Por Regina Pérez, Resumen Latinoamericano, 30 de noviembre de 2021.
Dulce Archila, de 19 años y estudiante de Sociología, fue la tercera manifestante en ser ligada a proceso por la jueza Lluvia Velásquez Soto, acusada por el Ministerio Público (MP), de pintar las paredes del Congreso, el 21 de noviembre de 2020, en el marco de las protestas en contra de la aprobación del Presupuesto 2021. Al salir de la audiencia, Dulce indicó que se encuentra bien y remarcó: “las calles son nuestras, no tenemos miedo, seguimos en la lucha”.
Dulce es una joven, descrita por su familia y amigos, como una persona con conciencia social. Trabaja, estudia y es feminista, es creadora de contenido para fanzines y artes para intervenciones en colectivos y festivales como la Revuelta, Niñas Furia y el Festival Nuevo Arte Contemporáneo en Ciudad de México.
La Fiscalía de Delitos contra la Vida pidió su captura, señalándola de haber pintado la fachada del Congreso, un edificio que según el sistema de justicia es patrimonio cultural de la Nación. La jueza Lluvia Velásquez dijo en su argumentación que el edificio es invaluable para la población guatemalteca.
La orden de detención en contra de Dulce no pudo llevarse a cabo el pasado 24 de noviembre, cuando sí fueron detenidos la activista maya kaqchikel Nanci Sinto y el pintor Juan Francisco Monroy, también señalados por la Fiscalía, del delito de depredación de bienes culturales y ligados a proceso por este mismo caso, porque según el abogado defensor los fiscales del MP se confundieron de residencia.
Ella se presentó voluntariamente este lunes al Juzgado que lleva el proceso en su contra, junto a sus abogados, a las 9 de la mañana. Afuera de la Torre de Tribunales, su madre Elvia Cáceres, su hermano Héctor Archila y sus amigas y amigos llegaron para mostrarle su apoyo.
Por órdenes de la jueza, su familia no pudo estar presente en la audiencia realizada en el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, especializado en Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural, aduciendo que era una medida para evitar los contagios por COVID-19. La jueza también restringió el acceso a la prensa y solo permitió el ingreso de un periodista en la sala.
Durante la acusación, el fiscal Jorge de León dijo que pudieron identificar por medio de videos, que Dulce “ingresa a las instalaciones, específicamente en el área del vestíbulo”, alrededor de las 2:20 de la tarde del 21 de noviembre de 2020. Según el fiscal, se pudo observar características del pantalón, tenis, gorro y un pañuelo verde que tenía en el cuello “y está realizando unas pintas en el área de vestíbulo del Salón del Pueblo” del Congreso.
El abogado defensor, Edgar Pérez, señaló que en su caso se está ante el poder punitivo del Estado y dijo en sus argumentos que agentes de la PNC indicaron al MP que tenía que requerir una autorización judicial para revisar perfiles de redes sociales, para identificar fotos e información de ella y otras personas.
“Hay una intromisión de la intimidad de las comunicaciones”, agregó. Por los perfiles fue que identifican a Dulce María Archila y se hacen presunciones sobre vestimenta “una mochila, un gorro, un pantalón”, destacó
Pérez solicitó la falta de mérito para su defendida, sin embargo, la jueza Lluvia Velásquez Soto manifestó que hay indicios en los cuales posiblemente Dulce María pudo haber cometido el hecho. La jueza citó las palabras del abogado defensor quien dijo que las pintas se podían quitar con agua y jabón, pero que ella consideraba que cuando se habla de deterioro es la pérdida de su esencia, no es cualquier caso “es algo invaluable para muchos que somos guatemaltecos”.
La resolución de la jueza fue ligarla a proceso, con arresto domiciliario, tras el pago de una fianza de Q5 mil, que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y el representante del Congreso querían que fuera de Q25 mil, pese a la situación de la joven, que es de clase media baja y que vive junto a su mamá y su hermano en un apartamento, según los argumentos de sus abogados.
Dulce también tiene prohibición de salir del país y tendrá que firmar el libro del MP en la sede en Mixco cada 15 días.
“Las calles son nuestras, no tenemos miedo”
Al salir de la Torre de Tribunales, Dulce dijo estar bien y manifestó, respecto a las acusaciones que se le hacen, que no se trata de vandalismo “son intervenciones, son nuestros espacios”. También agregó: “las calles son nuestras, no tenemos miedo, seguimos en la lucha”.
Sobre la acusación de la Fiscalía en su contra, la joven estudiante respondió que le molesta porque hay cosas más importantes para resolver. En el tema de libertad de expresión, dijo que como a muchas mujeres, les ponen limitaciones y miedo “pero es ahí donde tenemos que resistir y acuerpar las luchas y acuerparnos entre nosotras también”, indicó.
La madre de Dulce, Elvia Cáceres, indicó que el proceso contra su hija ha afectado a su familia. “Tememos por la vida de Dulce María, nos ha afectado de una forma grande en función laboral, de hecho yo ya no tengo trabajo, ha sido un golpe grande porque la están criminalizando”, manifestó.
Cáceres agregó que su hija no ha hecho ningún acto delictivo más que expresar y hacer escuchar su voz.
La audiencia de etapa intermedia en el caso de Dulce Archila se realizará el 15 de febrero de 2022 y la Fiscalía tendrá dos meses para realizar las investigaciones en su contra.