Resumen Latinoamericano, 21 de marzo de 2020
Enfrentemos la pandemia del COVID-19 bajo los principios de la responsabilidad, solidaridad y profundo respeto a los derechos humanos piden organizaciones laborales, sociales y de derechos humanos.
Priorizar la atención de las familias que dependen de la economía informal y evitar la propagación en territorios indígenas demanda la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Mediante un comunicado insta al Ejecutivo a atender a los grupos en mayor vulnerabilidad, entre estos a los más expuestos a la infección, que son quienes dependen del intercambio comercial para su subsistencia.
«Millones de peruanas y peruanos sobreviven de la economía informal. En estos días quienes se sostienen de actividades informales viven en la angustia e incertidumbre pues no saben cómo van a subsistir» indica el pronunciamiento.
El comunicado también expresó su rechazo a la decisión de habilitar a las empresas mineras a continuar trabajando por que expone la salud de miles de trabajadores y a las poblaciones rurales de su entorno.
«Es inadmisible que en medio de una crisis sanitaria como la actual, el Estado claudique de su obligación de proteger a las personas permitiendo que sean las empresas las que definan sus medidas de protección» indican..
El comunicado suscrito por organizaciones laborales, sociales y de derechos humanos afirma que se mantendrán vigilantes de la actuación de las fuerzas del orden.
Recuerda que a nivel internacional, están prohibidos el uso de fusiles automáticos y los disparos al aire en estas operaciones, por lo que la normativa sectorial debe ajustarse a estas exigencias.
Además, de acuerdo a la declaratoria de estado de emergencia, la limitación de los derechos de reunión, libertad de tránsito e inviolabilidad de domicilio opera exclusivamente para evitar la propagación del COVID-19, y no puede usarse como excusa para intervenciones con otra finalidad.
El comunicado finaliza expresando su agradecimiento al personal de salud que diariamente atiende los nuevos casos de portadores del COVID-19, y a los efectivos de la PNP y FFAA que con responsabilidad informan y contribuyen al cumplimiento de la cuarentena sanitaria.
A continuación el pronunciamiento completo:
| Enfrentemos la pandemia del COVID-19 bajo los principios de la responsabilidad, solidaridad y profundo respeto a los derechos humanos La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado al COVID-19 como una pandemia mundial. Su impacto en América Latina ha generado que más de 9 países de la región adopten medidas extraordinarias y/o de emergencia nacional, que implican serias limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales. En el Perú, el gobierno ha establecido el estado temporal de excepción mediante el Decreto Supremo N° 044‑2020-PCM y un conjunto de medidas excepcionales y temporales mediante el Decreto de Urgencia 026‑2020. Ciertamente, las y los ciudadanos del país, la región y el mundo enfrentamos una grave pandemia. Frente a esta situación, las organizaciones de sociedad civil abajo suscritas, nos dirigimos a la opinión pública para señalar lo siguiente:1.- Lamentamos que el impacto del COVID-19, en su fase de transmisión comunitaria, haya cobrado su primera víctima mortal en el Perú. Se trata de un ciudadano de 78 años, con antecedentes de hipertensión arterial, ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Fuerza Aérea el martes pasado. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares.2.- La declaratoria de Emergencia Nacional, así como las medidas complementarias tomadas, incluyendo la reciente inmovilización social obligatoria, son medidas excepcionales y duras pero necesarias para enfrentar con éxito el avance de la pandemia del COVID-19 en el Perú. En estas circunstancias, es crucial que las y los ciudadanos asumamos con responsabilidad aquello que nos toca para contribuir a evitar la propagación del COVID-19. Del mismo modo, toca al poder ejecutivo ‑como lo advierte el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, actuar en el marco de la proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad de las medidas dadas, advirtiendo que la emergencia sanitaria no puede «funcionar como una excusa para la acción represiva» de individuos, grupos particulares, minorías, ni de los y las defensoras de derechos humanos.3.- Millones de peruanas y peruanos sobreviven de la economía informal. En estos días quienes se sostienen de actividades informales viven en la angustia e incertidumbre pues no saben cómo van a subsistir. Instamos al Ejecutivo a resolver esta situación de la manera más sencilla, rápida y equitativa, priorizando a los grupos en mayor vulnerabilidad que en este momento son los más expuestos a la infección y los más dependientes del intercambio comercial para su subsistencia. Del mismo modo, es imprescindible tomar inmediatas medidas para evitar la propagación del COVID-19 a los territorios de los pueblos indígenas del país. En este contexto, reconocemos la comprensión y compromiso con la salud y la vida de los y las peruanas por parte de la CGTP y otras organizaciones gremiales que han suspendido sus movilizaciones.4.- El impacto diferencial del COVID-19 en mujeres y niñas. Para el 50% de mujeres y niñas en el país, su casa es el lugar más inseguro por estar expuestas a la violencia de género. Urge que se tomen las medidas convenientes para garantizar la protección y la vida de las mujeres en convivencia con sus agresores. Asimismo, exhortamos a generar información sobre las tasas de infección desagregadas por sexo y que se analice el impacto económico diferenciado en mujeres.5.- Rechazamos que se habilite a las empresas mineras a continuar trabajando, exponiendo con ello la salud de miles de trabajadores y trabajadoras, y especialmente, a las poblaciones rurales de su entorno inmediato. Es inadmisible que en medio de una crisis sanitaria como la actual, el Estado claudique de su obligación de proteger a las personas permitiendo que sean las empresas las que definan sus medidas de protección.6.- Nos mantendremos vigilantes de la actuación de las fuerzas del orden, pues Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido reiteradamente sobre los déficits que existen en materia de entrenamiento, equipos, normativa interna y sistemas de control para afrontar situaciones de alteración del orden público. En particular, nos referimos a la Cartilla de procedimientos para la participación de las Fuerzas Armadas, la misma que no se ajusta a los estándares de protección de los derechos humanos.7.- A nivel internacional, están prohibidos el uso de fusiles automáticos y los disparos al aire en estas operaciones, por lo que la normativa sectorial debe ajustarse a estas exigencias. De igual manera, de acuerdo a la declaratoria de estado de emergencia, la limitación de los derechos de reunión, libertad de tránsito e inviolabilidad de domicilio opera exclusivamente para evitar la propagación del COVID-19, y no puede usarse como excusa para intervenciones con otra finalidad. Así mismo, instamos al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a mantenerse alerta sobre cualquier vulneración de derechos que pudiera producirse.8.- Recordamos al Estado que, conforme a las obligaciones internacionales establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) –suscrito por el Perú – , cualquier restricción a los derechos humanos, tales como la vida o la integridad física, deben estar estrictamente limitadas a la situación en particular y no deben ser incompatibles con otras obligaciones internacionales. En este sentido, resulta de importancia que el Estado tome también en cuenta los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Derogación del PIDCP, elaborado por las Naciones Unidas, el cual determina que la protección de la seguridad pública no justifica limitaciones vagas o arbitrarias.Finalmente, queremos expresar nuestro mayor reconocimiento a las y los peruanos que enfrentan en estas difíciles circunstancias los peligros del COVID-19. Nuestro especial agradecimiento al personal de salud que diariamente atiende los nuevos casos de portadores del COVID-19, y a los efectivos de la PNP y FFAA que con responsabilidad informan y contribuyen al cumplimiento de la cuarentena sanitaria.Lima, 19 de marzo del 2020Suscriben:Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHHConfederación General de Trabajadores del Perú – CGTPAsociación Nacional de Periodistas – ANPAsociación Nacional de Centros – ANCCentral Unitaria de Trabajadores del Perú – CUT PerúRed MuquiSindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEPCentro de la Mujer Peruana Flora TristánForo SaludMovimiento Manuela RamosAsociación Pro Derechos Humanos – AprodehInstituto de Defensa Legal – IDLFederación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAPCentro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAPDerechos Humanos Sin Fronteras – DHSF CuscoComisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia – COSDEJ LambayequeComisión de Justicia Social – CJS ChimboteAsociación Servicios Educativos Rurales – SERProyecto Amigo – HuamachucoComisión de Derechos Humanos de Ica – CODEH IcaGrufides – CajamarcaFórum Solidaridad PerúCooperAcciónFundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ…continúan adhesiones. |
Fuente: SERVINDI
