Por Elaine Freedman, Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2021.
Hace un año Nayib Bukele, en su calidad de Presidente de El Salvador, fue hasta el sitio de El Mozote, ‑considerado sagrado por muchos salvadoreños y salvadoreñas por ser el lugar que presenció la mayor masacre de América Latina en el Siglo XX- a dictaminar que “la guerra fue una farsa, como los Acuerdos de Paz.”
En su momento, las palabras de Bukele provocaron indignación de luchadores por los derechos humanos, no solo en el país, sino al rededor del mundo. Organizaciones de todo El Salvador se reunieron al mes en El Mozote y proclamaron “Rechazamos categóricamente todo intento de borrar (el) sacrificio y aporte a la historia de nuestros héroes y mártires, o disminuir los horrores de la dictadura militar y la guerra de doce años que se desató en nuestro país… nos sentimos profundamente agraviados por las declaraciones del Presidente de El Salvador, quien, el pasado 17 de diciembre, de manera irrespetuosa y ofensiva, calificó a esta guerra que tanto costo social ha tenido para nuestro pueblo y a los Acuerdos de Paz como “farsa”, y vino a decir tal barbaridad en este lugar sagrado de nuestra memoria histórica: El Mozote”.
Meses después, al negar cuatro veces al Juez segundo de primera instancia en San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, encargado del caso de El Mozote acceso a los archivos militares, esta indignación creció. Con la disposición presidencial de depurar a todo juez mayor de 60 años de edad o con 30 años de servicio, este juzgado quedó acéfalo.
A principios de diciembre, un mural histórico en el municipio de Nueva Trinidad, en el norte de Chalatenango, fue borrado por el alcalde de Nuevas Ideas en una afrenta, no solo a casi un centenar de veteranos de guerra en este poblado de escasos 1,600 pobladores, sino a sus familiares, amigos y compañeros militantes del FMLN. El mural, en el centro del área urbana, incluía los rostros de importantes figuras de la lucha del pueblo salvadoreño como Dimas Rodríguez y Schafik Handal. En este municipio, gobernado por el FMLN desde las primeras elecciones después de los Acuerdos de Paz hasta 2020, los rostros de luchadores populares iluminan la esperanza de que la lucha por la justicia social se fortalece y que los horrores de la guerra no vuelven a ocurrir. Los recuerdos dolientes de la época de guerra son simbolizados en un árbol de copinol del cual, en julio de 1991, el pueblo cortó la rama donde el Sargento León y sus fuerzas de la Guardia Nacional colgaban a sus víctimas, identificadas por ellos como enemigos. Año tras año, el pueblo se organiza para conmemorar “la corta”, una reivindicación de este pueblo sufrido que decía “basta ya”.
Para Florinda Cruz Menjivar, de la Asociación de Mujeres de Nueva Trinidad, el borrado del mural es un tipo de orden para olvidar la lucha. “Ellos quieren que la gente ya no esté pidiendo justicia y recordando las reivindicaciones de cada comunidad… Estos alcaldes son títeres, como el presidente dijo que la guerra era una farsa, ellos le siguen.”
Desde que Bukele asumió la presidencia, el aniversario de los Acuerdos de Paz, que dieron fin a la dictadura militar, dejó de ser fiesta nacional para el Gobierno de El Salvador. El Presidente renombró este día, “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”, barriendo con una tradición de 28 años de celebrar los logros de los Acuerdos de Paz para la democratización de la sociedad salvadoreña y reconocer los saldos pendientes.
A escasos quince días del 30 aniversario, es evidente que le tocará a las organizaciones sociales y al FMLN recordar a los salvadoreños que la firma de los Acuerdos de Paz trajo la creación de una nueva policía, la desintegración de las fuerzas más represivas y los batallones elites de la Fuerza Armada responsables por los peores masacres; una reingeniería del sistema judicial, la desaparición del Consejo Nacional Electoral, responsable de los más burdos fraudes electorales de los años 70s y la creación del Tribunal Supremo Electoral, la legalización del FMLN como partido político y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Quedaron pendientes temas fundamentales para la justicia social pero es innegable su aporte a la transformación de la sociedad salvadoreña.
Un proverbio africano dice que “Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador». Bukele ha dado un giro a este adagio desde su propia realidad. El presidente, nacido en una familia millonaria que no llegó a ser parte de la oligarquía pero obviamente estaba lejos de los sectores populares que libraron la lucha por la liberación nacional, nunca llegó a identificarse ni con los cazadores ni con los leones (su paso por el FMLN no fue producto de una identificación con los sectores populares sino de su propio interés de catapultarse al escenario político nacional). Por lo tanto, la nueva “historia oficial”, según el Presidente Bukele, comienza con su gobierno. Su eslogan de campaña “Estamos haciendo historia” se ha convertido en una consigna gubernamental para deslegitimar a la historia del pueblo salvadoreño que no solo ha sido de sufrimiento sino también de lucha.
En el marco del bicentenario de la independencia de España llegó a plantear que la República de El Salvador estaba a punto de “refundarse”. Para los que entienden la independencia como la jugada política que permitió la consolidación de una oligarquía nacional en El Salvador, una refundación de la República parece una tela de fondo para la consolidación del grupo económico que representa Bukele como una nueva oligarquía salvadoreña, integrando grupos importantes de la oligarquía tradicional en esta reconfiguración.
La cruzada de Bukele para borrar la historia salvadoreña, y en particular la historia de lucha del pueblo por sus reivindicaciones, es un elemento importante en su estrategia para lograr una reconfiguración del poder a favor de su grupo de interés. Los sectores populares que se mantienen en lucha por la justicia postergada deben reconocer el rescate de la memoria histórica como una frente de lucha para que la acumulación histórica de los pobres no se borre de un brochazo.
