Paul Maquet /Resumen Latinoamericano, 2 de diciembre de 2021
Un nuevo caso de presunta corrupción ocupa los titulares de los medios de comunicación. La sospecha de que las reuniones de Karelim López con el ex secretario de Palacio Bruno Pacheco y, eventualmente, con el presidente Pedro Castillo, podrían tener algo que ver con la buena prorroga otorgada al consorcio Puente Tarata III, ha calentado otra vez ambiente político. No hay nada concreto que vincule una cosa con otra (un testigo, un maletín, una transferencia), pero el escándalo ya está armado y se configura la enésima crisis política del año.
En términos judiciales, el caso debe ser investigado y ‑si eventualmente se prueba alguna corrupción- los responsables deben ser sancionados. En términos políticos, la cosa es más complicada, porque el Gobierno está a la defensiva y cada nuevo problema lo debilita aún más. Peor aún con un pedido de vacancia circulando en el Congreso (¡el quinto en los últimos cinco años!).
¿Puede el gobierno superar esta crisis? Sí, pero para eso necesita pasar a la ofensiva y marcar la agenda. Si se trata de un gobierno del cambio, como tanto se ha dicho, entonces debe aprovechar esta oportunidad para agarrar el toro por las astas y apuntar al meollo del asunto: el sistema de contrataciones y licitaciones del Estado. Esa es la verdadera madre del cordero de la corrupción en el Perú, desde Odebrecht y el Club de la Construcción, pasando por las denuncias que se le hicieron a Vizcarra por obras en Moquegua, hasta el presunto caso del consorcio Tarata III.
Parte de la prensa y los actores políticos van usar este último caso simplemente como un arma arrojadiza para golpear al Gobierno y eventualmente justificar una vacancia. Si logran sus objetivos, inmediatamente olvidarán el tema y las autoridades volverán a despachar con empresarios en clubes de San Isidro, como lo han hecho durante décadas.
Pero el encuadre verdaderamente relevante es: ¿cómo podemos revolucionar el sistema de licitaciones de obra pública para erradicar el diezmo y la corrupción? ¿Tiene este Gobierno la voluntad y la iniciativa para ello? Si el presidente Castillo y la premier Mirtha Vásquez anunciaran una profunda reforma de este sistema, cambiarían el encuadre de la discusión.
Pese a que este es el tema de fondo, muy poco se ha hablado de ello en los últimos años en los que hemos pasado de escándalo en escándalo. Propuestas hay muchas: incrementar los mecanismos de transparencia, mayores capacidades para la Contraloría, mayores sanciones tanto a políticos corruptos como a empresarios corruptores, etc.
Aquí quiero soltar una idea, prestada del ámbito científico o académico: la evaluación por pares ciegos. El Estado podría tener un amplio staff de revisores que reciban los expedientes de manera aleatoria y automatizada, sin que los interesados sepan quién va a revisar sus propuestas y sin que incluso estos mismos revisores sepan quiénes más forman parte del jurado. Estos revisores ciegos calificarían las propuestas y tendrían una bonificación si encuentran irregularidades, de manera que tengan un estímulo para ser acuciosos. Posteriormente, se publicarían los nombres de los jurados que calificaron esa obra y los puntajes otorgados, para mantener la capacidad de fiscalización por parte de la prensa y la ciudadanía. Creo que este mecanismo ayudaría a evitar que estos jurados sean manipulados o comprados ya sea por favores políticos o por coimas.
Más allá de esta u otra idea, todas discutibles, el asunto es que la verdadera discusión no es si Castillo se reunió o no en la casa de Breña y si cometió o no un delito, cosa que finalmente debe determinar el Poder Judicial (¡y no el Congreso!). La discusión de fondo es cómo cambiamos el sistema de licitaciones del Estado para erradicar la corrupción que hace que la plata del pueblo se pierda año a año en obras mal hechas y contratos amañados.
Como lo dijo el politólogo Rodrigo Barnechea hace unos días en Twitter, “una condición para hacer reformas es alinear intereses de corto plazo de gobernantes con objetivos de largo plazo del país. Para salvar su presidencia (corto plazo), Castillo podría emprender reforma beneficiosa para todos en el largo plazo”. Ese es el reto.
FUENTE: Wayka.pe
