Resumen Latinoamericano, 5 de abril de 2020
El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) informó que un agente penitenciario y cuatro internos del Penal del Callao (Sarita Colonia) dieron positivo a la prueba de coronavirus.
El INPE precisó que el agente penitenciario contagiado trabajaba en el Establecimiento Transitorio para reos en cárcel de Lima, más conocido como la Carceleta de Lima.
“Actualmente se encuentra en cuarentena en su domicilio y bajo vigilancia epidemiológica, siguiendo los protocolos de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud”, informó el INPE.
El organismo dispuso el cierre temporal de la Carceleta de Lima, como medida preventiva. Resaltó que realiza acciones de limpieza, fumigación y desinfección.
“El INPE también dispuso que se habilite la villa que está ubicada en la parte externa del penal de Ancón II, zona que se encuentra afuera del recinto penitenciario, como lugar de aislamiento para casos que eventualmente afecten a sus servidores”, narra au comunicado.
El INPE, por otro lado, trasladó a cuatro internos del Penal del Callao a un hospital cercano, luego de que presentaran sintomatología del coronavirus. Los reclusos dieron positivo a la prueba del COVID-19.
“Los cuatro internos se encuentran actualmente recibiendo atención médica especializada y bajo vigilancia epidemiológica. El INPE realizó las coordinaciones con el Comando COVID-19, para la inmediata intervención sanitaria a cargo del Minsa en dicho penal”, dijo.
Finalmente informó que personal especializado llegó al Penal del Callao, para realizar pruebas de descarte y activar los protocolos correspondientes.
Advertencia de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo solicita al INPE extremar medidas de prevención frente al brote de COVID-19 en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Tal como lo señaló en diversos pronunciamientos públicos, la posibilidad de que el coronavirus ingresara a establecimientos penitenciarios demandaba por parte del Estado planes de prevención y atención debidamente implementados y financiados.
Medidas urgentes
«Reiteramos que la rápida propagación de este virus es altamente probable, debido a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene que existen en el penal del Callao, como en los 67 penales a nivel nacional» indícó la Defensoría.
El mencionado centro fue construido para recibir a 572 personas, pero hoy alberga a más de 3200. Además, se debe tener en cuenta que existen 11 536 privados de libertad en el país que padecen enfermedades crónicas, en los cuales el COVID-19 puede generar serias complicaciones en su salud.
Insta al INPE a coordinar con el Ministerio de Salud con la finalidad de realizar el protocolo de pruebas a todos los internos del penal del Callao y sus trabajadores, así como también a las personas con las que ha tenido contacto el trabajador del establecimiento transitorio de Lima.
Es necesario preparar ambientes adecuados ante los casos que requieran aislamiento y hospitalización, tanto para el personal penitenciario como para la población penal.
De otro lado, consideró indispensable abrir un canal oficial de comunicación con las familias de los internos y trabajadores penitenciarios a fin de prevenir la difusión de falsas noticias.
Finalmente, reiteró la obligación del INPE de garantizar el derecho a la salud y dignidad de todo su personal, así como de la población penitenciaria a nivel nacional.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a los Estados
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge a los Estados enfrentar la gravísima situación de las personas privadas de libertad en la región.
En tal sentido invocó a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus familias frente a los efectos de la pandemia del COVID-19.
Pide asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos.
En particular, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia.
El pedido de la CIDH se adoptó en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19).
Recordó a los Estados los 
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
| Cuatro recomendaciones de la Comisión Interamericana:1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19. 2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas. 3. Adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en particular que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores. 4. Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el orden en las unidades de privación de la libertad, en particular para prevenir actos de violencia relacionados con la pandemia y respetando los estándares interamericanos en la materia |
Fuente: SERVINDI
