El colectivo Ecologistas en Acción ha presentado un total de 70 alegaciones al procedimiento de evaluación ambiental del «Proyecto de urbanización sector PP-CN‑4 Rancho Linares», en el término municipal de El Puerto de Santa María, y ha solicitado a la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía la protección integral de este valioso bosque.
Este proyecto urbanístico, promovido por la empresa Marsur TS-21 S.L. del Grupo Q, ha sufrido múltiples avatares desde que inició su tramitación en 2008. El Ayuntamiento procedió a la modificación del PGOU de El Puerto de 1992, de nuevo en vigor tras la anulación del PGOU de 2012, para que estos terrenos forestales pasaran a ser urbanizables, con la previsión de construir 1.200 viviendas.
Este proyecto ha incurrido en múltiples irregularidades, la más grave, el no haberse sometido la mencionada modificación del PGOU a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), según determina la Directiva Europea 2001/42/CE, y su transposición en la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente. Ésta es la misma causa por la que se ha anulado el PGOU que se aprobó en 2012.
Ecologistas en Acción presentó un total de 26 alegaciones a esta modificación del PGOU, en las que se advertía de la falta de EAE y del alto valor ecológico de este bosque. La antigua Consejería de Medio Ambiente ni contestó.
En febrero de 2020 la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto aprobó el Proyecto de Urbanización del “Rancho Linares” y anunció el inminente inicio de las obras. Pero de nuevo obviaron el preceptivo trámite de evaluación de impacto ambiental. Ecologistas en Acción recurrió el acuerdo, y la propia Junta de Gobierno Local se vio obligada a anularlo.
Ahora, la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta está tramitando la evaluación de impacto ambiental del proyecto; pero la empresa promotora y el Ayuntamiento pretenden de nuevo cometer un fraude legal y ambiental. Aseguran que como la urbanización fue incluida en el PGOU, ya no hay que justificar la construcción de 1.200 viviendas, ni analizar alternativas de ubicación de las mismas, lo que es una obligación legal.
Ecologistas en Acción ha advertido en sus alegaciones que la modificación del PGOU en la que se basa este proyecto urbanístico es nulo de pleno derecho por no haberse sometido a la preceptiva EAE, según ha determinado el Tribunal Supremo en casos similares, incluido el propio PGOU de El Puerto ya anulado.
También insistimos en que existen opciones de ubicación para la construcción de nuevas viviendas protegidas, pues existen en las cercanías del casco urbano suelos clasificados como urbanizables que permitirían la construcción a corto plazo de más de 5.000 viviendas, muchas más de las necesarias para satisfacer la demanda de viviendas de primera residencia. Es el caso de La Florida y Las Marías.
Incluso colindante al Rancho Linares se encuentra Bahía Alta, en la antigua bodega de San José del Pino, que está totalmente urbanizada, y donde están previstas 999 viviendas desde hace 15 años, de las que no se han construido ni un 10%. Prueba de la innecesaridad de urbanizar el Rancho Linares es que la propia empresa promotora ha comprado suelo en Bahía Alta para construir las viviendas que tenía previstas en el Rancho Linares, y que no ha podido construir al anularse su proyecto de urbanización.
Otro argumento importante para desestimar esta urbanización es que el bosque del Rancho Linares es el de mayor biodiversidad del municipio, habiéndose catalogado más de 200 especies de plantas, así como especies de fauna de gran interés, destacando los camaleones y la araña de los alcornocales (Macrothele calpeiana), la de mayor tamaño del país y la única protegida por la Unión Europea. Además, existen dos Hábitats de Interés Comunitario, lo que se ha ocultado en el proyecto.
También existe un importante elemento del patrimonio histórico, el acueducto de la Piedad, obra realizada en el siglo XVIII para conducir el agua desde los manantiales de La Piedad hasta El Puerto de Santa María. En el proyecto se propone desmontar un tramo, incluido un registro, para ponerlo de adorno en una zona verde.
Esta urbanización ha tenido una importante contestación social en El Puerto, habiéndose realizado numerosas acciones, tanto en el propio bosque como ante el ayuntamiento.
Por todo ello, el colectivo Ecologistas en Acción ha solicitado a la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía que proceda a desestimar definitivamente este proyecto, declarándolo ambiental y legalmente inviable; quese adopten las medidas necesarias para garantizar la conservación de la totalidad de los terrenos forestales del Rancho Linares y de su biodiversidad; y que se inste al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a integrar la totalidad de los terrenos del Rancho Linares y las vías pecuarias colindantes en la red de Sistemas Generales de Espacios Libres del término municipal.
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