Resumen Latinoamericano, 13 de enero de 2022.
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se presentó ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal por la compra irregular de gases lacrimógenos realizada durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez a la empresa Bravo Tactical Solutions. Los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, respectivamente, están entre los nueve sindicados por el daño económico de más de Bs 16 millones.
“Se presente ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal en contra de nueve personas implicadas en el proceso de contratación irregular de adquisición de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana, a través del Ministerio de Defensa efectuado a finales de la gestión 2019”, indicó Lanchipa en conferencia de prensa.
Los nueve imputados son acusados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado entre otros.
“Por todos estos delitos, la Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados (…) Hecho que causó un daño económico al Estado por más de 16 millones de bolivianos”, indicó.
El Ministerio Público aseguró que la acusación formal está debidamente sustentada y con base a 37 pruebas testificales en 179 pruebas documentales que fueron secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los ministerios de Gobierno y Defensa.
Explicó que ahora se está a la espera que la autoridad jurisdiccional señale el inicio de juicio y que la declaratoria de rebeldía de alguno de los acosados no impida el desarrollo del mismo. Asimismo, se aclaró que para objeto de la reparación de los daños se solicitó todas las medidas cautelares sobre los bienes de los acusados.
Lanchipa indicó que la acusación formal fue presentada en contra del exministro del gobierno de facto de Jeanine Áñez, Arturo Murillo; exministro de Defensa, Luis Fernando López; el exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (declarados en rebeldía).
Además, del exdirector de Asuntos Jurídicos del ministerio de Defensa, Raúl López; el exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del ministerio de Defensa, Alex Camacho; el exdirector de Logística; Pedro Rea, la exdirectora general de Asunto Administrativos, Ruth Palomeque; y en contra del exresponsable de artículos clase cinco del ministerio de Defensa, Denis Vera.
Lanchipa aseguró que también se presentó la acusación formal en contra del representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions, Bryan Samuel Berman, declarado también en rebeldía.
Indicó que se está pidiendo la pena máxima para todos los imputados y que la sanción es de 10 años de privación de libertad; sin embargo, la justicia tomará en cuenta también los agravantes.
En este caso, se investiga la compra que realizó el Ministerio de Defensa en los primeros meses del gobierno de Jeanine Áñez a la empresa Bravo, intermediaria para adquirir los gases de la empresa brasileña Cóndor.
Fuente: Abi.bo