Christian Masello /Resumen Latinoamericano, 19 de noviembre de 2021
Ante la noticia del decreto presidencial para prorrogar la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial Indígena, como vocero de Consenso Bariloche, Alejandro Seguí anunció: “Estamos evaluando, con nuestro grupo de abogados, presentar algún tipo de inconstitucionalidad al respecto; veremos si es factible”.
“En Consenso Bariloche, al igual que ocurre con la mayoría de la sociedad, nos sentimos defraudados por este decreto”, dijo Seguí.
“Lo único que hace es extender la conflictividad en nuestra región, poniendo en riesgo los recursos económicos de toda la comunidad que la habita, trabaja y cumple con sus obligaciones”, indicó.
Así, señaló: “Se sigue poniendo en peligro la paz y la convivencia tranquila que siempre hemos tenido y es una característica de nuestra sociedad”.
“Venimos desde hace quince años sin definir lo que la norma exige y ahora, con esta nueva prórroga, llegaríamos a los diecinueve… No ha habido excusas para prorrogarla tantas veces y por tanto tiempo”, consideró, para luego remarcar: “Hasta los recursos económicos se contemplaron”.
En tal sentido, recordó que se había designado un fondo especial “por un monto de treinta millones de pesos”, cifra que, evaluó, “al tipo de cambio de aquel momento, equivaldría a diez millones de dólares”.
Más allá de estar en contra de la prórroga, Seguí expuso que ante la determinación de llevarla adelante, “deberían hacerse cambios sustanciales, como reconocer el derecho a las provincias, municipios y propietarios de participar en el relevamiento que realiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sobre la situación catastral de las tierras”
Además, manifestó que “la suspensión de los desalojos tendría que aplicarse en relación a la situación ocupacional existente al momento de la sanción de la norma, ya que validar el período posterior de las ocupaciones es algo que no puede sostenerse”.
Seguí habló de “inacción estatal” y mencionó que la ley indica que la posesión de la tierra “debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.
Al respecto, opinó: “La prórroga ocasiona que muchos ‘vivos’ quieran entrar por la ventana en años posteriores a los contemplados por la ley”.
Más allá de la extensión en el tiempo, consideró: “La ley no tiene en cuenta las asimetrías que hay, acerca de realidades muy diferentes, entre las comunidades indígenas del norte y las de la Patagonia, ya que las comunidades norteñas, que ante todo son pacíficas, son víctimas reales de una situación injusta producida por intereses entre los poderes económicos y políticos en esa región, mientras que, en nuestra zona, no todas, pero sí muchas de las autodenominadas comunidades están formadas por victimarios que realizar usurpaciones, ejerciendo violencia ante propiedades públicas y privadas, talando y quemando, llevando a cabo cortes de ruta, y también ejerciendo actos de violencia física contra los ciudadanos”.
“Nosotros trataremos de concientizar y visibilizar ante la sociedad este problema, de la manera en que lo venimos haciendo”, continuó.
Ante el decreto presidencial, expuso: “Esto no nos desanima, sino que acrecienta nuestra convicción de que se haga justicia con los que realmente se ven despojados”.
Así, enunció la necesidad de que la norma y su prórroga no sean utilizadas “para manipular la situación a favor de personas que están fuera de la ley y que nada tienen que ver con los pueblos originarios”.
“Aceptamos los orígenes de cada persona, el pensar diferente, pero siempre regidos bajo la ley y la Constitución”, concluyó.
FUENTE: El Cordillerano