El vídeo invitando a la delación de la «web antiterrorista» del Gobierno de Lakua ilustra una mención a los «crímenes» de ETA con fotografías de militantes abertzales muertos por la Policía franquista, fusilados, «desaparecidos» y víctimas de la guerra sucia. Lo ha denunciado Ahaztuak 1936 – 1937. Entre tanto, EA pide a Rodolfo Ares explicaciones sobre la página y la relación entre la ikurriña y el «terror».
El vídeo «terroristas=delincuentes» con el que el Departamento de Interior pretende incentivar denuncias ciudadanas en su «web antiterrorista» sigue generando controversia por los mensajes subyacentes que incluye. Además de acompañar el concepto «ofensiva de terror» con imágenes de la ikurriña, cuando habla de que ETA «lleva medio siglo dedicada a cometer todo tipo de crímenes» aparecen decenas de fotografías de militantes abertzales, tanto de ETA como de otras organizaciones, o simples ciudadanos vascos, cuyo nexo en común es ser luchadores antifranquistas o víctimas de la Policía y la guerra sucia.
Entre esas fotos, por ejemplo, figuran las de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, José Miguel Etxeberria, Naparra, y Popo Larre, «desaparecidos» en 1976, 1980 y 1983 respectivamente. También la de Justo Elizaran, ametrallado el 13 de setiembre de 1979 en Biarritz, en un atentado asumido por Acción Nacional Española y por los Grupos Armados Españoles. Y está también Joxean Lasa, secuestrado y muerto por agentes de la Guardia Civil comandados por Enrique Rodríguez Galindo. La acción se la atribuyeron los GAL.
Como ha denunciado la asociación Ahaztuak 1936 – 1977 (su artículo puede leerse en la página 9), en la imagen se puede identificar, entre otros, a Alberto Asurmendi y Jokin Artajo, militantes de EGI-Batasuna fallecidos al explotar el artefacto que trasladaban para una acción contra intereses franquistas con motivo del Aberri Eguna de 1969. Aparecen también José Benito Mujika, Xenki, Mikel Martínez de Murguía y José Antonio Aranguren, Iharra, muertos por las balas franquistas en Lekeitio y Urdazubi en 1972; Eustakio Mendizabal, Txikia, tiroteado por la Policía de la dictadura en Algorta en 1973.
El listado continúa con, por ejemplo, Blanca Salegi, Iñaki Garai y Jesús Markiegi, muertos en un asalto policial a un caserío de Gernika durante el estado de excepción de 1975.
Y como puede apreciarse nítidamente casi en el centro de la imagen del vídeo, en ella figura Jon Paredes Manot, Txiki, militante de ETA condenado a muerte y fusilado en 1975. El pasado setiembre la Ertzaintza impidió que se le homenajeara en el cementerio de Zarautz.
EA pide explicaciones a Ares
Como recogía este diario en su edición de ayer, en el mismo vídeo, la referencia a una supuesta «ofensiva de terror iniciada [por ETA] desde su nacimiento» se ilustraba con imágenes de ikurriñas. El parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, ha pedido explicaciones al consejero Rodolfo Ares sobre esta «inaceptable relación».
Además, Larrazabal considera que la propia web «abre un espacio peligroso para la delación que carece además de todo tipo de control y garantías previas». El parlamentario de EA advierte que puede generar más problemas que beneficios y ha preguntado al consejero por los criterios en su uso y permanencia.
Por otra parte, Larrazabal también ha pedido que la consejera de Cultura, Blanca Urgell, explique en un pleno por qué el programa «Retratos» de ETB sólo hace referencia a víctimas de ETA y qué iniciativas tomará la televisión pública en memoria de víctimas de organizaciones parapoliciales, de la tortura o de otros tipos de violencia política.
El parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, ha exigido a Rodolfo Ares explicaciones parlamentarias por la «inaceptable relación» entre la ikurriña y el concepto «terror».
El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer por unanimidad instar al Gobierno español a que promueva que los 14 estados de la UE que no han firmado el Protocolo contra la Tortura de la ONU lo hagan. Además, le insta también a que él mismo impulse «el cumplimiento efectivo» en el Estado español «de lo establecido en la Convención contra la Tortura y en su Protocolo Facultativo».
La iniciativa partió del PNV, que acordó un texto con el PSE y EA, que habían presentado enmiendas. Al final, la propuesta contó con el voto de todos los grupos parlamentarios porque, como gráficamente expresó Carlos Urquijo, del PP, sería «del género idiota» oponerse.
Sin embargo, la unanimidad alcanzada no esconde las importantes diferencias de criterio existentes entre los grupos parlamentarios sobre una cuestión básica en esta materia: si en el Estado español se sigue torturando o no y si se adoptan los mecanismos suficientes para la prevención de los malos tratos y la investigación de las denuncias que se producen.
Nerea Antia, del PNV, y Jesús Mari Larrazabal, de EA, llamaron la atención sobre que el «vigilante» en esta materia en el Estado español sea Enrique Múgica Herzog y que en los meses que lleva en la tarea no haya detectado torturas. Ambos insistieron en la necesidad de un controlador más independiente y de dotar al mecanismo de más medios, pues sólo cuenta con siete personas para más de nueve mil centros de detención o prisión. Por contra, Mikel Unzalu, del PSE, señaló que el Defensor del Pueblo español es independiente por ley, y volvió a insistir en la existencia de denuncias falsas, fruto de consignas de «determinados grupos terroristas». Mikel Basabe, de Aralar, tuvo que recordarle nuevamente la reciente sentencia de «Egunkaria» donde quedaba constancia de su existencia.
