Por José (Papo) Coss, Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2022.
Derrotado el operativo de “lawfare” esa turba neoliberal y fascista ahora está considerando su último recurso: el golpe de Estado militar.
En las últimas décadas, los movimientos sociales y políticos progresistas han incursionado exitosamente en la actividad electoral de nuestro continente, con sus alzas y bajas. No obstante, no podemos bajar la guardia, ante nuestros impresionantes avances de los últimos cuatro años.
Esta contraofensiva política esperanzadora, se ha logrado a través de la creación de frentes amplios o coaliciones, que han tenido el respaldo masivo de los pueblos empobrecidos por la ola neoliberal.
Dicha unidad en la acción, se ha concretado a través de los programas electorales que priorizan en la justicia social, la soberanía nacional y el socialismo democrático, como la mejor alternativa de los pueblos.
Podemos ubicar el origen de esta tendencia histórica contemporánea, a raíz de la fundación del “Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil” (MST), en el 1984.
Esa poderosa entidad campesina de orientación marxista respaldó al legendario líder obrero Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente del Partido de los Trabajadores (PT), ayudándolo a ganar las elecciones de 2002 y 2006.
Con Lula como presidente de Brasil, se llevó a cabo el extraordinario proyecto social “Hambre Cero”, sacando de la extrema pobreza a más de 20 millones de personas. En ese periodo se combatió la desigualdad social como nunca en la historia de Brasil. Un acontecimiento sin precedentes a escala internacional.
Por su parte, el MST ha sido el movimiento social más numeroso de nuestros tiempos, agrupando a un millón y medio de campesinos. Sus bases organizativas se extienden por prácticamente todo el vasto territorio nacional del gigante de Sur America.
En el caso particular de Brasil, recordemos que el golpe de Estado blando contra la presidenta Dilma Rousseff en el 2016, fue ejecutado a través de una acusación falsa de violar una “normativa fiscal». Así el Congreso controlado por la derecha, logró detener el proceso revolucionario del 2002 al 2016.
El posterior encarcelamiento ilegal dos años después de Lula, acabó de parar en seco el cambio político progresista, en el país de mayor extensión territorial y con la población más grande de toda Nuestra América y la sexta en todo el mundo.
Este retroceso político se planificó a través del operativo de inteligencia conocido como “lawfare”, adoptado por las derechas latinoamericanas asesoradas por la CIA.
Se trata de inventar casos criminales contra los líderes progresistas, utilizando jueces corruptos como Sergio Moro en Brasil. Su objetivo es impedir “legalmente” las victorias electorales de los pueblos en lucha.
En realidad, desde una perspectiva histórica ese modelo maquiavélico de “lawfare”, fue por primera vez ensayado en el golpe de Estado militar contra el empresario agropecuario y presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en el 2009. Este fue orquestado también por el Congreso y el sistema judicial, dominado por el ala neoliberal en contubernio con el imperio.
Más adelante, lo ensayaron como establecimos ya en Brasil y lo volvieron a ejecutar de manera más grotesca y violenta en Bolivia, contra el líder continental indígena Evo Morales, en el 2019. El burdo apoyo de la OEA y su lacayo innombrable al servicio de USA, jugaron un papel bochornoso en ese golpe de Estado militar, que los desenmascaró y desprestigió internacionalmente.
Sin embargo, dichos intentos de “lawfare” fracasaron en los casos de la carismática abogada Cristina Fernández en Argentina (Unidad Ciudadana) y parcialmente con el destacado intelectual y economista Rafael Correa (Movimiento Revolución Ciudadana), en Ecuador.
Ambos formaron parte del excelso grupo de presidentes que fundaron el ALBA en el 2004 y la Celac en 2010, bajo el hábil liderato de Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz.
Recientemente, se han impulsado sin éxito operativos de “lawfare” y obstrucción política en los Congresos divididos políticamente de Perú y Bolivia. Pero el aguerrido presidente campesino y maestro Pedro Castillo y el respetado economista presidente Luis Arce, junto a los movimientos sociales y políticos, han podido detener la embestida.
Como vemos, los pueblos una vez adquieren consciencia de clase y de sus derechos, no se dan por vencidos. En mayo próximo, todo indica que el exguerrillero y profesor universitario de economía Gustavo Petro, respaldado por la poderosa coalición “Pacto Histórico”, ganará ampliamente su contienda presidencial.
Lo propio Lula en Brasil en septiembre, siendo estos dos países baluartes estratégicos de Nuestra América. En el caso de Lula, ha sido la propia Corte Suprema de Justicia, quien ha revocado las acusaciones fabricadas y las condenas, avaladas por instancias inferiores.
No olvidemos que Lula cumplió 19 meses de cárcel, abriendo el camino al pichón de dictador Jair Bolsonaro. En ese momento, justo antes de las elecciones del 2018, Lula tenía el 80 por ciento de aprobación en las encuestas.
No obstante, para septiembre de este año, ya la mayoría de las naciones latinoamericanas y caribeñas estarán gobernadas por coaliciones de la esperanza.
Reconozcamos que los últimos cuatro años se han logrado sendos triunfos electorales en países claves de nuestro hemisferio: Mexico (Andrés López Obrador y MORENA), Argentina (Alberto Fernández y el Frente de Todos), Perú (Pedro Castillo por Peru Libre), Bolivia (Luis Arce del Movimiento al Socialismo), Honduras (Xiomara Castro, esposa de Zelaya, del Partido Libre) y Chile (Gabriel Boric por Apruebo Dignidad).
También en este año 2022, se estarán levantando las banderas de la dignidad en Nuestra América, como un reconocimiento a los pilares históricos de la lucha antiimperialista: la heroica Cuba, inspirada por el Apóstol Jose Martí y por el Padre de la Revolución Fidel Castro Ruz; la resistente Venezuela Bolivariana del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías y la indomable Nicaragua de Augusto Cesar Sandino.
Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Tengamos muy presente que este panorama político tan esperanzador, a la misma vez desespera a los sectores de ultra-derecha fascistas de la región y sus amos del norte. Hay que estar listos para defender nuestras conquistas en todos los niveles, incluyendo la respuesta masiva en la calle y utilizar todos los métodos de lucha a nuestro alcance.
Uno de los asuntos qué hay que planificar efectivamente es el fortalecimiento de los organismos de autodefensa por parte de los frentes políticos y sociales. Esto es así, porque la alternativa asesina de la intervención militar y el golpe de Estado, ya se está considerando seriamente por esos sectores más reaccionarios.
Basta observar los foros públicos de la derecha en Chile, para comprender su actitud revanchista. Esos voceros están comparando la victoria del exlíder estudiantil Gabriel Boric, con la de Salvador Allende y expresan la «inevitabilidad» del golpe de Estado militar al estilo de Pinochet.
Por su dolorosa derrota, están histéricos por el amplio triunfo de las fuerzas progresistas, encabezadas por la juventud chilena.
Hace falta pues subir la guardia y denunciar internacionalmente esa opción desquiciada, antes que cobre vuelo. A la vez, hay que movilizar las masas trabajadoras como lo están haciendo muy efectivamente Pedro Castillo, en Perú y Luis Arce en Bolivia, para defender las conquistas políticas, económicas y sociales alcanzadas.
No podemos descuidarnos, pensando que esos sectores de ultra-derecha se quedarán de manos cruzadas. Derrotado el operativo de “lawfare” a escala continental, esa turba neoliberal y fascista ahora está considerando su último recurso, que es el golpe de estado militar.
¡Alerta Nuestra América!
