Resumen Medio Oriente, 28 abril 2020
En el campo de refugiados de Shatila, en
el sur de Beirut, Fadia solo busca sobrevivir cada día y alimentar a sus
cinco hijos. Esta joven siria divorciada volvería a su país en guerra
si tuviera un techo, ya que ‑afirma- el nuevo coronavirus no les matará,
pero sí el hambre.
Los alrededor de 1,5 millones de refugiados registrados por la ONU en
el Líbano son los más vulnerables ante la crisis sanitaria de la
COVID-19, pero también los más afectados por sus consecuencias
económicas, que se suman a la ya grave situación en la que se encuentra
el país de los cedros desde hace meses.
«La crisis económica nos asusta más que el coronavirus», indica a Efe
Fadia (nombre ficticio para proteger su identidad) en la oficina de la
ONG Basmeh&Zeitooneh, donde recoge un vale que puede ser canjeado
posteriormente por una caja de comida y bebida.
«Si tuviera un techo sobre mi cabeza en Siria, volvería», sostiene la
joven que tuvo que huir de su país natal, escenario de una guerra desde
2011 que ha provocado la peor ola de refugiados de la última década.
Vivir al día
Omar Sayegh, de 29 años y director de Basmeh&Zeitooneh en Shatila,
asegura a Efe que «todos en el campamento dependen de los ingresos
diarios», ya que nadie tiene un salario.
En una de las callejuelas de este asentamiento informal, está la
oficina de la ONG donde Sayegh reúne a su equipo y espera uno a uno a
los refugiados para entregarles su cupón. Unos 3.500 se benefician de la
ayuda.
«No se puede tener seguridad alimentaria sin capacidad económica», afirma.
Además de ofrecer ese apoyo a los refugiados, la ONG imparte clases a
1.400 niños en sus escuelas, pero ahora no pueden acudir a clase por las
medidas preventivas y reciben a través de WhatsApp vídeos con las
lecciones para que no se queden atrás, explica Sayegh.
Sin embargo, en Shatila la vida sigue prácticamente igual que antes de
que apareciera el virus en el Líbano debido a la imposibilidad de
aplicar la distancia social, los negocios están abiertos y sólo unos
pocos se protegen con mascarillas y guantes.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), hay
10.849 personas registradas en el campamento, a fecha de junio de 2018.
Pero Basmeh&Zeitooneh aleva esa cifra a 54.000, la gran mayoría no
están registrados oficialmente y no sólo palestinos.
Hasta el momento, sólo ha sido detectado cinco casos de coronavirus en
un campamento en el este del Líbano, una refugiada palestina que suma
más de 700 contagios en todo el país, donde han fallecido una veintena
de personas, una de las cifras más bajas de todo Oriente Medio.
Emergencias simultáneas
En este momento hay «dos emergencias simultáneas», alerta la española
Laura Almirall, responsable de la zona de Monte Líbano para el Alto
Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
La agencia, que contabiliza casi un millón de refugiados sirios en el
Líbano, ha tenido que reducir sus servicios al mínimo debido al
coronavirus, pero Almirall asegura a Efe que continúa ofreciendo la
asistencia financiera así como servicios de protección a niñez o de
género, entre otros. La española trabaja en uno de los centros de
recepción para los refugiados más grandes de la región, en el que antes
recibían a 1.000 familias cada día pero ahora está completamente vacío
por las medidas de prevención. «Los refugiados están sufriendo por la
crisis económica, la mayoría viven de trabajos diarios, se van a sitios
específicos a la espera de que los contraten para trabajos de un día.
Durante la crisis económica se redujo y con la COVID-19, aún más»,
señala.
También discriminados
Además, los refugiados sirios están en riesgo ante el coronavirus
debido a su escasa «capacidad para obtener atención médica y la falta de
información sobre cómo protegerse contra la infección», denuncia la
organización Human Rights Watch (HRW).
Su investigadora para el Líbano, Aya Majzoub, dice a Efe que muchos de
ellos «no saben dónde tienen que llamar ni los síntomas de la COVID-19»,
además tienen «miedo a hacerse los test o el tratamiento por la
posibilidad de ser descubiertos y ser deportados o castigados», dado que
la mayoría de ellos no tienen ningún documento y permanecen ilegalmente
en el Líbano.
Por su parte, Almirall afirma que este tema ha sido tratado con el
Gobierno, que ha confirmado a ACNUR que «no va a haber arrestos ni
deportaciones».
«La gente tiene que tener confianza en el sistema si van a hacerse test
o ser hospitalizados», señala y agrega que, para ello, ACNUR lleva a
cabo campañas de información, sobre todo en los asentamientos
informales.
Abd al Karim, refugiado sirio de 35 años y líder local de un campamento
en el valle de la Bekaa (este), subraya a Efe enfadado que esto se ha
convertido en «una prisión» y que la situación ha «empeorado porque las
personas no tienen ni siquiera comida».
«Nunca hemos vivido en tan malas condiciones, ni en la guerra», afirma.