en su producción que ya tienen los actuales trabajadores. Sí, si tales productos se producen preferentemente en el propio lugar de trabajo, y son rentables, sostenibles y viables. Sí, si el proceso de transformación se hace con la participación de los trabajadores afectados. Sí, finalmente, si se elabora un plan integral de desarrollo de la zona afectada, con una política planificada y una estrategia de puesta en marcha de pequeñas empresas que regeneren el tejido industrial local donde estén ubicadas las industrias y sirvan de motor para un desarrollo futuro más amplio, para impedir la pérdida de puestos de trabajo y la posible depresión de toda una localidad o comarca.
Pues bien, la reversión de la construcción naval hacia estas dos propuestas que avanzamos, la del reciclado ecológico de buques y la energía eólica marina, cumplen sobradamente estos requisitos.
En algunos casos, la reconversión de usos militares a civiles es una opción empresarial, fundamentada en la asunción de una cultura de paz. Es el caso de los aviones que fabrica Airbus en Sevilla, el C295 y el A400M, que son versátiles y admiten utilidades de todo tipo. El C295 (siglas que significan Casa, 2 motores y 9,5 toneladas de carga) es un avión de nueva generación, robusto y fiable, capaz de transportar hasta la carga que representa su nombre o hasta 71 personas, con utilidades como transporte táctico y logístico, lanzamiento de cargas, evacuación médica, patrulla marítima, de búsqueda y rescate, apagafuegos…
El A400M es otra aeronave de transporte de uso militar, pero que es capaz de adaptarse a casi cualquier uso que se le requiera, por lo que su desplazamiento a usos civiles tampoco supondría dificultad.
El proyecto “Futuro Sistema de Combate Aéreo” (Future Combat Air System, FCAS), que pretende dedicar, junto a Francia y Alemania, 150 mil millones de euros “para afrontar la lucha de poderes en la segunda mitad del siglo XXI”: aviones legacy, satélites, armas inteligentes, buques de guerra, sistemas de comunicaciones… representa otro gasto indeseable. No queremos un Next Generation Weapon System (Sistema Armamentístico de Nueva Generación), sino que todos esos fondos destinados al reforzamiento de la carrera armamentística y al control del acceso a los recursos minerales y energéticos se destinen a enfrentarnos a los problemas vitales de nuestro siglo: crisis climática, enfermedad, hambre, pandemias, acceso al agua…
Decálogo para la conversión de la industria naval militar a usos civiles
1. Dado el peso laboral y económico de la industria naval militar en la Bahía de Cádiz no planteamos una supresión de esta actividad, sino una paulatina reversión de proyectos y programas hacia aplicaciones civiles, de forma que la actual proporción de Navantia (80% de pedidos militares y 20% civiles) se invierta. Para ello, tanto sirve la fabricación de dispositivos de doble uso (buques de transporte y de aprovisionamiento) como el inicio o la continuación de líneas de producción civiles: reciclado ecológico de buques, energía eólica off shore, barcos de lucha contra la contaminación, embarcaciones de asistencia y ayuda humanitaria, etc.
2. Debemos partir del Plan Estratégico de Navantia 2018 – 2022 para diseñar un cambio en el modelo productivo. Dicho cambio no será fácil ni instantáneo, pero no reproducirá los vicios de anteriores reconversiones del sector naval, que han ocasionado precariedad y desmantelamiento industrial.
3. Se aprovecharán las capacidades y el know how de los trabajadores de la factoría, incrementando su cualificación y estableciendo sinergias con otras instalaciones de la construcción naval. La industria auxiliar también formará parte de esta transformación. El rejuvenecimiento de las plantillas y la nueva contratación han de formar parte del proceso.
4. No habrá despidos ni desplazamientos fuera de la Bahía de Cádiz. Se tendrán en cuenta todos los recursos humanos de la plantilla de Navantia, contemplando la posible ampliación en la medida en que las nuevas tecnologías lo requieran.
5. A diferencia de otros procesos de reestructuración, las decisiones no vendrán determinadas desde los servicios centrales de la dirección central y de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), sino aplicando la estrategia bottom-top, con la participación de todos los trabajadores afectados. La centralización en la toma de decisiones, la burocratización en la gestión y la ausencia de rendición de cuentas, son tres vicios a extinguir.
6. Eficiencia, sostenibilidad, motor de riqueza y empleo, son objetivos que compartimos con la actual dirección de Navantia, pero no debemos limitarnos a “adecuarnos a las condiciones del mercado”, sino buscar y conseguir nuevas líneas de actividad que posicionen a la industria naval gaditana a la cabeza de los nuevos proyectos, tomando la iniciativa.
7. El Plan Estratégico de Navantia tiene que formar parte de un plan territorial de medidas para el fomento del empleo de calidad en toda la Bahía de Cádiz. Las 123 propuestas para el empleo en la Bahía de Cádiz que un conjunto de colectivos sociales elaboramos, son un buen documento de partida.
8. Este esfuerzo de regeneración del tejido industrial en la Bahía de Cádiz no debe ser ajeno a la necesidad de desmilitarización de toda la provincia de Cádiz, comenzando por la base naval de Rota. La enorme ocupación de suelo en la provincia por actividades y emplazamientos militares tiene que ser progresivamente disminuido, como es el caso del campo de maniobras de El Retín en Barbate.
9. La actividad de Navantia dejará de formar parte de la industria de Defensa. Los PEAS (Programas Especiales de Armamento) generan una deuda inasumible y deben suprimirse. Los diques y gradas no deben acoger buques de guerra que no se ajustan a las necesidades reales de la Defensa española ni a las amenazas actuales ni futuras.
10. La limitadísima capacidad de desguace ecológico de buques en toda la Unión Europea es una oportunidad de negocio sostenible que los astilleros gaditanos no deben dejar pasar: deconstruir de manera sostenible un buque requiere las mismas destrezas que construirlo. Asimismo, limitarse a construir solamente las plataformas de sustento de los aerogeneradores marinos es del todo insuficiente: hay toda una cadena de suministro esperando que Navantia provea de los dispositivos y servicios necesarios: diseño, torres eólicas, generadores, subestaciones, buques de construcción y aprovisionamiento, software de control, etc. para los parques eólicos marinos.
Es decir, en palabras del Centre Delàs, “La actual crisis ambiental requiere un cambio total de paradigma, desmilitarizado y en el que se aprovechen los recursos destinados a las estructuras militares, abordando, con una nueva perspectiva, opuesta al modelo neoliberal y capitalista, que entendemos que debe ser antimilitarista, feminista y ecosocial”.
Daniel López Marijuán/Ecologistas en Acción – Cádiz
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¿Hay alternativas al empleo militarizado? Una propuesta para Navantia se publicó primero en
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