Los tres representantes de Alternatiba en las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa presentaron ayer un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbo en el que piden ser inculpados también en la querella presentada por el consejero de Interior, Rodolfo Ares, contra el abogado Alfonso Zenon, por denunciar que la Ertzaintza había torturado a detenidos en la redada de Ondarroa de finales de enero.
La autoinculpación ha sido la fórmula elegida por los junteros de Alternatiba en Bizkaia y Gipuzkoa para mostrar su solidaridad con el abogado Alfonso Zenon, para reivindicar el derecho a la defensa y para denunciar la «falta de compromiso» del consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares, en el «esclarecimiento de las denuncias de malos tratos»,
Jon Lasa, Ander Rodríguez y Jonathan Martínez presentaron un escrito en el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbo en el que señalan que dentro de su labor en las Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa en su día denunciaron las torturas practicadas a los detenidos de «Euskaldunon Egunkaria». Recogen también que el abogado Alfonso Zenon hizo lo mismo con relación a los detenidos en al redada de la Ertzaintza en Ondarroa.
Los servicios jurídicos de Alternatiba entienden que las actuaciones en ambos casos son equiparables, aunque la de Alfonso Zenon podría estar incluso más justificada por tratarse del abogado de los detenidos.
Por lo tanto, los junteros de Alternatiba señalan al juez que Rodolfo Ares debiera también actuar contra ellos. Esperan, por tanto, que traslade su escrito al consejero de Interior para que éste amplíe la querella.
Tras la redada de finales de enero en Ondarroa, familiares y abogados de los detenidos denunciaron públicamente que la Ertzaintza los había torturado basándose en los relatos de algunos de los implicados. Pese a que en un principio el Departamento de Interior se limitó a desmentir las acusaciones con una nota de prensa, el PP llevó la cuestión al Parlamento de Gasteiz y junto con PSE y UPyD acordaron instar a Rodolfo Ares a que presentara una querella criminal contra quienes denunciaron torturas.
La propuesta se aprobó el 22 de abril y al día siguiente Ares estaba ya ante el Juzgado de Guardia de Bilbo con la querella criminal contra el abogado Alfonso Zenon «para defender el buen nombre de la Ertzaintza».
Paralelamente, el juzgado de instrucción número 3 de Durango ha abierto diligencias por esas denuncias de torturas y ha pedido a la Ertzaintza que le remita las grabaciones de los interrogatorios policiales.
Desde Alternatiba se entiende que la querella de Interior contra el abogado es un intento de utilizar la vía judicial con una función coactiva al objeto de coartar el derecho a la defensa. Y recuerdan que siempre han exigido que «se investigue y persiga cualquier posible vulneración de los derechos humanos, incluida la tortura policial».
Carlos Urquijo y el Ararteko
El parlamentario del PP Carlos Urquijo fue el que puso en marcha la maquinaria para que la Cámara instara a Ares a querellarse contra Zenon y fue quien ayer demandó al Ararteko que hiciera «un esfuerzo» para comprobar la veracidad de las denuncias de torturas, en un reproche por haberse reunido con familiares de detenidos de Segi.
Iñigo Lamarca respondió que la prevención de la tortura es una de las funciones que le corresponde como organismo de defensa de los Derechos Humanos, dado que que estas prácticas, aunque poco frecuentes, existen «en todos los países democráticos». Añadió que comprobar la veracidad de las denuncias atañe a los tribunales.
Las alegaciones presentadas por el PNV al texto refundido del plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» no han gustado al PSE. Su portavoz, José Antonio Pastor, aseguró ayer que «como primera valoración, el texto remitido no parece que se corresponda con la responsabilidad de un partido de gobierno».
Tras la oposición política, sindical e incluso del Consejo Escolar con la que fue recibido el primer borrador presentado, el Gobierno de Patxi López accedió a abrir negociaciones con el PNV para limar asperezas. Después de haber dicho que el nuevo texto sustituía al anterior, aceptó la vigencia de partes del plan anterior y la condición de presentar un texto refundido con lo que se mantenía y se corregía de él. El documento fue presentado al PNV, quien a su vez ha remitido al Ejecutivo las correcciones que en su opinión deben introducirse para que su partido pueda aceptarlo.
Las discrepancias entre las partes son sustanciales y el PSE ha empezado a impacientarse. José Antonio Pastor afirmó ayer que Lakua tenía intención de «dar velocidad» a la negociación durante esta semana, teniendo en cuenta que el objetivo es poner en marcha el plan para el próximo curso. Advirtió de que «no podemos permitirnos entrar en una especie de espiral sin fin, sin ningún objetivo concreto, con el único ánimo de entorpecer o ralentizar». Explicó que «desde el primer momento ya se les dijo que había una fecha para tratar de alcanzar un acuerdo (el 31 de mayo). Yo todavía confío en que pueda ser posible, veremos cuál es la voluntad que manifiesta en la próxima reunión».
El encuentro está previsto para las próximas horas y, en vista de las declaraciones, puede ser la última. GARA
Aralar solicitará en el Parlamento de Gasteiz que se investiguen y esclarezcan los hechos que tuvieron lugar entre el 8 y 9 de mayo, cuando se destrozó la placa colocada en el ambulatorio de Oiartzun en recuerdo de Esteban Muruetagoiena, médico de dicha localidad que «tras ser detenido murió a consecuencia de las torturas que sufrió en la detención, en el año 1982».
Según informaciones publicadas, los autores de los destrozos fueron ertzainas.
Aralar asegura en una nota que fueran agentes o «incontrolados» los hechos son «muy graves, fuera de toda lógica democrática, y con un fuerte carácter de provocación».
fuente: gara
