Por OLP-Resistir y Luchar, Resumen Latinoamericano, 7 abril 2020
Estamos pasando por una cuarentena producto de lo que algunos definen como pandemia y otros como guerra bacteriológica mundial, inducida a través de la infección del coronavirus. En ese cruel escenario, los y las trabajadoras formalizados, en negro, cuentapropistas, monotributistas y de la economía popular, nuevamente somos la variable de ajuste del capitalismo.
Un sin número de voces proponen cumplir con un largo período de aislamiento como una simple expresión de deseos, ya que muchas y muchos trabajadores no tienen esa posibilidad, y si lo cumplen están sentenciados a nuevas privaciones.
Antes de dictar el gobierno la cuarentena, ya aparecían las primeras imágenes que mostraban a las y los trabajadores como objetos, viajando en trasportes, hacinados, sin ninguna posibilidad de protección, mientras que los medios contabilizaban decenas de infectados y muertos en China y Europa. Se construía de esta manera una subjetividad de obediencia por supervivencia laboral.
Después llegó el confinamiento, en ese momento lxs ahora trabajadora/es esenciales, que en la mayoría de los casos eran y son pobres y precarizados, pasaron a ser valoradxs y reconocidxs con los aplausos, pero cuando se dispusieron las licencias para quienes tenían que cuidar a sus hijos, los patrones informaron que no eran pagas. Ni qué hablar de lxs precarizadxs que llegaron a ser detenidxs con causas penales ya que intentaban viajar y circular para no perder su trabajo o cobrar el día. Así fueron a parar a la cárcel y maltratadxs por las fuerzas policiales, verduleros, vendedores en bicicleta, empleadas domésticas y un sin fin de personas. Rigió entonces una cuarentena de clase, que puso en evidencia la circulación sin restricción alguna de los sectores acomodados de la sociedad, bien diferente del rigor represivo padecido al respecto por los más humildes. A ello se sumó el agravante de muchas mujeres que, en tales circunstancias, han debido permanecer encerradas con sus golpeadores, lo que ha generado no pocos desenlaces fatales.
Ahora bien, en ese marco se produjeron diversos acontecimientos que mostraron que la derecha local y trasnacional intenta sacar rédito (léase en acumulación de más ganancias) con la ayuda del virus. Así, entre gallos y medianoche, contando con el declarado asentimiento del gobierno nos robaron a las y los argentinos 250 millones de dólares para pagar la deuda externa. Valiosos fondos que fueron a parar a “Buitrelandia” en vez de reforzar, en esta etapa, las ayudas a millones de pobres a quienes no les basta con lo poco que han recibido y a otros que no recibieron nada de nada.
Después, ya envalentonados, jugaron su carta los empresarios vendepatria de toda la vida. Techint echando 1450 trabajadores, Danone y la empresa santafecina de lácteos Verónica proponiendo rebajas no de precios (como correspondería) sino de salarios, Garbarino amenazando con cerrar y echar a todo su personal si no se levanta la cuarentena.
El mecanismo empresarial es simple: desfinanciar las empresas y exigir al Estado subsidios o exenciones impositivas, caso contrario suspenden o despiden trabajadorxs. Esto no es nuevo, el Estado lo acepta y todos los años por alguna razón – inflación, sequía, baja de las exportaciones, reducción del consumo interno, dólar desfavorable, etc. – son los argumentos utilizados para que un gobierno condicionado y débil acepte este mecanismo. Se trata de un dispositivo perverso de aprovechamiento de los recursos económicos del Estado.
Si faltaba algo para completar un tinglado complicado, surge la denuncia mediática sobre la compra de alimentos realizada por el Ministerio de Desarrollo Social a más alto precio del límite que marcaba el propio gobierno. Ante los ataques de algunos medios de la derecha que hablaron rápidamente de corrupción, el ministro Daniel Arroyo se justificó rápidamente. Si es cierta lo manifestado, en el sentido de que los mayores precios responden a la urgencia de la compra y a la negativa empresarial a bajar el costo de los productos, estamos ante un manifiesto delito de los empresarios y falta de autoridad estatal, y corresponde actuar contra esas empresas. Si se dice por lo alto y por lo bajo que estamos entrando en un período de economía de guerra, lo lógico es que empresa que no se adapte al momento y quiera chantajear no solo al gobierno sino a millones de argentinos, se la expropie. Lisa y llanamente, como hicieron el Comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, con peces gordos similares. O como realizara Perón en su primera presidencia.
Si ello no fuera así, y se tratara de una simple y llana sobrefacturación, con destino a los clásicos “retornos” o coimas, la situación no es muy distinta. Las empresas siguen siendo responsables – con las sanciones señaladas en el punto anterior – más el agregado de que también tienen obvia responsabilidad los funcionarios estatales, que deberían ser sancionados.
Frente a este panorama es necesario que desde las organizaciones populares planteemos algunas alternativas para el futuro inmediato:
• Una, desplegar la máxima unidad posible entre organizaciones hermanas, a fin de garantizar que las y los trabajadores no sean – una vez más – quienes paguen los platos rotos del sistema en crisis.
• Dos, suspender los pagos de la ilegítima y odiosa deuda externa, e investigarla a fondo, privilegiando que ese dinero esté destinado a desarrollar la creación de nuevos puestos de trabajo que compensen la ola de despidos que ya se ha producido.
• Tres, ante el evidente saqueo perpetrado contra nuestro pueblo a través del FMI y los sectores reaccionarios de todo pelaje, queda en evidencia la importancia del rol del Estado y de las prioridades que este deberá ir adoptando.
Para ello, es preciso señalar algunos criterios:
a) Distinguir los diferentes tipos y tamaños de empresas o actividades económicas (de la economía social, recuperadas, cooperativas, familiares, pymes, medianas y grandes, monopólicas o no, nacionales o trasnacionales, a las que hay que respaldar con programa de urgencia.
b) Reivindicar el apoyo a las primeras (de la economía social, recuperadas, cooperativas y pymes) mediante créditos y promociones (fideicomisos) que les permitan emerger de esta situación.
d) Respecto a las medianas y grandes, particularmente aquellas vinculadas a cuestiones estratégicas, considerar acciones que permitan que la presencia estatal en las mismas no se agote con estas “ayudas” a los empresarios que chantajean, conspiran, ergo desestabilizan, sino transformándolas en una presencia permanente en la dirección de las mismas a través de algún organismo específico del Estado
e) Para el último caso, contemplar también la presencia en la dirección de esas empresas de delegados de las y los trabajadores de cada una de ellas, elegidos democráticamente en cada centro de trabajo.
Estas ideas apuntan a sostener los derechos actuales de las y los trabajadores. Simultáneamente dan cuenta de que el futuro no puede ser la mera continuidad de este capitalismo actual, principal responsable de la crisis que padecemos. El “estado de bienestar» que emergió luego de la Segunda Guerra Mundial demanda un paso más. Se trata de la presencia protagónica de las y los trabajadores en esas empresas. Ello permitiría abrir paso a un proceso donde la participación popular deje de ser un mero argumento de campaña electoral y sirva a los fines de reorganizar el proceso productivo y de distribución de bienes a escala nacional.
Porque no existe causa más noble que reunir al pueblo y su activismo más honesto para resistir contra quienes pretenden sacar partido de las afligentes circunstancias que atraviesan las mayorías nacionales de la ciudad y el campo, nuestro norte sigue siendo unirse desde abajo y organizarse combatiendo.-
