Por Regina Pérez, Resumen Latinoamericano, 12 de enero de 2022.
Este lunes 10 de enero inició el juicio contra 8 comunitarios de la aldea Semuy II, del área sur de El Estor, Izabal y el excomandante guerrillero Julio César Macías, acusados en el caso del asesinato de tres soldados que incursionaron a la comunidad el 3 de septiembre de 2019 con otros seis miembros del ejército cuando supuestamente perseguían un avión de narcotraficantes.
En el Tribunal Primero de Sentencia Penal con Competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, Grupo E, los abogados defensores de Macías, Olivia Much, Angelina Coy, Rosa Ich, Oliverio Coy, Silverio Cac Tiul, Enrique Cuc Tiul, Alberto Choc Cu y Pedro Chub presentaron sus alegatos.
En el caso de Macías, quien estuvo presente en la audiencia mediante teleconferencia, recluido en el Mariscal Zavala, acusado por el Ministerio Público (MP) de asesinato y asesinato en grado de tentativa, al igual que Oliverio Coy. Las demás personas son acusadas de atentado con agravación específica y asociación ilegal de gente armada. Cuatro de ellos no estuvieron presentes en la sala y escucharon la audiencia desde el Preventivo de la zona 18.
Las mujeres están siendo acusadas por el MP de atentado con agravación específica, por supuestamente haber retenido y desarmado a nueve soldados del ejército, de haberlos insultado y cuestionado su presencia en la aldea, tras lo cual fueron atacados y se dio muerte a tres de ellos.
La abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas, que ejerce la defensa de Coy e Ich, suegra y nuera respectivamente, señaló que no se ha escuchado la versión de las mujeres, quienes estaban en el lugar donde ocurrieron los hechos, porque habían sido convocadas a una jornada de vacunación.
También indicó que no se menciona que soldados hirieron a la señora Angelina Coy, quien hasta la fecha no puede caminar debido a la herida que recibió y que, según López, fue auxiliada por su nuera, Rosa Ich, también acusada en este caso. Según la abogada, su defendida no ha sido intervenida quirúrgicamente y es un caso al que el MP no ha puesto atención, porque al momento de extraerle la ojiva y hacer una prueba balística se comprobará que proviene de los soldados que llegaron hasta la aldea de Semuy II.
Por su parte, el abogado Juan Castro, también del Bufete para Pueblos Indígenas, cuestionó la tesis del MP que implica a las mujeres, considerándola absurda. “Vemos que no hubo objetividad en la investigación, porque debieron haber investigado cómo sucedieron los hechos y por qué estaban ellas ahí, estaban en una jornada de vacunación ese día y se asustaron cuando vieron a miembros del Ejército que entraron a escondidas, entonces era lógico que increparan que estaban haciendo ahí”, dijo Castro.
Los hechos por los que están siendo juzgados los comunitarios ocurrieron luego de que el 2 de septiembre de 2019, un pelotón de la marina ingresó a la comunidad Semuy II y se dirigió a una montaña en busca de un cargamento de droga. El 3 de septiembre, los soldados continuaron con la búsqueda y persiguieron el rastro de una aeronave que supuestamente pertenecía a narcotraficantes. Cuando regresaron, según el fiscal del MP, fueron interceptados y desarmados, tres de ellos fueron asesinados.
Criminalización
Durante su intervención, el abogado Castro argumentó que se trata de un caso de criminalización, especialmente en contra de las mujeres, que consiste en usar el derecho penal por parte del Estado para atender problemas estructurales en territorio de pueblos indígenas como la situación agraria.
Castro indicó al tribunal que en su momento procesal solicitará una sentencia absolutoria a favor de sus defendidos, Olivia Much y Pedro Chub.
También intervino el abogado Vidal Ixcoy, defensor del excomandante guerrillero, César Montes, cuyo caso, dijo, constituye una criminalización y persecución política “en contra de un personaje octogenario histórico que forma parte de la historia de Guatemala”.
Ixcoy señaló que en dicho debate se van a verificar y constatar las ambigüedades e incongruencias de la acusación presentada por el MP por los delitos de los cuales se acusa a Macías, asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Se demostrará que el MP utilizó actas de declaraciones testimoniales de un testigo que mintió para obtener un beneficio, haciendo acusaciones falsas incluyendo a su padre, con tal de obtener un beneficio propio, agregó Ixcoy.
Alrededor de la 1 de la tarde, el juez presidente del Tribunal suspendió la audiencia, la cual continuará el lunes 17 de enero a las 9 horas.
Fuente: Prensa Comunitaria