Por Álvaro Meneses /Resumen Latinoamericano/3 de marzo de 2020
En el norte del Perú, un puñado de relatos sombríos sobre una secta religiosa, una banda de extorsionadores y un sistemático tráfico de tierras, logró reunir en 2016 a dos periodistas de investigación: el peruano Daniel Yovera y el británico Seamus Mirodan, quienes tras meses de pesquisas, publicaron con Al Jazeera el documental ‘The Sodalitium Scandal’. Allí revelaron que empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana pagaron por lo menos S/73 mil semanales a la banda criminal ‘La Gran Cruz’, cuyos miembros invadieron tierras comunales en Castilla (Piura) y terminaron sentenciados a 30 años de cárcel.
Esta banda, bautizada ‘La Gran Cruz’, llegó a Castilla como una maldición. A la fuerza se apropió de tierras que desde siempre fueron comunales. Hoy, en ese paisaje se levantan los imponentes edificios del ‘Miraflores Country Club’, de la Inmobiliaria Miraflores Perú (IMP), una de las compañías vinculadas al Sodalicio.
Por las denuncias del documental, el periodista Daniel Yovera acaba de ser denunciado de difamación por Carlos Gómez de la Torre Pretell, exrepresentante de Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB), empresa socia de la IMP. Pero no ha sido el único. Otros dos periodistas, un policía, un testigo clave y 40 campesinos se han enfrentado a una maquinaria judicial que aplasta a todo aquel que se atreve a señalar las sombras del Sodalicio en el presunto tráfico de tierras.
Testigos contra la pared
La comunera de Castilla (Piura), Carmen Campodónico, vio una mañana de abril de 2012, como unos 70 sujetos con armas de fuego, machetes y palos irrumpían en su propiedad. Tras destrozar sus sembríos de frijol, maíz, sus cercos y una pequeña choza de esteras, la banda que se hizo pasar como parte de un sindicato de construcción civil, la desalojó junto a sus seis hijos. En su narración de aquel episodio para Al Jazeera, ella enfatiza: “A mí sí me consta que han sido los sodalicios porque yo he visto al cura ahí, en mi terreno (…) antes de la invasión. Estaba con su sotana (…) y su sombrero (…) Después, como vieron que yo no quería vender, no quería salir, me sacaron a la fuerza”.
Según constancias atesoradas por la comunidad, dicho predio le pertenecía a Carmen Campodónico desde fines de 1980. Hoy, sobre las tierras que habitó por casi 40 años, se alzan moles blancas. Son los edificios residenciales construidos por IMP. Un importante dato que recoge el documental es que por lo menos hasta 2016, el 99% de acciones de IMP le pertenecía a ACSJB, organización fundada por sodálites con más de 30 años en la secta religiosa.
Desterrada desde 2012, sin un empleo fijo y con cuatro hijos que mantener, Carmen ha sido además atacada con represalias legales, por las que se ha visto obligada a moverse constantemente entre Lima y Piura. Una denuncia en su contra de la Fiscalía de Piura por usurpación agravada terminó archivada; una querella por difamación de Carlos Gómez de la Torre Pretell, en Lima, terminó en sentencia de un año de cárcel y mil soles de reparación, y unaahora una denunciaen Piura de ACSJB pide 3 años de cárcel por supuesta difamación.
Hoy Carmen se encuentra recluida en el Penal de Mujeres de Sullana luego de que sospechosamente se le incautara droga. Dos versiones rondan en este caso: Que le habrían sembrado la droga y que habría accedido a ingresar droga a la cárcel, desesperada por dinero.
Otro personaje clave en ‘The Sodalitium Scandal’ fue el policía Pedro Zapata Monteza, quien tras arduo trabajo desbarató ‘La Gran Cruz’. “Detrás de esta mafia criminal estaban los sodalicios, ellos financiaban a la organización criminal. Logramos obtener depósitos bancarios que eran de la San Juan Bautista, que le pertenece a los sacerdotes sodalicios. [Ellos] les entregaban esas importantes sumas de dinero a los de ‘La Gran Cruz’ con la finalidad de que (…) con violencia, con armas, se apoderen de terrenos de personas”, fue lo que dijo Zapata a Al Jazeera sin saber que pagaría caro por su declaración.
Gómez de la Torre Pretell querelló al policía Zapata por difamación. Tras una absolución y consecuente apelación, el Poder Judicial decidió el pasado 25 de noviembre iniciar un nuevo juicio oral. Actualmente, Zapata vive con temor de que también a él le puedan ‘sembrar’ droga. El policía ha dicho que era el mismo Gómez de la Torre quien le entregaba a ‘La Gran Cruz’ hasta medio millón de dólares. Esta misma versión la sostuvo uno de los fundadores de esa banda, Samuel Alberca, quien aseguró haberse reunido con Gómez de la Torre y el monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, exmiembro del Sodalicio, y fundador de la ACSJB.
“Voy a lo que es el Santísimo (…) ahí se encontraba el monseñor de Piura, y Gómez de la Torre, que también estaba acá como gerente. Me dijeron: la idea de nosotros es invadir las tierras, pero apropiarnos a través de falsas ventas, o sea si tú formas un grupo, nosotros les sacamos documentación de que ellos tienen tiempo en el terreno”, declaró Samuel Alberca para el documental. Además de él, otros miembros de la ‘Gran Cruz’ también señalaron a San Juan Bautista como la organización que les pagaba mensualmente para «cuidar» las tierras de Castilla.
Pero por contar su verdad, Samuel Alberca también fue querellado por el abogado Gómez de la Torre por difamación agravada. Sin embargo, el pasado 15 de julio de 2019, Alberca fue absuelto por la Corte Superior de Justicia de Lima. “No se evidencia (…) que este haya sido efectuado con el objetivo de perjudicar el honor del querellante (…) no se advierte expresión alguna que evidencie el actuar doloso (…) sino el ánimo de ejercer el derecho a la información y a la crítica, en razón a que se da a conocer a la colectividad un acto de interés público”, sostiene la sentencia.
Pese a que no se pudo demostrar en segunda instancia el supuesto delito de difamación, la defensa legal de Gómez de la Torre presentó un recurso para anular la sentencia absolutoria en favor de Samuel Alberca. Ahora, tras haber recibido amenazas de muerte y por sospechar que quieren incriminarlo en un supuesto robo, Alberca se encuentra escondido.
Prensa con mordaza
El documental también le trajo problemas a la periodista Paola Ugaz, quien habló sobre el incremento patrimonial de la secta religiosa: “El Sodalicio no paga ningún impuesto porque en 1980 el Perú firmó el concordato con el Vaticano, y la Iglesia Católica no paga impuestos así se dedique a cualquier tipo de negocio”. Estos 17 segundos de declaración le han costado a Ugaz mucho tiempo y dinero en asesoría legal y viajes para asistir a audiencias. Y es que desde Piura, la fiscal Heldy Huaylinos le abrió una investigación por supuesta falsa declaración de testigo contra Gómez de la Torre. Éste también denunció a la periodista en Piura y Lima por supuesta difamación y pidió 3 años de cárcel y S/2 millones de reparación civil.
Gómez de la Torre acusó a Ugaz de ser la productora del documental de Al Jazeera, pese a que ella no tiene relación laboral con esa cadena. Por si fuera poco, Ugaz, quien en unos meses publicará un libro sobre el poder económico del Sodalicio, también arrastra una querella del excandidato al Congreso con Solidaridad Nacional y director del portal La Abeja, Luciano Revoredo, por llamarlo “sinvergüenza”; y una denuncia ante la Fiscalía que presentó el excandidato del mismo partido, Edgardo Palomino Martinez, quien intenta vincularla a una supuesta organización criminal encabezada por la exalcaldesa Susana Villarán.
«Cada denuncia que presentan contra mí es más absurda que la anterior, pero desgraciadamente en Perú, el Poder Judicial y la Fiscalía aceptan dichas demandas sin estudiarlas como es debido, y de inmediato los periodistas caemos en una red interminable de audiencias que retrasan mi trabajo como es el acabar un libro sobre el Sodalicio», explica Paola Ugaz a Wayka.
Un recorrido más espinado atravesó Pedro Salinas, con quien Ugaz publicó ‘Mitad monjes, mitad soldados’, el libro que documentó diversos casos de abuso sexual y encubrimiento al interior del Sodalicio. El 8 de abril de 2019, Salinas fue sentenciado a un año de pena privativa de la libertad suspendida y 80 mil soles de reparación civil por el supuesto delito de difamación contra el exsodálite José Antonio Eguren Anselmi.
El motivo fue una columna de opinión publicada el pasado 20 de enero de 2018, titulada ‘El Juan Barros peruano’, en donde le atribuye al fundador de la ACSJB haber encubierto los presuntos abusos sexuales cometidos por Luis Figari dentro del Sodalicio y por estar presuntamente implicado en casos de tráfico de tierras en Piura y vinculación con ‘La Gran Cruz’.
Con un pie en la cárcel, el 24 de abril de 2019 el exsodálite José Antonio Eguren desistió de la querella contra Pedro Salinas por “un tema eclesial”, según su abogado Percy García Cavero, luego de que la Conferencia Episcopal Peruana se pronunció en respaldo del periodista.
Los desterrados de Catacaos
El caso de tráfico de tierras en Castilla no es el único en donde se denuncia al Sodalicio. Este portal reveló en noviembre pasado que cuatro empresas vinculadas a la secta estarían involucradas en el tráfico de 10 mil hectáreas de terrenos, que fueron arrebatadas a la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, otro distrito de Piura.
A través de falsa documentación, 9 mil 985.25 hectáreas de tierras comunales pasaron a manos de una red de empresas, y, luego, parte de esos terrenos fueron comprados por las empresas Inversiones San José, Asociación Civil San Juan Bautista, Constructora Miraflores y Agrícola Santa Regina. Todas vinculadas al Sodalicio.
En una investigación anterior, Wayka pudo corroborar que las oficinas de Constructora Miraflores, Inversiones San José y Agrícola Santa Regina, se ubican en la Calle 28 N°150 de la Urbanización Monterrico, en San Borja. Se trata del domicilio fiscal de Inmobiliaria Miraflores Perú y queda exactamente a la espalda de la sede central del Sodalicio de Vida Cristiana en Lima. Algunas de esas empresas, además, son dirigidas por sodálites.
A diferencia de Castilla, en Catacaos existe un registro de afectados por este conflicto. Según datos de la Unidad de Protección de la Coordinadora de Derechos Humanos (CNDDHH), además de los 2 fallecidos y 7 heridos, 39 campesinos han sido denunciados ante la Fiscalía por la Asociación Civil San Juan Bautista y Agrícola Santa Regina; por los supuestos delitos de homicidio, usurpación agravada, daños agravados, delito contra los bosques, fraude procesal y hurto agravado.
El comunero de Catacaos más golpeado judicialmente es Percy Maza Sandoval, quien carga con 13 denuncias en su contra e importaciones por hasta 22 supuestos delitos. “Soy criminalizado por defender mi territorio. He sido agredido por la policía y delincuentes (…) Pido justicia para todos mis comuneros, que hay bastantes aquí que están denunciados por estas empresas, solamente porque vivimos aquí”, reclama Percy.
Y su vecino, Marcelino Ynga Ynga, enfrenta ocho denuncias por 11 supuestos delitos. “Estas empresas vinculadas al Sodalicio pretenden arrebatarnos estas tierras destruyéndonos y acusándonos calumniosamente de muchas cosas”, explica a Wayka.
Habla el querellante
Para este reportaje, nos comunicamos con Carlos Gómez de la Torre Pretell, el exrepresentante de la Asociación Civil San Juan Bautista que querelló a la mayoría de personajes que testificaron para el documental ‘The Sodalitium Scandal’ y a periodistas.
Sobre la comunera Carmen Campodónico, el policía Pedro Zapata y el testigo Samuel Alberca – a quien llamó prontuariado delincuente‑, el querellador explica que los ha demandado «por testimonios difamatorios que fueron reproducidos en el reportaje emitido el 15 de diciembre de 2016 por la cadena de televisión Al Jazeera». También nos envió un video con sus descargos sobre las múltiples denuncias del documental (bit.ly/39jVSDr).
En el caso de la periodista Paola Ugaz, sostiene que «ella aceptó públicamente ser la productora del referido reportaje». Según Gómez de la Torre, «el mismo día de la difusión del reportaje ella publicó un tuit diciendo que era la productora y sospechosamente [el tuit] ha sido luego borrado (…) desde que [Ugaz] comenzó a recibir mis pedidos de rectificación, ella ha comenzado a sostener que nunca fue la productora del reportaje».
Fuente: Wayka.pe