Por Magui Bellotti y Marta Fontenla, Resumen Latinoamericano, 15 de abril de 2020
Pese al aislamiento social
obligatorio impuesto por la pandemia originada en el coronavirus, continúan abiertos prostíbulos, bajo
diversas denominaciones, como lo demuestran los allanamientos realizados en
Neuquén, violando la legislación abolicionista del país y el aislamiento social
preventivo y obligatorio.
Si siguen funcionando, es porque hay quienes concurren a ellos. Sin
embargo, nada se dice de los prostituidores (“clientes”) que debían encontrarse
en el lugar. Ellos son la parte invisible del sistema prostituyente, aquellos
de los que no se habla, pese a ser quienes con su demanda echan a andar toda la
maquinaria que constituye el negocio de la explotación sexual y los que
producen daño directo sobre los cuerpos y la subjetividad de las personas que
prostituyen. Sonia Sánchez, la activista feminista abolicionista y
sobreviviente de prostitución, los llama “torturadores prostituyentes”.
La prostitución es una institución patriarcal que consagra la
subordinación de las mujeres a una sexualidad masculina basada en el dominio y
se basa en la desigualdad social, económica, cultural y sexual entre hombres y
mujeres. Es lo contrario a una sexualidad libre y placentera. A
diferencia de lo que sostienen los sectores que presentan la prostitución como
una forma transgresora del ejercicio de la sexualidad, es en realidad una
institución conservadora y represiva, que coloca a las mujeres en lugar de
objeto del goce de otro y no en sujeta de sus propios deseos.
Esta
situación se ve agravada en razón de la
pobreza de la mayor parte de las personas prostituidas y/o de los abusos
sufridos en la infancia, generalmente en sus propias casas.
Diversas
investigaciones muestran los daños físicos y psíquicos que provoca, entre
ellos: alto riesgo de contraer VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS),
golpes y abusos de proxenetas y prostituidores, embarazos no deseados, abortos
forzosos, hepatitis, ingesta obligada de hormonas y consumo inducido de drogas,
cirugías, aplicación de inyecciones de silicona y aceites y, finalmente,
femicidios y travesticidios. Las consecuencias psicológicas, especialmente
disociación y el estrés traumático, se equiparan a las sufridas por las
víctimas de tortura.
Muchas mujeres y niñas se encuentran desaparecidas víctimas de redes de
prostitución y trata y es preciso tener en cuenta el daño generacional, ya que
en muchas familias la prostitución se naturaliza y las hijas son prostituidas
al igual que sus madres.
En esta
emergencia sanitaria, se agrega el riesgo de contagio de un virus del que poco
se sabe. Es fundamental que el Estado se ocupe de las personas prostituidas,
sobre todo en la emergencia que las encuentra sin los medios económicos
necesarios para su supervivencia y la de sus hijas e hijos y, en la mayor parte
de los casos, explotadas por proxenetas y abusadas por prostituidores.
Para ello
se requieren transferencias de ingresos a su favor, que les aseguren recursos
económicos, alimentarios, habitacionales, sanitarios y sociales, suficientes y
adecuados y que ello se convierta en una política de Estado que les permita
salir de la prostitución. Asimismo, es
deber del Estado cerrar los prostíbulos, bajos sus diversas denominaciones
(cabarets, whiskerías, bares, “privados”, etc.), que habitualmente encubren la
verdadera actividad. Con ello daría cumplimiento a la legislación interna,
especialmente la ley 12331 y a los tratados internacionales suscriptos por
nuestro país, en particular el Convenio de Naciones Unidas para la Represión de
la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
Las
medidas de prevención y protección que se adopten no deben separar a las madres
de sus hijas e hijos y las migrantes deben tener la posibilidad de permanecer
en el país y, en su caso, regularizar su situación migratoria.
Es
preciso, asimismo, proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes que son
víctimas de explotación sexual, haciendo cesar de inmediato dicha explotación
de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y la legislación interna,
considerando especialmente que los prostituidores reclaman cuerpos cada vez más
jóvenes y que la edad de ingreso a la prostitución oscila entre los 12 y 14
años. El discurso edulcorado de la
prostitución como empoderante, fruto de la libre elección, un trabajo como
cualquier otro y que permite ganar mucho dinero, no sólo falsea la verdadera
experiencia de las personas prostituidas, sino que constituye una forma de
promoción de la prostitución, especialmente entre las adolescentes de
barrios populares, colegios y universidades.
Por ello,
nuestra propuesta que le hicimos llegar al Poder Ejecutivo y ministerios
nacionales y a autoridades provinciales mediante una carta que aún no fue
respondida, es prevenir, efectivizar
derechos, aplicar la legislación abolicionista que es parte de nuestro sistema
jurídico, no criminalizar nunca a las personas prostituidas, sí a los/las
proxenetas y tratantes, sancionar a los prostituidores, incluir en la
educación sexual que se imparte en las escuelas información y contenidos que
permitan prevenirla y evitar que las niñas sean prostituidas y los niños se conviertan
en prostituyentes.
