Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 27 de noviembre de 2021.
El domingo 28, cerca de 5,2 millones de hondureños son convocados a las urnas para elegir al presidente (para el período 2022 – 2026), tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso Nacional, 20 del Parlamento Centroamericano y los alcaldes de 298 ciudades. Parece que el partido se juega entre Nasry Asfura y Xiomara Castro. Asfura es el candidato de derecha y actual alcalde de la capital, que se postula por el Partido Nacional, el partido en el poder desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. Xiomara Castro, líderesa del Partido Libre, esposa de Zelaya, representa la izquierda alternativa. Aparece claramente favorecida en las encuestas, pero es poco probable que la oligarquía apoyada por el gran capital internacional dé rienda suelta a la voluntad popular, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Honduras sigue siendo, de hecho, un peón decisivo para el imperialismo estadounidense, tanto desde el punto de vista económico como militar. Las multinacionales mineras o hidroeléctricas dominan más del 30 por ciento del territorio, junto con los cientos de empresas ilegales, a las que da rienda suelta un sistema construido para proteger sus intereses. La vida de quienes se oponen vale menos que nada, como recuerda el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres.
Portavoz del pueblo indígena Lenca y cofundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Berta fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Por ese asesinato, y gracias a la presión de los movimientos internacionales, una octava persona fue condenada a unos pocos meses atrás, un alto ejecutivo de la empresa hidroeléctrica DESA.
En Honduras, donde opera la base militar estadounidense más grande de la región, la creciente militarización del territorio sirve para proteger los intereses capitalistas en las áreas más ricas en agua, petróleo y biodiversidad y ciertamente no la seguridad de las poblaciones que viven allí. Desde el homicídio de Berta Cáceres, 39 ambientalistas han sido asesinados. Y, de enero a hoy, han sido eliminados 68 políticos, 19 de ellos en marzo y cuatro en noviembre. Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo.
En un contexto similar, resulta irónico el llamamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y de la eurodiputada croata Željana Zovko, que dirige la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) para que “el día de las elecciones, se desarrolle en un ambiente de serenidad y civil convivencia». Una exhortación que sigue a la igualmente suave de Estados Unidos. Tonos muy distintos a los utilizados para desacreditar a priori tanto las elecciones en Nicaragua como las de Venezuela.
Por otro lado, como confesó la entonces secretaria de Estado de Obama, Hillary Clinton, en sus memorias, Honduras inauguró el modelo de «golpe institucional» en Centroamérica. El 28 de junio de 2009, el presidente Manuel Zelaya, un liberal que se había atrevido a dirigir la mirada hacia la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, concebida por Cuba y Venezuela, fue secuestrado en la noche por las fuerzas armadas y llevado al exterior. Siguió un período de represión, abusos e inestabilidad.
El entrelazamiento de la política y el narcotráfico es ciertamente una evidencia flagrante, tanto que el hermano del presidente saliente, Juan Orlando Hernández Alvarado, exponente del Partido Nacional, en el cargo desde 2013, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos como traficante de droga. El propio jefe de estado que expira está bajo investigación. Yani Rosenthal, secretario del Partido Liberal, ahora candidato a la presidencia, también tiene una sentencia de tres años por lavado de dinero en Estados Unidos.
En Honduras, dos de cada tres habitantes viven en la pobreza. Una situación agravada por los efectos del cambio climático (solo en el último año se han producido dos huracanes). Cada mes, miles de personas alimentan las caravanas de migrantes que se dirigen, vía México, a Estados Unidos, donde ya reside un millón de hondureños. El de los migrantes, que crean un cuello de botella en la frontera, es uno de los problemas políticos más espinosos para Biden. El otro es la del manifiesto descrédito del gobierno de Hernández.
Para salvar las apariencias en un país aliado, crucial para el control regional, es necesario por tanto centrarse en un caballo «carismático» como aparece Nasry Asfura, mientras el tambor mediático hace cosquillas a viejos y nuevos conservadurismos para desacreditar a «la comunista» Xiomara Castro, y robarle de nuevo la victoria.